La Confederación Española de Policía (CEP) ha elevado la presión sobre el Ministerio del Interior y su titular, Fernando Grande-Marlaska, por la gestión de la entrada masiva registrada en Ceuta. El sindicato ha llevado sus denuncias hasta el Parlamento Europeo, donde ha sostenido que la crisis no fue un episodio imprevisible, sino una situación sobre la que existían advertencias previas que, a su juicio, no recibieron una respuesta adecuada.

La organización policial compareció este jueves ante el Grupo de Trabajo sobre Schengen y Control de Fronteras de la Eurocámara para exponer lo ocurrido durante los días de la avalancha y reclamar una investigación sobre la actuación de las autoridades españolas, la dimensión de la crisis y el posible papel desempeñado por Marruecos.

CEP sostiene que la entrada de decenas de miles de personas en apenas dos días desbordó por completo la capacidad de una ciudad como Ceuta y dejó en evidencia, según su análisis, la insuficiencia de medios y efectivos desplegados para afrontar una situación de semejante magnitud.

Pero el principal reproche del sindicato se centra en lo ocurrido antes de la crisis. La organización recuerda que el 29 de julio ya había advertido públicamente del incremento de las llegadas a nado, de la saturación de los recursos existentes y de la presión que soportaban los agentes destinados en la ciudad.

A esas advertencias se suma ahora la información conocida sobre un informe de inteligencia elaborado por la unidad especializada de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y remitido posteriormente a la Audiencia Nacional. Según la interpretación realizada por CEP a partir de las informaciones publicadas, la Policía Nacional habría detectado el riesgo de una entrada coordinada por vía marítima apenas un día antes de que se produjera la avalancha.

Para el sindicato, la existencia de esos avisos obliga a aclarar qué información llegó a los responsables políticos y qué decisiones se adoptaron antes de que la frontera se viera completamente superada

Pudo hacer y no hizo

La CEP considera que Interior dispuso de margen para reforzar los dispositivos, movilizar recursos y preparar procedimientos específicos ante una situación que presentaba señales evidentes de deterioro. Sin embargo, denuncia que la reacción llegó cuando la crisis ya se había desencadenado.

La organización trasladó también a los eurodiputados sus dudas sobre las cifras oficiales ofrecidas posteriormente por el Gobierno. CEP cuestiona que los datos sobre entradas, retornos y personas permanecidas en Ceuta permitan conocer con precisión la verdadera dimensión de lo sucedido.

El sindicato contrapone esas cifras con las estimaciones manejadas desde la propia Ciudad Autónoma y reclama información verificable sobre cuántas personas lograron acceder a territorio español, cuántas fueron devueltas y cuál fue finalmente el destino de quienes permanecieron en Ceuta tras los primeros días de la crisis.

La situación vivida por los agentes desplazados como refuerzo fue otro de los asuntos expuestos ante el Parlamento Europeo. CEP denunció condiciones de alojamiento que considera indignas para policías enviados a una de las mayores crisis fronterizas registradas en España, con efectivos hacinados y graves deficiencias en las instalaciones habilitadas para su descanso.

Pese a ello, el sindicato subraya que policías, guardias civiles y militares mantuvieron el dispositivo mientras se producían incidentes y agresiones y la presión migratoria se trasladaba desde la frontera a distintos puntos de la ciudad.

CEP también cuestionó la respuesta dada por el Gobierno en relación con los recursos europeos. La organización considera insuficiente la petición de especialistas realizada a Frontex frente a una crisis de la magnitud registrada y reclama un mecanismo comunitario que permita movilizar de forma inmediata medios policiales, operativos y técnicos cuando una frontera exterior de la Unión Europea se vea sometida a una presión extraordinaria.

La comparecencia sirvió igualmente para reclamar una investigación sobre las circunstancias que permitieron la concentración y posterior entrada de decenas de miles de personas desde territorio marroquí. CEP pide que las instituciones europeas analicen si existió algún grado de instrumentalización de los movimientos migratorios y que se determine la responsabilidad que pudiera corresponder a las autoridades del país vecino, ya fuera por acción o por omisión.

El sindicato plantea, además, una mayor implicación de organismos como Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea, junto a un refuerzo permanente de las plantillas destinadas en Ceuta y mejores infraestructuras para responder ante situaciones de emergencia.

La CEP también aprovechó su intervención para vincular la crisis fronteriza con la carga adicional que, según denuncia, soporta la Policía Nacional por la gestión de la regularización extraordinaria impulsada por el Gobierno. La organización advierte de que la acumulación de expedientes está recayendo sobre unas plantillas que ya arrastraban importantes déficits de personal.

Con todo, el mensaje más contundente de la organización policial estuvo dirigido directamente a Fernando Grande-Marlaska. CEP entiende que las informaciones sobre las alertas previas y la posterior gestión de la crisis hacen necesario depurar responsabilidades políticas.

Para el sindicato, la cuestión ya no se limita a analizar cómo se respondió durante la entrada masiva, sino a determinar por qué no se actuó con anterioridad pese a las advertencias existentes. Una incógnita que, a juicio de la CEP, debe ser esclarecida tanto en España como ante las instituciones europeas.

La organización concluye que la profesionalidad de los agentes no puede seguir funcionando como el último recurso para compensar la falta de planificación política. Y sitúa al ministro del Interior en el centro de sus críticas, al considerar que la gravedad de los acontecimientos exige asumir responsabilidades por una gestión que, según el sindicato, falló antes de que Ceuta quedara desbordada.