El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, se encuentra bajo investigación judicial después de que el Juzgado de Instrucción número 6 de la ciudad haya abierto diligencias previas por un presunto delito de prevaricación omisiva en relación con la respuesta institucional ante la entrada masiva registrada en Ceuta el pasado 30 de julio.

Según ha publicado El Debate, la apertura de las diligencias se produce tras la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, que sostiene que el máximo representante del Gobierno central en Ceuta pudo haber tenido conocimiento previo, a través de los servicios de inteligencia, de informaciones que alertaban de la posibilidad de una llegada masiva de personas desde Marruecos.

La investigación judicial deberá determinar ahora qué información estaba disponible antes de que se produjera la avalancha, quién tuvo acceso a ella y, especialmente, qué decisiones se adoptaron —o dejaron de adoptarse— ante una situación que terminó derivando en la mayor crisis migratoria y de seguridad vivida por Ceuta en las últimas décadas.

El Debate sostiene que las alertas manejadas por los servicios de inteligencia incluían datos sobre la movilización de un grupo marroquí capaz de concentrar a decenas de miles de personas. La denuncia considera que, de confirmarse el conocimiento previo de esos avisos, debería analizarse si existió una omisión de las obligaciones que correspondían a la Delegación del Gobierno como máxima representación del Estado en la ciudad.

La apertura de diligencias supone un nuevo frente judicial derivado de la crisis del 30 de julio, cuya gestión ha estado rodeada desde el primer momento de una intensa controversia política e institucional. Durante las últimas semanas han surgido versiones contradictorias sobre la existencia de avisos previos, especialmente después de las declaraciones realizadas por distintos miembros del Gobierno acerca de la información que pudo manejar el Centro Nacional de Inteligencia.

Fuentes judiciales confirmaron igualmente la apertura de diligencias cuya investigación se centrará precisamente en esclarecer si el delegado del Gobierno tuvo conocimiento anticipado de posibles movimientos masivos hacia la frontera y si, pese a ello, no se activaron mecanismos suficientes para prevenir las consecuencias de la entrada.

La causa se encuentra, por tanto, en una fase inicial de instrucción. Será el juzgado el que deberá decidir, a medida que avance la investigación y se practiquen las diligencias necesarias, si existen indicios suficientes para continuar el procedimiento o si procede su archivo.

La investigación judicial llega en un momento de máxima presión política para Pérez Triano, cuya gestión durante la crisis migratoria ha sido cuestionada desde diferentes ámbitos. El delegado ha sido objeto de críticas por parte de partidos políticos, asociaciones profesionales y colectivos ciudadanos, mientras la ciudad continúa reclamando explicaciones sobre cómo fue posible que una entrada de tal magnitud sorprendiera a las instituciones encargadas de proteger la frontera española.