El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, encuentra ahora un nuevo cortafuegos institucional ante la dimensión alcanzada por la investigación sobre la entrada masiva en Ceuta. Después de que la Policía Nacional entregara a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón un informe sobre lo ocurrido y de que el documento provocara un abierto choque entre Interior y el Poder Judicial, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, ha asumido personalmente las diligencias por la “singularidad y trascendencia” del caso. 

El movimiento no es baladí porque la Fiscalía deberá fijar ahora su posición sobre la continuidad y alcance de la investigación judicial. La magistrada Tardón ya dispone del informe elaborado por la unidad especializada de la Policía y ha recibido también la documentación requerida a la Guardia Civil, mientras analiza si procede avanzar en la causa y delimitar las posibles responsabilidades derivadas de unos hechos sin precedentes en la frontera de Ceuta. 

La asunción del asunto por la cúpula fiscal se produce después de varios días en los que Marlaska ha tratado de explicar por qué el Ministerio del Interior no conocía el contenido del informe policial. El titular de Interior llegó a dirigirse al director general de la Policía y posteriormente trasladó su preocupación al Consejo General del Poder Judicial por la decisión de la instructora de preservar las actuaciones de la cadena ordinaria de comunicación, una actuación que fue defendida desde el ámbito judicial al recordar la dependencia funcional de la Policía Judicial respecto de jueces y fiscales durante una investigación. 

Ahora, el foco se desplaza hacia el Ministerio Fiscal. Y ahí emerge inevitablemente una frase pronunciada por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que vuelve a cobrar actualidad en medio de esta crisis: “¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso”.

Una afirmación pronunciada años atrás por Sánchez y que desde entonces se ha convertido en una referencia recurrente en el debate sobre la autonomía del Ministerio Fiscal respecto del Ejecutivo. En este caso, la circunstancia adquiere una evidente dimensión política: la Fiscalía deberá pronunciarse sobre una investigación que afecta directamente a la gestión del Gobierno durante la mayor crisis sufrida por Ceuta en décadas.

El informe policial incorporado a las actuaciones ha situado bajo escrutinio tanto el origen y organización de la entrada masiva como la existencia de advertencias previas y la respuesta de las autoridades españolas. El documento analiza la actuación desarrollada durante los días 30 y 31 de julio y recoge elementos que llevaron a la magistrada a interesarse por la posible existencia de una acción concertada o dirigida.