El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley con la que pretende impulsar una respuesta de Estado ante la crisis de seguridad vivida en Ceuta y reforzar las garantías de futuro de Ceuta y Melilla.

La iniciativa se presenta tras varias semanas de tensión en la ciudad autónoma y después de los episodios registrados los días 30 y 31 de julio. Según el PP, el Gobierno central actuó tarde, sin la previsión ni la coordinación necesarias para afrontar una situación que, a su juicio, ha tenido un impacto directo en la normalidad de Ceuta.

El texto registrado por los populares exige declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional, convocar al Consejo de Seguridad Nacional y designar una autoridad con competencias y recursos suficientes para dirigir y coordinar todas las actuaciones relacionadas con la crisis.

Entre las medidas planteadas figura la activación inmediata de los procedimientos legalmente previstos para el retorno o expulsión de las personas que hubieran entrado irregularmente en España, así como el desplazamiento a Ceuta de las unidades de Extranjería necesarias y la aprobación de un calendario para resolver los expedientes pendientes.

La propuesta también reclama una relación con Marruecos basada en el respeto, la reciprocidad y la defensa de la integridad territorial española. El PP sostiene que la seguridad de Ceuta y Melilla no puede depender de decisiones externas ni estar condicionada por presiones diplomáticas.

En el ámbito europeo, los populares piden al Ejecutivo que active los mecanismos previstos para situaciones de crisis e instrumentalización, solicite el despliegue de Frontex y de sus unidades de intervención rápida, y aplique procedimientos reforzados de identificación, control de seguridad y tramitación fronteriza.

Otro de los ejes de la Proposición no de Ley es el refuerzo permanente de la frontera ceutí. El PP propone prolongar el perímetro fronterizo mar adentro, comenzando por el espigón del Tarajal, consolidar la presencia de Guardia Civil y Policía Nacional, aumentar las unidades de Extranjería y reforzar los recursos sanitarios, judiciales y fiscales.

La formación plantea, además, un sistema permanente de vigilancia marítima y costera y reformas legales que permitan responder con mayor eficacia a las entradas irregulares por vía marítima.

La iniciativa va más allá de las medidas de seguridad y reclama que la Unión Europea otorgue a Ceuta y Melilla un reconocimiento específico, con un tratamiento equivalente al de las regiones ultraperiféricas en materia de fondos, fiscalidad y gestión fronteriza. También pide que ambas ciudades cuenten con representación propia en la delegación española del Comité Europeo de las Regiones.

En el plano económico, el PP propone un Plan de Reactivación para Ceuta y Melilla dotado con al menos 650 millones de euros entre 2027 y 2032, acordado con las Ciudades Autónomas y la sociedad civil. El paquete incluiría una Ley de Régimen Especial, estabilidad fiscal e inversora, incentivos para el comercio, la hostelería y los autónomos, mejoras de conectividad con la Península, medidas contra el desempleo juvenil y actuaciones para facilitar el acceso a la vivienda.

El documento también defiende una mayor presencia del Estado en ámbitos como Sanidad, Educación, Justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Fuerzas Armadas, con el objetivo de reforzar los servicios públicos y la capacidad de respuesta institucional en ambas ciudades autónomas.

Desde el Partido Popular de Ceuta se critica que hayan tenido que transcurrir semanas de incertidumbre para que el Gobierno central asumiera, según la formación, la necesidad de coordinar una respuesta específica ante lo ocurrido en la ciudad.

Los populares consideran que su propuesta ofrece al Ejecutivo una hoja de ruta para recuperar la normalidad, resolver los expedientes pendientes, proteger la frontera, reforzar la presencia del Estado y garantizar el desarrollo económico de Ceuta y Melilla.

El PP insta ahora al Gobierno de España a actuar con celeridad y a adoptar medidas que, según sostiene la formación, resultan imprescindibles para afrontar la crisis y evitar que una situación similar vuelva a repetirse.