La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha respondido con contundencia a la carta remitida por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, en la que cuestionaba la actuación de la magistrada María Tardón en la investigación judicial sobre la entrada masiva de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio.

El órgano de gobierno de la Audiencia Nacional expresa su «absoluto respaldo» a la actuación de la magistrada y reivindica que la investigación debe desarrollarse dentro del marco de las competencias judiciales, sin injerencias políticas. La Sala considera que Tardón no ha interferido en la seguridad nacional, como sugería la misiva del ministro, sino que está actuando en defensa del interés general y dentro del estricto ejercicio de sus funciones jurisdiccionales.

La controversia se originó después de que Marlaska reprochara a la jueza no haber trasladado a responsables políticos la información contenida en un informe elaborado por la Policía Nacional a petición de la propia magistrada dentro de la investigación penal. El ministro argumentó que, por razones de seguridad nacional, esos datos eran de interés para el Gobierno y necesarios para que pudiera ejercer sus funciones constitucionales.

Frente a ese planteamiento, la Sala de Gobierno recuerda el régimen jurídico de la Policía Judicial y, en particular, que cuando desarrolla funciones de investigación de delitos depende funcionalmente de los jueces, tribunales o fiscales que conocen del asunto. También subraya la obligación legal de los agentes de mantener una rigurosa reserva sobre la evolución y los resultados de las investigaciones que les hayan sido encomendadas.

La Audiencia Nacional vincula estas normas con el artículo 126 de la Constitución, que establece que la Policía Judicial depende de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en sus funciones de investigación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente.

El mensaje institucional es claro: la seguridad nacional no puede convertirse en un argumento para alterar las reglas que rigen una investigación judicial. La Sala no entra a valorar las razones expuestas por Marlaska para reclamar la información, pero recuerda el marco legal en el que debe desarrollarse la actuación de la Policía Judicial cuando se encuentra a las órdenes de un órgano jurisdiccional.

La resolución adquiere especial relevancia por el contenido de la investigación que dirige Tardón, relacionada con los graves acontecimientos registrados en la frontera de Ceuta a finales de julio y en los que se produjeron múltiples fallecimientos. La propia Sala señala que el número exacto de víctimas todavía no ha podido determinarse y lo sitúa en torno a 140 fallecidos.

Además de respaldar a la magistrada, la Sala de Gobierno agradece públicamente a la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, Isabel Perelló, su respuesta en defensa de la independencia judicial y, específicamente, de la jueza de la Audiencia Nacional.

El pronunciamiento supone así un respaldo institucional a la investigación judicial frente a las objeciones planteadas por el ministro del Interior. La Audiencia Nacional deja establecido que corresponde a la magistrada dirigir las diligencias dentro de sus competencias y que la Policía Judicial debe actuar bajo la dependencia funcional que establece la ley.

En un asunto de tanta trascendencia como el esclarecimiento de lo ocurrido en Ceuta, la Sala de Gobierno reivindica de esta manera un principio esencial del Estado de derecho: que el Poder Judicial pueda investigar con autonomía, determinar qué información forma parte de las actuaciones y decidir cuándo y cómo debe ser comunicada, sin recibir instrucciones ni presiones desde el poder político.