Crisis en Ceuta
El Gobierno asume el mando de la crisis de Ceuta casi un mes después y activa una respuesta de Estado
Saiz defiende una “respuesta extraordinaria”, Torres dirigirá el mando único y Marlaska anuncia nuevas reglas para agilizar el triaje, el asilo y los retornos; el Ejecutivo declara por primera vez la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta
El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado este martes un giro en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y ha asumido formalmente la coordinación extraordinaria de la situación mediante la declaración de “interés para la Seguridad Nacional” y la creación de un mando único dirigido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
La decisión se ha adoptado en el Consejo de Ministros celebrado después de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional y casi un mes después de la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio. La propia portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado que se trata de la “primera vez en la historia” que se declara esta situación en Ceuta.
La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha tenido como protagonistas a Saiz, Torres y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que han detallado las medidas adoptadas por el Ejecutivo y las nuevas prioridades para una crisis que el Gobierno considera todavía abierta.
Saiz: “Una situación extraordinaria requiere una respuesta extraordinaria”
Elma Saiz ha presentado la decisión como un cambio de escala en la respuesta del Estado. La portavoz ha defendido que la situación excepcional que vive Ceuta exige una estructura extraordinaria de coordinación y ha explicado que el nuevo mecanismo permitirá reunir bajo una misma dirección a las distintas administraciones y organismos que intervienen en la crisis.
El mando único estará encabezado por Ángel Víctor Torres y contará con representantes de la Ciudad Autónoma, incluido el presidente Juan Vivas, la Delegación del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los ministerios implicados y el Departamento de Seguridad Nacional de La Moncloa.
La portavoz ha situado la medida en el marco de una respuesta global que no se limita al control de la frontera. La crisis afecta también a la atención de los menores, la protección internacional, la seguridad, los servicios públicos y la economía de Ceuta.
Torres asumirá la dirección funcional
Ángel Víctor Torres será la autoridad funcional encargada de coordinar la respuesta del Estado. Su papel será integrar bajo una misma estructura las actuaciones de los distintos ministerios y organismos que hasta ahora han intervenido en la crisis desde sus respectivas competencias.
El comité especializado incorporará al presidente de Ceuta, al delegado del Gobierno, al CNI y a los departamentos ministeriales concernidos. El Departamento de Seguridad Nacional prestará además asesoramiento a la estructura.
La elección de Torres no es casual. El ministro ya había desempeñado funciones de coordinación interministerial en materia migratoria y cuenta con experiencia en la gestión de crisis vinculadas a la presión migratoria durante su etapa como presidente de Canarias.
El Gobierno pretende así pasar de una actuación distribuida entre diferentes departamentos a una estructura en la que exista un responsable político claramente identificado para coordinar el conjunto de la respuesta.
El Ejecutivo admite que la crisis entra en una nueva fase
La decisión del Consejo de Ministros coincide con la estrategia anunciada el lunes por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, durante su visita a Ceuta.
Cuerpo dividió la crisis en tres etapas: una primera destinada a frenar la entrada masiva y recuperar el control fronterizo; una segunda centrada en la asistencia humanitaria y los retornos voluntarios; y una tercera, en la que el Ejecutivo asegura encontrarse ahora, destinada a resolver los expedientes pendientes, retornar a quienes no tengan derecho a permanecer en España, atender a menores y solicitantes de asilo y evitar que la crisis deje consecuencias permanentes sobre la economía y los servicios públicos.
Según el Gobierno, más del 90% de las personas que entraron irregularmente ya han regresado a Marruecos, aunque todavía permanecen miles en Ceuta y la gestión de su situación administrativa constituye uno de los principales retos de esta nueva fase.
Interior: nuevas reglas para acelerar el control fronterizo y el asilo
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha centrado su intervención en los cambios legislativos que el Consejo de Ministros ha impulsado para adaptar la normativa española al Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Marlaska ha explicado que el Gobierno ha aprobado los anteproyectos de reforma de las leyes de Extranjería y Asilo, con el objetivo declarado de mejorar la gestión de las fronteras y acelerar la tramitación de los expedientes.
“El objetivo es adecuar la legislación española al pacto europeo sobre migración y asilo”, ha señalado el ministro.
Una de las novedades será la incorporación del triaje obligatorio en frontera. Aunque la normativa europea permite un periodo de hasta siete días, España mantendrá el plazo de 72 horas, que únicamente podrá ampliarse mediante decisión judicial.
Marlaska ha defendido que de esta forma se pretende limitar “al mínimo imprescindible” el tiempo que las personas que llegan irregularmente deben permanecer en las instalaciones policiales habilitadas para el procedimiento fronterizo.
Un procedimiento acelerado para las solicitudes de asilo
La reforma también introduce un procedimiento específico para determinadas solicitudes de protección internacional.
Según ha explicado el ministro, habrá un procedimiento ordinario y otro acelerado, que deberá quedar resuelto en un plazo máximo de tres meses.
Marlaska ha señalado que este mecanismo se aplicará antes de la entrada formal en territorio nacional y que, cuando la solicitud sea denegada, se notificará al interesado la obligación de abandonar el país.
El ministro ha insistido en que la reforma se ha elaborado con un “enfoque garantista” y con respeto a los derechos humanos, pero también con la finalidad de garantizar “la necesaria gestión de nuestras fronteras para garantizar la seguridad en nuestro país”.
El Ejecutivo considera que estos cambios pueden resultar especialmente relevantes en Ceuta, donde la entrada masiva ha dejado un elevado número de expedientes pendientes de resolución.
Migraciones: 25 millones para atender a los menores
Dentro del paquete de medidas aprobado por el Gobierno se encuentra también una partida extraordinaria de 25 millones de euros para la atención de los menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta durante la crisis.
La medida pretende contribuir a descongestionar el sistema de protección de menores de la Ciudad Autónoma y financiar las actuaciones necesarias mientras se desarrolla el mecanismo de distribución entre otros territorios.
La situación de los menores constituye uno de los principales problemas todavía abiertos. La presión sobre los centros de acogida ha obligado a habilitar recursos extraordinarios y ha llevado al Gobierno central a acelerar los mecanismos de redistribución.
La cuestión queda además vinculada al nuevo mando único, puesto que la gestión de los menores exige coordinación entre Migraciones, Infancia, Interior, la Ciudad Autónoma y las comunidades autónomas.
Economía: una ampliación del plan de 180 millones
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado el compromiso del Gobierno con una ampliación extraordinaria del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, puesto en marcha en 2022 y que ya ha movilizado más de 180 millones de euros.
Cuerpo anunció el lunes que las circunstancias actuales obligan a ir más allá de las medidas ordinarias y que el nuevo paquete deberá atender tanto a la seguridad como a la actividad económica.
“Las circunstancias exigen ir más allá y dar una respuesta a la excepcionalidad actual”, sostuvo el vicepresidente.
El Gobierno prevé medidas dirigidas a empresas, autónomos y trabajadores, además del refuerzo de los servicios públicos y de las actuaciones destinadas a mejorar la seguridad urbana y fronteriza.
Sin embargo, existe un matiz importante: el nuevo paquete económico todavía no ha sido aprobado en su totalidad por el Consejo de Ministros. El Ejecutivo pretende concretarlo en las próximas semanas junto con la Ciudad Autónoma y los agentes sociales y económicos.
Defensa: Robles defiende la actuación de las Fuerzas Armadas
Mientras se celebraba el Consejo de Ministros, la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecía en el Congreso para explicar la actuación de su departamento durante la crisis.
Robles ha defendido el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas y ha asegurado que los efectivos militares permanecerán en Ceuta mientras resulte necesario.
La ministra también ha explicado el papel del CNI y ha defendido que los agentes desplegados en la ciudad compartieron información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con la Delegación del Gobierno.
La comparecencia de Robles abre además una ronda parlamentaria en la que varios ministros tendrán que explicar individualmente la actuación de sus departamentos durante la crisis.
Exteriores: Marruecos, una de las grandes cuestiones pendientes
La política exterior continúa siendo uno de los capítulos más delicados.
Aunque la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se ha centrado fundamentalmente en la estructura de coordinación y las reformas migratorias, la relación con Marruecos permanece como uno de los elementos fundamentales para explicar tanto la entrada masiva como los posteriores retornos.
El propio Interior ha destacado anteriormente la colaboración marroquí como elemento determinante para que la inmensa mayoría de quienes entraron regresaran a su país.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, deberá ofrecer explicaciones específicas sobre este capítulo en las comparecencias parlamentarias previstas para los próximos días.
Sanidad: vacunación y prevención
La crisis también ha obligado a reforzar la prevención sanitaria. En los últimos días, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado poner a disposición de Ceuta 45.000 dosis de vacunas para reforzar la protección de la población ante las circunstancias extraordinarias derivadas de las llegadas masivas.
La actuación sanitaria se suma al resto de medidas que el Estado está coordinando con la Ciudad Autónoma para hacer frente a una situación que ha generado una presión extraordinaria sobre el sistema sanitario, los servicios sociales y los dispositivos de emergencia.
Ocho ministerios tendrán que dar explicaciones
La magnitud de la crisis queda reflejada también en la agenda parlamentaria. Hasta ocho miembros del Gobiernodeberán comparecer en el Congreso para explicar la actuación de sus respectivos departamentos.
Entre ellos figuran Margarita Robles, Félix Bolaños, Mónica García, Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Elma Saiz, Sira Rego y Ana Redondo.
La sucesión de comparecencias permitirá abordar desde diferentes perspectivas la actuación del Estado: seguridad y Defensa, Justicia, Sanidad, Exteriores, Interior, Migraciones, Infancia e Igualdad.
Precisamente, la dispersión de las competencias ha sido uno de los elementos que ha alimentado durante las últimas semanas las críticas por la gestión de la crisis.
Un mando único 26 días despues
La decisión adoptada este martes tiene además una dimensión política evidente. El Consejo de Seguridad Nacional se ha reunido 26 días después de la entrada masiva que desencadenó la crisis y el Gobierno formaliza ahora una estructura de mando que el presidente de Ceuta, Juan Vivas, llevaba semanas reclamando.
El nuevo mecanismo no implica la suspensión de derechos fundamentales ni equivale a un estado de alarma. Se trata de una figura prevista en la Ley de Seguridad Nacional para situaciones que requieren una coordinación extraordinaria de medios y autoridades.
La estructura pretende poner fin a la actuación fragmentada de los diferentes departamentos y establecer una dirección política común.
El reto, sin embargo, comienza ahora. El Gobierno ha reconocido que la crisis no está cerrada: quedan personas cuya situación debe resolverse, menores que deben ser atendidos y derivados, expedientes de protección internacional pendientes, retornos que ejecutar y una ciudad que reclama recuperar la seguridad y la normalidad.
El mando único deberá demostrar en las próximas semanas si la decisión supone realmente un cambio en la gestión de la crisis o si se limita a ordenar administrativamente una respuesta que hasta ahora había funcionado de manera dispersa.
Lo que sí ha cambiado este martes es la estructura: por primera vez desde el estallido de la crisis, el Gobierno central sitúa bajo una misma autoridad la seguridad, la inmigración, los retornos, los menores, la protección internacional y la recuperación de Ceuta.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha dado este martes un giro en la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y ha asumido formalmente la coordinación extraordinaria de la situación mediante la declaración de “interés para la Seguridad Nacional” y la creación de un mando único dirigido por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
La decisión se ha adoptado en el Consejo de Ministros celebrado después de una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional y casi un mes después de la entrada masiva registrada los días 30 y 31 de julio. La propia portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha destacado que se trata de la “primera vez en la historia” que se declara esta situación en Ceuta.
La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha tenido como protagonistas a Saiz, Torres y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que han detallado las medidas adoptadas por el Ejecutivo y las nuevas prioridades para una crisis que el Gobierno considera todavía abierta.
Saiz: “Una situación extraordinaria requiere una respuesta extraordinaria”
Elma Saiz ha presentado la decisión como un cambio de escala en la respuesta del Estado. La portavoz ha defendido que la situación excepcional que vive Ceuta exige una estructura extraordinaria de coordinación y ha explicado que el nuevo mecanismo permitirá reunir bajo una misma dirección a las distintas administraciones y organismos que intervienen en la crisis.
El mando único estará encabezado por Ángel Víctor Torres y contará con representantes de la Ciudad Autónoma, incluido el presidente Juan Vivas, la Delegación del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los ministerios implicados y el Departamento de Seguridad Nacional de La Moncloa.
La portavoz ha situado la medida en el marco de una respuesta global que no se limita al control de la frontera. La crisis afecta también a la atención de los menores, la protección internacional, la seguridad, los servicios públicos y la economía de Ceuta.
Torres asumirá la dirección funcional
Ángel Víctor Torres será la autoridad funcional encargada de coordinar la respuesta del Estado. Su papel será integrar bajo una misma estructura las actuaciones de los distintos ministerios y organismos que hasta ahora han intervenido en la crisis desde sus respectivas competencias.
El comité especializado incorporará al presidente de Ceuta, al delegado del Gobierno, al CNI y a los departamentos ministeriales concernidos. El Departamento de Seguridad Nacional prestará además asesoramiento a la estructura.
La elección de Torres no es casual. El ministro ya había desempeñado funciones de coordinación interministerial en materia migratoria y cuenta con experiencia en la gestión de crisis vinculadas a la presión migratoria durante su etapa como presidente de Canarias.
El Gobierno pretende así pasar de una actuación distribuida entre diferentes departamentos a una estructura en la que exista un responsable político claramente identificado para coordinar el conjunto de la respuesta.
El Ejecutivo admite que la crisis entra en una nueva fase
La decisión del Consejo de Ministros coincide con la estrategia anunciada el lunes por el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, durante su visita a Ceuta.
Cuerpo dividió la crisis en tres etapas: una primera destinada a frenar la entrada masiva y recuperar el control fronterizo; una segunda centrada en la asistencia humanitaria y los retornos voluntarios; y una tercera, en la que el Ejecutivo asegura encontrarse ahora, destinada a resolver los expedientes pendientes, retornar a quienes no tengan derecho a permanecer en España, atender a menores y solicitantes de asilo y evitar que la crisis deje consecuencias permanentes sobre la economía y los servicios públicos.
Según el Gobierno, más del 90% de las personas que entraron irregularmente ya han regresado a Marruecos, aunque todavía permanecen miles en Ceuta y la gestión de su situación administrativa constituye uno de los principales retos de esta nueva fase.
Interior: nuevas reglas para acelerar el control fronterizo y el asilo
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha centrado su intervención en los cambios legislativos que el Consejo de Ministros ha impulsado para adaptar la normativa española al Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Marlaska ha explicado que el Gobierno ha aprobado los anteproyectos de reforma de las leyes de Extranjería y Asilo, con el objetivo declarado de mejorar la gestión de las fronteras y acelerar la tramitación de los expedientes.
“El objetivo es adecuar la legislación española al pacto europeo sobre migración y asilo”, ha señalado el ministro.
Una de las novedades será la incorporación del triaje obligatorio en frontera. Aunque la normativa europea permite un periodo de hasta siete días, España mantendrá el plazo de 72 horas, que únicamente podrá ampliarse mediante decisión judicial.
Marlaska ha defendido que de esta forma se pretende limitar “al mínimo imprescindible” el tiempo que las personas que llegan irregularmente deben permanecer en las instalaciones policiales habilitadas para el procedimiento fronterizo.
Un procedimiento acelerado para las solicitudes de asilo
La reforma también introduce un procedimiento específico para determinadas solicitudes de protección internacional.
Según ha explicado el ministro, habrá un procedimiento ordinario y otro acelerado, que deberá quedar resuelto en un plazo máximo de tres meses.
Marlaska ha señalado que este mecanismo se aplicará antes de la entrada formal en territorio nacional y que, cuando la solicitud sea denegada, se notificará al interesado la obligación de abandonar el país.
El ministro ha insistido en que la reforma se ha elaborado con un “enfoque garantista” y con respeto a los derechos humanos, pero también con la finalidad de garantizar “la necesaria gestión de nuestras fronteras para garantizar la seguridad en nuestro país”.
El Ejecutivo considera que estos cambios pueden resultar especialmente relevantes en Ceuta, donde la entrada masiva ha dejado un elevado número de expedientes pendientes de resolución.
Migraciones: 25 millones para atender a los menores
Dentro del paquete de medidas aprobado por el Gobierno se encuentra también una partida extraordinaria de 25 millones de euros para la atención de los menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta durante la crisis.
La medida pretende contribuir a descongestionar el sistema de protección de menores de la Ciudad Autónoma y financiar las actuaciones necesarias mientras se desarrolla el mecanismo de distribución entre otros territorios.
La situación de los menores constituye uno de los principales problemas todavía abiertos. La presión sobre los centros de acogida ha obligado a habilitar recursos extraordinarios y ha llevado al Gobierno central a acelerar los mecanismos de redistribución.
La cuestión queda además vinculada al nuevo mando único, puesto que la gestión de los menores exige coordinación entre Migraciones, Infancia, Interior, la Ciudad Autónoma y las comunidades autónomas.
Economía: una ampliación del plan de 180 millones
El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado el compromiso del Gobierno con una ampliación extraordinaria del Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico de Ceuta, puesto en marcha en 2022 y que ya ha movilizado más de 180 millones de euros.
Cuerpo anunció el lunes que las circunstancias actuales obligan a ir más allá de las medidas ordinarias y que el nuevo paquete deberá atender tanto a la seguridad como a la actividad económica.
“Las circunstancias exigen ir más allá y dar una respuesta a la excepcionalidad actual”, sostuvo el vicepresidente.
El Gobierno prevé medidas dirigidas a empresas, autónomos y trabajadores, además del refuerzo de los servicios públicos y de las actuaciones destinadas a mejorar la seguridad urbana y fronteriza.
Sin embargo, existe un matiz importante: el nuevo paquete económico todavía no ha sido aprobado en su totalidad por el Consejo de Ministros. El Ejecutivo pretende concretarlo en las próximas semanas junto con la Ciudad Autónoma y los agentes sociales y económicos.
Defensa: Robles defiende la actuación de las Fuerzas Armadas
Mientras se celebraba el Consejo de Ministros, la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecía en el Congreso para explicar la actuación de su departamento durante la crisis.
Robles ha defendido el papel desempeñado por las Fuerzas Armadas y ha asegurado que los efectivos militares permanecerán en Ceuta mientras resulte necesario.
La ministra también ha explicado el papel del CNI y ha defendido que los agentes desplegados en la ciudad compartieron información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con la Delegación del Gobierno.
La comparecencia de Robles abre además una ronda parlamentaria en la que varios ministros tendrán que explicar individualmente la actuación de sus departamentos durante la crisis.
Exteriores: Marruecos, una de las grandes cuestiones pendientes
La política exterior continúa siendo uno de los capítulos más delicados.
Aunque la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se ha centrado fundamentalmente en la estructura de coordinación y las reformas migratorias, la relación con Marruecos permanece como uno de los elementos fundamentales para explicar tanto la entrada masiva como los posteriores retornos.
El propio Interior ha destacado anteriormente la colaboración marroquí como elemento determinante para que la inmensa mayoría de quienes entraron regresaran a su país.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, deberá ofrecer explicaciones específicas sobre este capítulo en las comparecencias parlamentarias previstas para los próximos días.
Sanidad: vacunación y prevención
La crisis también ha obligado a reforzar la prevención sanitaria. En los últimos días, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado poner a disposición de Ceuta 45.000 dosis de vacunas para reforzar la protección de la población ante las circunstancias extraordinarias derivadas de las llegadas masivas.
La actuación sanitaria se suma al resto de medidas que el Estado está coordinando con la Ciudad Autónoma para hacer frente a una situación que ha generado una presión extraordinaria sobre el sistema sanitario, los servicios sociales y los dispositivos de emergencia.
Ocho ministerios tendrán que dar explicaciones
La magnitud de la crisis queda reflejada también en la agenda parlamentaria. Hasta ocho miembros del Gobiernodeberán comparecer en el Congreso para explicar la actuación de sus respectivos departamentos.
Entre ellos figuran Margarita Robles, Félix Bolaños, Mónica García, Fernando Grande-Marlaska, José Manuel Albares, Elma Saiz, Sira Rego y Ana Redondo.
La sucesión de comparecencias permitirá abordar desde diferentes perspectivas la actuación del Estado: seguridad y Defensa, Justicia, Sanidad, Exteriores, Interior, Migraciones, Infancia e Igualdad.
Precisamente, la dispersión de las competencias ha sido uno de los elementos que ha alimentado durante las últimas semanas las críticas por la gestión de la crisis.
Un mando único 26 días despues
La decisión adoptada este martes tiene además una dimensión política evidente. El Consejo de Seguridad Nacional se ha reunido 26 días después de la entrada masiva que desencadenó la crisis y el Gobierno formaliza ahora una estructura de mando que el presidente de Ceuta, Juan Vivas, llevaba semanas reclamando.
El nuevo mecanismo no implica la suspensión de derechos fundamentales ni equivale a un estado de alarma. Se trata de una figura prevista en la Ley de Seguridad Nacional para situaciones que requieren una coordinación extraordinaria de medios y autoridades.
La estructura pretende poner fin a la actuación fragmentada de los diferentes departamentos y establecer una dirección política común.
El reto, sin embargo, comienza ahora. El Gobierno ha reconocido que la crisis no está cerrada: quedan personas cuya situación debe resolverse, menores que deben ser atendidos y derivados, expedientes de protección internacional pendientes, retornos que ejecutar y una ciudad que reclama recuperar la seguridad y la normalidad.
El mando único deberá demostrar en las próximas semanas si la decisión supone realmente un cambio en la gestión de la crisis o si se limita a ordenar administrativamente una respuesta que hasta ahora había funcionado de manera dispersa.
Lo que sí ha cambiado este martes es la estructura: por primera vez desde el estallido de la crisis, el Gobierno central sitúa bajo una misma autoridad la seguridad, la inmigración, los retornos, los menores, la protección internacional y la recuperación de Ceuta.




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