El Mando Único del Gobierno para la crisis migratoria en Ceuta ha decidido asumir el control efectivo de una parcela del recinto portuario para instalar un dispositivo de acogida destinado a más de un millar de inmigrantes, después de que la Autoridad Portuaria rechazara formalmente la cesión de terrenos.

La decisión supone un nuevo choque institucional entre el Ejecutivo central y la Administración local y se produce después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votara este viernes en contra de poner terrenos portuarios a disposición del dispositivo de acogida. El resultado fue contundente: 11 votos en contra y únicamente cuatro a favor, estos últimos correspondientes a los representantes del Estado. Entre quienes rechazaron la propuesta se encontraban los representantes de la Ciudad Autónoma, las organizaciones empresariales, los sindicatos y la propia Presidencia de la Autoridad Portuaria. 

La negativa, sin embargo, no ha frenado los planes del Gobierno. El Ejecutivo sostiene que la situación de emergencia permite adoptar medidas extraordinarias y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recurrido a las competencias que la legislación portuaria atribuye al Estado para autorizar la ocupación temporal de los terrenos.

El objetivo es levantar allí un espacio de alojamiento mediante carpas y otras instalaciones provisionales para concentrar a los inmigrantes que permanecen en las calles de Ceuta. La previsión supera el millar de personas.

La operación afecta especialmente a una zona del puerto situada próxima a empresas y actividades económicas ya implantadas en el recinto portuario, circunstancia que ha generado preocupación entre empresarios y trabajadores por las consecuencias que pueda tener la instalación de un asentamiento de estas dimensiones sobre la actividad ordinaria del puerto.

Una decisión que deja en segundo plano al Puerto y a la Ciudad

El conflicto adquiere una especial dimensión porque la utilización de los terrenos se produce después de que el órgano de gobierno de la Autoridad Portuaria rechazara expresamente la propuesta.

El Consejo de Administración, en el que están representadas distintas administraciones y agentes sociales, consideró que los espacios planteados no eran adecuados para convertirlos en recursos de acogida. La oposición fue respaldada por CECE, la Cámara de Comercio y las organizaciones sindicales, además de los representantes de la Ciudad Autónoma. 

La decisión del Mando Único deja así sin efecto práctico la oposición expresada por el órgano de gobierno del puerto y sitúa la cuestión en un terreno estrictamente estatal.

El Gobierno ya había anunciado que las parcelas portuarias formarían parte de la estrategia para descongestionar las calles de Ceuta. El propio Ángel Víctor Torres explicó que se habían seleccionado terrenos del puerto considerados alejados de los núcleos urbanos, junto con otros espacios de titularidad estatal. 

El Mando Único, con poderes extraordinarios

La actuación se enmarca en la declaración de la situación de interés para la Seguridad Nacional y en la creación de una autoridad funcional, el denominado Mando Único, encabezado por Ángel Víctor Torres. El Gobierno justificó entonces esta estructura como un mecanismo para coordinar las capacidades del Estado y de las distintas administraciones ante la crisis migratoria. 

La prioridad oficial del dispositivo es disponer de espacios donde alojar a las personas que continúan en la vía pública y facilitar su identificación y los procedimientos posteriores de retorno o repatriación. 

Pero la utilización del puerto abre ahora un nuevo frente. La Administración central había hablado de consenso con la Ciudad para la elección de los emplazamientos; sin embargo, la votación del órgano portuario demuestra que ese consenso no existe en torno a la parcela finalmente elegida. 

La cuestión es especialmente sensible en una ciudad cuyo puerto constituye uno de sus principales motores económicos y donde empresarios y trabajadores han advertido del impacto que puede provocar convertir espacios portuarios destinados a actividades productivas en instalaciones de acogida.

La decisión del Gobierno supone, en la práctica, que el Mando Único prioriza la necesidad inmediata de disponer de alojamiento para más de 1.000 inmigrantes frente al rechazo expresado por el órgano de gobierno del puerto y por buena parte de los representantes económicos y sociales de Ceuta.

El pulso institucional sigueí abierto: mientras el Ejecutivo central defiende que se trata de una medida excepcional para recuperar la normalidad en la ciudad, desde Ceuta se cuestiona que esa solución pase por instalar un nuevo asentamiento de grandes dimensiones dentro de una zona portuaria y junto a empresas en funcionamiento.