Hay momentos en los que un Gobierno no puede permitirse el lujo de parecer un Gobierno dividido. Mucho menos cuando una parte del territorio nacional atraviesa una situación extraordinaria, con miles de personas llegadas irregularmente a la ciudad asaltando la frontera, servicios públicos tensionados hasta el límite y una población que reclama algo tan elemental como seguridad, protección, respuestas y recuperar sus derechos constitucionales..

Y, sin embargo, esa es precisamente la imagen que está ofreciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Lo que ocurre en Ceuta desde los días 30 y 31 de julio no solo ha puesto a prueba la capacidad de la ciudad para afrontar una crisis de dimensiones extraordinarias. También está dejando al descubierto las costuras de un Gobierno que parece funcionar por compartimentos estancos, con ministros defendiendo intereses, competencias y discursos diferentes, cuando lo que la situación exige es una única estrategia de Estado.

Interior dice una cosa. Defensa mantiene otra posición. Sanidad parece transitar por su propio camino. Economía atiende sus prioridades sin un plan de verdad, sólo palabras. Migraciones gestiona las suyas. Juventud e Infancia afronta una emergencia que desborda cualquier previsión. Y, por encima de todos ellos, existe un denominado mando único al que se le ha atribuido una responsabilidad que, en la práctica, parece mucho mayor que su capacidad efectiva para tomar decisiones. Ese es uno de los grandes problemas.

Porque un mando único que necesita convencer previamente a otros ministros para disponer de recursos, activar medidas o coordinar competencias que dependen de distintos departamentos corre el riesgo de convertirse en una figura más nominal que ejecutiva. En una emergencia, la coordinación no puede depender de una permanente negociación entre ministerios.

Ceuta no necesita un Gobierno que discuta consigo mismo. Necesita un Gobierno que decida y sto no sucede.

La sensación que se transmite desde Madrid es la de un Consejo de Ministros convertido en un auténtico gallinero político, donde cada departamento parece defender su parcela y donde las discrepancias terminan trasladándose a la opinión pública. Y cuando los ciudadanos escuchan mensajes contradictorios sobre una misma crisis, lo que desaparece no es solamente la coherencia del discurso: desaparece también la confianza, bueno esa que siempre estuvo en entredicho en La Palma, en la Dana, en Adamuz... Y quien ahora paga las consecuencias es Ceuta.

Las consecuencias no son teóricas. Se traducen en policías y guardias civiles sometidos a una presión extraordinaria sin órdenes precisas para la acción de devolver por la misma vía a quienes entraron y del mismo modo que retornaron decenas de miles 24 horas después del asalto, militares movilizados con las manos atadas, servicios sanitarios tensionados, centros de menores desbordados, trabajadores públicos expuestos a situaciones para las que no existían medios suficientes y una ciudad obligada a improvisar soluciones, que tampoco son efectivas, mientras espera que el Estado determine qué quiere hacer.

España no puede responder a una crisis de esta naturaleza con una suma de ministerios actuando por separado.

Pero tampoco ayuda que el presidente del Gobierno permanezca alejado de la gravedad política de lo que está sucediendo. Pedro Sánchez decidió continuar sus vacaciones mientras la situación en Ceuta reclamaba la máxima atención del Ejecutivo. La imagen fue demoledora. Mientras Ceuta pedía respuestas, el presidente parecía estar en otro lugar, con el bañador puesto, el que no han podido ponerse los 84.000 españoles en este agosto de 2026. Un jefe del Ejecutivo puede tomarse vacaciones. Lo que no puede tomarse es vacaciones de sus responsabilidades.

Vivas y la oportunidad política

Y en medio de este desconcierto aparece también la otra parte del problema: la política local, el PSOE desaparecdido, Ceuta Ya navegando a según qué momento saltar que no afecte a su filosofía, MDyC adopta posición ahora más posicionada, semanas después pero sabedores del momento de aprovechamiento por el derrumbamiento del socialismo local, y Vox que mantiene su discurso duro sobre una realidad advertida y nunca admitida por los demás.

Juan Vivas ha pasado de ser durante años uno de los presidentes autonómicos del PP más proclives al entendimiento con el Gobierno central a adoptar ahora un discurso mucho más duro. La gravedad de la situación justifica, sin duda, elevar la voz y exigir respuestas. Lo que resulta legítimo cuestionar es por qué esa contundencia no apareció con la misma intensidad cuando comenzaron a acumularse los síntomas de que Ceuta estaba entrando en una situación excepcional. No ahora, antes, años antes.

Ahora Vivas se presenta como una voz de resistencia. Y el PP nacional, desde Génova, parece haber encontrado también el momento para acompañarlo, marcarle el camino y convertir la defensa de Ceuta en uno de los grandes frentes de oposición al Gobierno de Sánchez.

Es inevitable preguntarse cuánto hay de convicción y cuánto de oportunidad política. Porque Ceuta no debería convertirse en un escenario electoral. La defensa de la ciudad no puede depender de quién gobierne en Madrid, de quién controle el partido o de cuál sea el calendario electoral. Debió ser una prioridad permanente. Y lo seguirá siendo después de que pase esta crisis.

Vivas tiene ahora una oportunidad para ejercer el liderazgo que Ceuta necesita. Pero ese liderazgo no puede consistir únicamente en endurecer el discurso cuando la presión social y política aumenta. Defender a Ceuta significa también exigir soluciones cuando hacerlo resulta incómodo, incluso frente a un Gobierno con el que durante años se ha mantenido una relación de colaboración especialmente estrecha.

Y lo mismo cabe decir del PP. Si ahora Génova ha decidido que Ceuta es una prioridad nacional, bienvenida sea esa atención (tuvo mayorías absolutas para gobernar desde Moncloa y no lo hizo). Pero Ceuta no necesita padrinos circunstanciales ni tutelas electorales. Necesita que todos los partidos nacionales entiendan que su defensa no puede utilizarse como una pieza más del tablero político. Y eso, lo saben los españoles, que han salido con una voz clara de defensa del territorio nacional.

España no puede perder en Ceuta

La cuestión fundamental trasciende a Sánchez, a Vivas y a cualquier sigla. Lo que está en juego es la capacidad del Estado para proteger y atender a una ciudad española situada en una posición extraordinariamente sensible. Y ahí este Gobierno merece una crítica dura y contundente.

La merece porque durante demasiado tiempo ha respondido a los problemas con parches. La merece porque ha permitido que una emergencia de dimensiones extraordinarias se convierta en una sucesión de problemas sectoriales. La merece porque sus ministros transmiten, demasiadas veces, la impresión de no estar hablando con una sola voz. Y la merece porque, ante una situación que exige autoridad, planificación y rapidez, el Estado está ofreciendo demasiadas veces burocracia, contradicciones y tiempos muertos.

Pedro Sánchez construyó un Gobierno condicionado por la necesidad de sumar apoyos políticos de procedencias muy distintas. El problema aparece cuando esa arquitectura parlamentaria termina trasladándose al funcionamiento del propio Ejecutivo y convierte cada emergencia en una negociación interna. Un país puede gobernarse desde la pluralidad. No puede gobernarse desde la descoordinación.

Ceuta no pide privilegios. No pide favores. No pide excepciones. Pide que el Estado haga aquello que corresponde a cualquier Estado: garantizar su seguridad, proteger a sus ciudadanos, sostener sus servicios públicos y ejercer sus competencias cuando las circunstancias lo exigen.

Lo ocurrido desde finales de julio debería haber provocado una respuesta unitaria, inmediata y contundente. En lugar de eso, España contempla desde fuera un espectáculo de contradicciones, competencias cruzadas y ministros defendiendo posiciones que no siempre parecen compatibles. Y mientras Madrid discute, Ceuta aguanta. Pero Ceuta no puede aguantar indefinidamente.

Si el Estado falla precisamente cuando más se le necesita, Marruecos obseva, se frota las manos, pero la factura no la paga un presidente, ni un ministro, ni un partido, ni un Gobierno. La paga España. Y en este caso, la está pagando Ceuta.