La investigación judicial sobre la invasión de decenas de miles de personas en Ceuta da un nuevo paso con la entrega a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón del informe elaborado por la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil. El documento, solicitado expresamente por la magistrada para determinar si existieron advertencias previas, confirma que hubo comunicaciones anteriores con organismos y agencias estatales de información e inteligencia. Entre ellas se sitúan, según fuentes conocedoras del contenido citadas por distintos medios, las procedentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). 

El matiz fundamental está en el alcance de esas comunicaciones. La Guardia Civil sostiene que los avisos existentes no permitieron anticipar la magnitud concreta de lo que finalmente ocurrió, cuando decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. Es decir, el informe no sostiene que las autoridades españolas conocieran con exactitud que se iba a producir una operación de esa dimensión, pero sí desmonta la idea de que no existiera ningún tipo de información previa procedente de los servicios de inteligencia. 

Tres páginas —o cinco, según las versiones conocidas— que abren una cuestión clave

El documento de la Guardia Civil ha sido descrito como un informe muy breve. Unos medios señalan que se trata de un oficio de tres páginas elaborado por la UCE-3, unidad especializada en información relacionada con la seguridad nacional, mientras que otras informaciones sitúan su extensión en cinco páginas. En cualquier caso, se trata de un documento mucho más reducido que el elaborado por la Policía Nacional, que remitió a la magistrada un informe de 55 páginas. 

La providencia de Tardón había solicitado a la Guardia Civil que explicara, entre otras cuestiones, si sus unidades habían recibido durante los días anteriores alguna información que pudiera haber alertado sobre la posibilidad de una entrada irregular masiva. También pidió detalles sobre el dispositivo desplegado, los efectivos disponibles, las operaciones de rescate y las circunstancias de las personas localizadas en aguas españolas. 

Y todo ello pese a que el Gobierno haya mantenido públicamente que no existió una advertencia previa clara sobre una operación de semejante magnitud.

El CNI sí comunicó

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que no hubo información previa que permitiera prever una situación extraordinaria como la finalmente registrada. Por otro, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sostenido que sí existieron avisos previos. 

El nuevo documento de la Guardia Civil aporta un elemento objetivo a esa discusión: sí existieron comunicaciones previas entre organismos de información e inteligencia. La controversia pasa entonces a ser otra: qué contenían exactamente esos avisos, cuándo fueron recibidos, quién tuvo conocimiento de ellos y qué decisiones se adoptaron a partir de esa información.

Y ahí es donde la investigación de Tardón puede adquirir especial importancia.

La Policía ya había documentado dos alertas previas

El informe de la Guardia Civil no llega aislado. La Policía Nacional ya había entregado a la magistrada su propio documento, en el que aparecen dos avisos del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), fechados los días 28 y 29 de julio, en los que se advertía de una probabilidad alta de entradas a nado, calificada de "Riesgo Extremo".

Aquellas comunicaciones no aseguraban que la entrada fuera a producirse, pero advertían de que se había detectado actividad en redes sociales y otros foros que, en ocasiones anteriores, había terminado materializándose en intentos de entrada. 

La investigación judicial deberá determinar ahora cómo encajan esos avisos policiales con las comunicaciones procedentes de los servicios de inteligencia y, sobre todo, qué información estaba disponible para las autoridades españolas antes de que comenzara la avalancha.

Un informe que no señala a Marruecos

A diferencia del documento de la Policía Nacional, el informe de la Guardia Civil no entra en el origen de la operación ni atribuye responsabilidades a Marruecos, ya que, según las informaciones conocidas, la jueza no había solicitado expresamente ese extremo a la Benemérita. 

El informe policial, por el contrario, califica la entrada de «planificada» y sitúa entre sus organizadores y ejecutores a personas vinculadas con las fuerzas de seguridad marroquíes, descartando que se tratara simplemente de un movimiento migratorio espontáneo. 

Por tanto, ambos documentos tienen objetivos diferentes y no deben confundirse.

La cifra de fallecidos también aparece en el informe

La Guardia Civil informa asimismo de 82 fallecidos confirmados relacionados con el dispositivo investigado, aunque advierte de que posteriormente se han localizado nuevos cuerpos cuya relación con los acontecimientos del 30 y 31 de julio todavía debe determinarse. 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, entretanto, se ha mostrado favorable a que la investigación judicial avance al considerar que existen indicios que podrían ser compatibles con delitos como favorecimiento de la inmigración irregular, homicidio, lesiones y organización criminal.