La Asociación de Directores de Seguridad de Ceuta ha elaborado una propuesta en la que plantea la retención temporal de los teléfonos móviles que portan las personas migrantes que accedieron a la ciudad autónoma durante los días 30 y 31 de julio de 2026. Según el texto, la entrada habría superado las 80.000 personas, una cifra que, advierte la entidad, no ha sido confirmada de forma suficiente por fuentes oficiales ni desglosada entre menores, adultos, ciudadanos marroquíes y personas procedentes del África subsahariana.

El documento sitúa la responsabilidad principal de la gestión de la crisis en el Estado y cita para ello la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, así como el artículo 97 de la Constitución, que atribuye al Gobierno la dirección de la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Desde ese marco, la asociación defiende que la respuesta debe pasar de la queja a la adopción de medidas operativas.

La propuesta central consiste en retirar de forma temporal los teléfonos móviles para, según sus autores, reducir la capacidad de coordinación entre las personas que permanecen en Ceuta en situación irregular y favorecer al mismo tiempo su identificación. La asociación considera que la interconexión mediante estos dispositivos facilita tanto la dispersión ante controles como la concentración rápida ante actuaciones policiales, desalojos o dispositivos de seguridad.

El escrito articula su planteamiento en tres bloques: las amenazas asociadas al uso de teléfonos móviles, el encaje jurídico de la retención de los aparatos y una posible fórmula de implementación administrativa y logística.

El móvil como herramienta de coordinación

En el primer apartado, la asociación sostiene que el uso generalizado de teléfonos móviles entre las personas migrantes presentes en la ciudad constituye un factor de riesgo para la seguridad. El texto afirma que muchos de ellos portan estos aparatos de forma visible y hacen un uso continuado de los mismos, lo que, a juicio de la entidad, permite una comunicación permanente entre grupos dispersos por distintos puntos de Ceuta.

La entidad vincula esa capacidad de comunicación con la posibilidad de evitar controles, organizar movimientos o reaccionar de manera coordinada ante intervenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de las Fuerzas Armadas, de vigilantes de seguridad o de vecinos. También subraya que la libertad de movimiento existente en la ciudad difiere, en su opinión, del régimen previsto para los centros de internamiento de extranjeros regulados por el Real Decreto 162/2014.

Según el documento, la conexión permanente permite tanto la dispersión como la concentración rápida, por lo que una aglomeración coordinada mediante teléfonos móviles podría tener consecuencias graves para la seguridad ciudadana y para la integridad física de los agentes que participen en dispositivos de control.

La asociación sostiene además que el clima social en determinados barrios se ha deteriorado y advierte del riesgo de que la tensión derive en enfrentamientos. En ese contexto, interpreta la retención temporal de los dispositivos como una medida preventiva destinada a reducir la capacidad de reacción coordinada ante actuaciones oficiales.

El texto enmarca esta reflexión en el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, por el que se habría declarado la situación de interés para la Seguridad Nacional en relación con Ceuta. La asociación recuerda, no obstante, que la Ley de Seguridad Nacional establece que este tipo de situaciones debe afrontarse con los medios ordinarios de las administraciones públicas y sin suspensión de derechos fundamentales ni libertades públicas.

El argumento jurídico: intimidad, propiedad y autorización judicial

En el plano jurídico, la entidad identifica dos derechos constitucionales relacionados con los teléfonos móviles: el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, recogido en el artículo 18 de la Constitución, y el derecho a la propiedad, previsto en el artículo 33.

Respecto al artículo 18, el documento diferencia entre la posesión del dispositivo y el acceso a su contenido. Según la asociación, retirar temporalmente un teléfono móvil no equivaldría por sí mismo a vulnerar el secreto de las comunicaciones, siempre que no se acceda a los datos almacenados ni a las comunicaciones sin autorización judicial.

El escrito recuerda que cualquier acceso al contenido de los terminales por parte de la Policía Nacional o de la Guardia Civil debería realizarse en funciones de Policía Judicial y con la correspondiente resolución judicial. En el caso del Centro Nacional de Inteligencia, añade, sería aplicable el control judicial previo previsto en la Ley Orgánica 2/2002.

En cuanto al derecho a la propiedad, la asociación argumenta que el artículo 33 no se integra entre los derechos fundamentales cuya suspensión queda expresamente prohibida por la Ley de Seguridad Nacional en una situación de interés nacional. Por ello, interpreta que una limitación temporal de la propiedad podría encontrar cobertura si se justifica por causa de utilidad pública o interés social y se articula conforme al ordenamiento jurídico.

El documento concluye que la retención temporal de los móviles podría acordarse mediante una resolución de la autoridad funcional designada para gestionar la situación, siempre dentro de las competencias previstas en el Real Decreto 681/2026 y con garantías de custodia, devolución y respeto al contenido de los dispositivos.

Una aplicación en tres fases

La asociación plantea que la medida se ejecute mediante tres instrumentos: un protocolo de retención de los aparatos, un sistema de custodia hasta su devolución y un procedimiento para restituir los dispositivos cuando se cumplan las condiciones establecidas.

Retención e identificación

El primer protocolo debería, según el texto, establecer un formulario de recogida de los dispositivos que permita vincular cada teléfono con la persona que lo entrega. La asociación considera que una actuación inicial amplia facilitaría tanto la neutralización de la comunicación rápida como la identificación de quienes se encuentran en Ceuta en situación irregular.

Tras esa primera fase, el documento propone establecer dispositivos posteriores de recogida con protección suficiente y con garantías documentales. Cada terminal debería guardarse junto al recibo o formulario correspondiente en una bolsa que asegure la integridad del contenido y evidencie cualquier manipulación no autorizada.

Custodia de los dispositivos

En materia logística, la asociación sostiene que el volumen físico de los teléfonos no supondría un problema relevante de almacenamiento. Calcula que incluso miles de terminales ocuparían un espacio reducido, aunque deberían conservarse en contenedores o dependencias con medidas de seguridad adecuadas, especialmente si la devolución se prolonga en el tiempo.

El texto contempla dos opciones principales: la custodia en un edificio seguro si el procedimiento se alarga, o el uso de contenedores próximos a la frontera si la devolución se articula en un plazo corto y vinculada a la salida del territorio español.

Devolución vinculada a la salida de España

La devolución de los aparatos sería, según la propuesta, el elemento clave del sistema. La asociación plantea que la restitución se produzca cuando sus titulares abandonen el territorio español, al entender que la amenaza que justificaría la retención desaparece con la salida de Ceuta.

El documento considera como hipótesis más probable que una parte de las personas afectadas acepte regresar de forma pacífica para recuperar su teléfono, por lo que propone preparar un dispositivo de devolución ágil y ordenado. También advierte de la posibilidad de reacciones violentas y reclama que cualquier operativo garantice la seguridad ciudadana y la integridad de los agentes intervinientes.