El malestar ciudadano crece en Ceuta ante las informaciones y convocatorias que apuntan a la posible utilización de polideportivos y otras instalaciones deportivas como espacios de alojamiento temporal para personas llegadas irregularmente desde Marruecos. La eventual medida ha comenzado a generar rechazo entre sectores de la población, que consideran que la respuesta a la emergencia migratoria no puede seguir trasladándose a los servicios y espacios destinados al conjunto de los ceutíes.

La preocupación se produce después de varias semanas de extraordinaria presión sobre los recursos de la ciudad, como consecuencia de la llegada masiva de personas y de la necesidad de habilitar nuevos espacios para atender las distintas necesidades derivadas de la crisis.

Los recintos deportivos, en este contexto, no son espacios prescindibles. Durante los próximos meses constituyen una de las principales alternativas para la práctica deportiva en condiciones adecuadas, especialmente cuando las condiciones meteorológicas dificultan el desarrollo de actividades al aire libre.

Para miles de niños, jóvenes, adultos y mayores, el deporte representa además una herramienta de salud física y mental, convivencia, prevención y calidad de vida. La limitación o cierre de instalaciones deportivas supondría, por tanto, un nuevo impacto directo sobre una población que lleva semanas soportando una situación excepcional.

La cuestión de fondo, según reclaman quienes se oponen a esta posibilidad, no es la necesidad de ofrecer una atención digna a las personas migrantes, sino quién debe asumir los costes y las consecuencias de una emergencia de estas dimensiones.

La atención humanitaria debe garantizarse, pero también debe preservarse el funcionamiento de los servicios públicos y los espacios destinados a la población residente. En este sentido, se reclama al Gobierno de España que movilice los recursos económicos, logísticos y administrativos necesarios para habilitar instalaciones específicas y extraordinarias, evitando convertir de manera progresiva colegios, polideportivos, espacios públicos u otros servicios esenciales en soluciones permanentes para una emergencia que excede la capacidad ordinaria de Ceuta.

Evitar una mayor tensión social

La preocupación ciudadana adquiere especial relevancia en un momento de elevada tensión social. Por ello, quienes cuestionan la utilización de instalaciones deportivas consideran necesario que las administraciones actúen con anticipación para evitar que la falta de espacios termine enfrentando a la población residente con las personas migrantes.

El objetivo, sostienen, debe ser precisamente el contrario: impedir que una situación de emergencia genere una confrontación entre colectivos que no son responsables de las decisiones adoptadas por las administraciones.

Defender una atención digna a las personas migrantes y defender simultáneamente los derechos de los ceutíes, sus servicios públicos, sus instalaciones deportivas y su calidad de vida no son objetivos incompatibles.

La responsabilidad corresponde a las administraciones, especialmente ante una situación que requiere una respuesta extraordinaria. Ceuta necesita soluciones específicas para una emergencia de dimensiones excepcionales, pero esas soluciones no pueden consistir sistemáticamente en retirar espacios y servicios a los ciudadanos.

El mensaje que se reclama al Gobierno es, por tanto, que asuma directamente la dimensión de la crisis y aporte recursos suficientes para evitar que la población ceutí termine pagando con la pérdida o limitación de sus servicios públicos las consecuencias de una situación que no ha provocado y cuya solución requiere una respuesta estatal y europea.