Crisis en Ceuta
Hazte Oír ofrece un modelo gratuito para que cualquier ciudadano denuncie ante la Justicia lo ocurrido en Ceuta
La asociación anima especialmente a los ceutíes a acudir a los juzgados para reclamar una investigación sobre las alertas previas, las decisiones adoptadas y las posibles responsabilidades durante la crisis migratoria
La asociación Hazte Oír ha puesto a disposición de los ciudadanos un modelo gratuito de denuncia para solicitar a la Justicia que investigue los acontecimientos registrados en Ceuta desde finales de julio, incluidos los episodios relacionados con la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad y la respuesta de las administraciones.
La iniciativa está dirigida al conjunto de los ciudadanos, aunque la organización señala especialmente a los ceutíes como principales afectados por la situación. El escrito se dirige contra quienes pudieran resultar responsables de los hechos, con independencia de su cargo o de la Administración a la que pertenezcan.
Según explica Hazte Oír, el documento puede descargarse, cumplimentarse con los datos del denunciante y presentarse ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia o ante el Decanato de los Juzgados de la localidad correspondiente. La asociación señala que, para presentar esta denuncia, no es necesario contar con abogado ni procurador.
Investigar las alertas y las decisiones adoptadas
El modelo plantea que la Justicia determine qué información existía antes de los acontecimientos, quién conocía el riesgo de una llegada masiva y qué medidas se adoptaron para prevenirla o contenerla.
Entre los elementos cuya investigación reclama se encuentran las alertas previas, las convocatorias difundidas a través de redes sociales, el desbordamiento de los recursos disponibles y las diferentes versiones oficiales ofrecidas sobre la crisis.
El escrito solicita además la práctica de diligencias destinadas a esclarecer los hechos, entre ellas el acceso a comunicaciones, órdenes operativas, imágenes e informes policiales y de inteligencia.
Hazte Oír plantea de forma provisional y sometida al criterio de los órganos judiciales la posible existencia de responsabilidades penales que deberán determinarse, en su caso, a través de la correspondiente investigación.
Javier María Pérez-Roldán, letrado y secretario de Hazte Oír, sostiene que la organización pretende proporcionar a los ciudadanos una vía para reclamar explicaciones sobre lo sucedido. «Los ceutíes tienen derecho a saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones y por qué España llegó a esta situación», afirma.
Recogida de firmas en el Congreso
Paralelamente, Hazte Oír ha puesto en marcha una recogida de firmas dirigida a los grupos parlamentarios del Congreso para reclamar cambios legislativos en materia de inmigración irregular.
La propuesta contempla seis medidas: la devolución inmediata de quienes entren irregularmente; la retención de las personas en situación irregular hasta su deportación; la prohibición de regularizar a quienes hayan entrado ilegalmente; la realización de pruebas de edad en los casos de menores y su retorno a sus familias cuando corresponda; la tramitación exprés de solicitudes de protección de personas procedentes de países considerados seguros, entre ellos Marruecos; y la deportación de extranjeros condenados por delitos, dentro de lo previsto por la legislación.
La campaña se suma así a la presión ejercida por distintas organizaciones y colectivos para reclamar una respuesta política y jurídica a la crisis migratoria registrada en Ceuta durante las últimas semanas.

La asociación Hazte Oír ha puesto a disposición de los ciudadanos un modelo gratuito de denuncia para solicitar a la Justicia que investigue los acontecimientos registrados en Ceuta desde finales de julio, incluidos los episodios relacionados con la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad y la respuesta de las administraciones.
La iniciativa está dirigida al conjunto de los ciudadanos, aunque la organización señala especialmente a los ceutíes como principales afectados por la situación. El escrito se dirige contra quienes pudieran resultar responsables de los hechos, con independencia de su cargo o de la Administración a la que pertenezcan.
Según explica Hazte Oír, el documento puede descargarse, cumplimentarse con los datos del denunciante y presentarse ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia o ante el Decanato de los Juzgados de la localidad correspondiente. La asociación señala que, para presentar esta denuncia, no es necesario contar con abogado ni procurador.
Investigar las alertas y las decisiones adoptadas
El modelo plantea que la Justicia determine qué información existía antes de los acontecimientos, quién conocía el riesgo de una llegada masiva y qué medidas se adoptaron para prevenirla o contenerla.
Entre los elementos cuya investigación reclama se encuentran las alertas previas, las convocatorias difundidas a través de redes sociales, el desbordamiento de los recursos disponibles y las diferentes versiones oficiales ofrecidas sobre la crisis.
El escrito solicita además la práctica de diligencias destinadas a esclarecer los hechos, entre ellas el acceso a comunicaciones, órdenes operativas, imágenes e informes policiales y de inteligencia.
Hazte Oír plantea de forma provisional y sometida al criterio de los órganos judiciales la posible existencia de responsabilidades penales que deberán determinarse, en su caso, a través de la correspondiente investigación.
Javier María Pérez-Roldán, letrado y secretario de Hazte Oír, sostiene que la organización pretende proporcionar a los ciudadanos una vía para reclamar explicaciones sobre lo sucedido. «Los ceutíes tienen derecho a saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones y por qué España llegó a esta situación», afirma.
Recogida de firmas en el Congreso
Paralelamente, Hazte Oír ha puesto en marcha una recogida de firmas dirigida a los grupos parlamentarios del Congreso para reclamar cambios legislativos en materia de inmigración irregular.
La propuesta contempla seis medidas: la devolución inmediata de quienes entren irregularmente; la retención de las personas en situación irregular hasta su deportación; la prohibición de regularizar a quienes hayan entrado ilegalmente; la realización de pruebas de edad en los casos de menores y su retorno a sus familias cuando corresponda; la tramitación exprés de solicitudes de protección de personas procedentes de países considerados seguros, entre ellos Marruecos; y la deportación de extranjeros condenados por delitos, dentro de lo previsto por la legislación.
La campaña se suma así a la presión ejercida por distintas organizaciones y colectivos para reclamar una respuesta política y jurídica a la crisis migratoria registrada en Ceuta durante las últimas semanas.




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