La situación de excepcionalidad que atraviesa Ceuta no puede convertirse en una suspensión de facto de las normas que regulan la convivencia, el uso del espacio público y el cumplimiento de las ordenanzas municipales. Ese es el mensaje que comienza a extenderse entre asociaciones vecinales y distintos colectivos de la ciudad, que preparan una protesta formal para exigir al Gobierno local que ejerza las competencias que le corresponden.

La denuncia apunta directamente a una realidad cada vez más visible en distintos puntos de Ceuta: acampadas improvisadas en playas y espacios públicos, instalación de mercadillos, venta ambulante de ropa y otros productos, comercialización ilegal de tabaco e incluso prestación de servicios como peluquería en plena vía pública.

Prácticas que, según denuncian los colectivos que comienzan a organizarse, difícilmente serían toleradas si quienes las realizaran fueran ciudadanos establecidos en cualquier otro punto de la ciudad.

La crítica no se dirige únicamente hacia quienes protagonizan estas actividades, sino especialmente hacia la falta de actuación de la Administración competente para impedirlas. La Policía Local, dependiente de la Ciudad Autónoma, tiene entre sus funciones velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales y garantizar el correcto uso de los espacios públicos. Sin embargo, los vecinos consideran que se está produciendo una aplicación desigual de las normas.

«No se puede exigir el cumplimiento de las ordenanzas a unos ciudadanos y mirar hacia otro lado cuando se producen infracciones evidentes en determinadas zonas», es la reflexión que comparten algunos de los colectivos implicados en esta iniciativa.

La cesión de espacios y el malestar vecinal

El enfado se incrementa ante la decisión de la Ciudad de ceder o facilitar el uso de determinados espacios municipales para hacer frente a la situación generada tras la llegada masiva de inmigrantes. Las asociaciones consideran contradictorio que la Administración autonómica se presente como víctima de una crisis mientras, al mismo tiempo, adopta decisiones que permiten la ocupación prolongada de espacios públicos de titularidad municipal.

Los vecinos reclaman que la excepcionalidad no puede servir como argumento permanente para renunciar al ejercicio de las competencias propias.

Ceuta no tiene competencias en política exterior, control de fronteras o extranjería, cuestiones que corresponden al Estado. Pero sí dispone de competencias directas sobre espacios municipales, limpieza, ordenanzas, comercio ambulante, protección del entorno urbano y control de determinadas actividades que se desarrollan en la vía pública.

Precisamente por ello, las asociaciones consideran que la Ciudad Autónoma debe actuar en aquellas materias donde sí tiene capacidad de decisión.

Comercio ilegal y actividades sin control

La proliferación de pequeños puntos de venta improvisados preocupa especialmente a comerciantes y vecinos. La venta de productos sin autorización, la instalación de mercadillos informales o el comercio de tabaco fuera de los canales legalmente establecidos suponen, además de una posible infracción administrativa, una competencia desleal para quienes mantienen negocios, pagan impuestos, licencias y cumplen con las obligaciones exigidas por la normativa.

La reclamación es clara: las reglas deben ser iguales para todos. Los colectivos critican que determinadas prácticas que serían inmediatamente intervenidas en otras calles o barrios parecen haberse normalizado en espacios concretos como consecuencia de la situación de emergencia.

También preocupación por la protección animal

A esta protesta comienza a sumarse otro frente: el de las asociaciones animalistas. Distintos colectivos han trasladado su preocupación por la desaparición de gatos, gaviotas y otros animales que forman parte de la fauna urbana de Ceuta.

Las asociaciones reclaman un mayor control y seguimiento por parte de las autoridades competentes ante denuncias y situaciones que, a su juicio, requieren una vigilancia específica.

El bienestar y la protección animal forman parte igualmente de las responsabilidades que deben ser atendidas desde las administraciones competentes, por lo que los colectivos animalistas exigen que cualquier denuncia o sospecha sea investigada y que se refuercen los mecanismos de vigilancia.

Una protesta contra la pasividad

La movilización que comienza a gestarse no pretende cuestionar las competencias estatales ni trasladar a la Ciudad Autónoma responsabilidades que corresponden al Gobierno central. Al contrario: los colectivos quieren centrar su protesta precisamente en aquello que depende directamente de la Administración local.

La exigencia será que la Ciudad haga cumplir sus propias ordenanzas. Que proteja los espacios públicos. Que impida la ocupación irregular. Que actúe contra la venta ilegal. Que garantice las mismas normas para todos. Y que no permita que la excepcionalidad termine convirtiéndose en una situación permanente de ausencia de control.

Porque, según sostienen los vecinos que impulsan esta protesta, Ceuta puede estar viviendo una crisis extraordinaria, pero eso no significa que sus calles hayan dejado de tener normas.

Y, sobre todo, recuerdan que una Administración no puede reclamar ayuda por la falta de competencias mientras renuncia a ejercer aquellas que sí tiene.