El que la capacidad de atención médica ambulatoria y especializada, el que las residencias en clínicas y hospitales universitarios dependientes de diferentes comunidades autónomas superen con creces a la gestión y capacidad que se le presupone al Estado es, sencillamente, una vergüenza para el Estado.

El Ingesa tiene adscrito la Organización Nacional de Transplantes (con subdirección general) y el Centro Nacional de Dosimetría, pero fundamentalmente le corresponde la gestión de las prestaciones sanitarias en el ámbito de las Ciudades de Ceuta y Melilla y realizar cuantas otras actividades sean necesarias para el normal funcionamiento de sus servicios, en el marco de lo dispuesto por la disposición transitoria tercera de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Todo ello, siendo realmente importante, no es el foco de atención ahora. En realidad, sólo la Comunidad Andaluza o Madrid, o cualquier otra comunidad con más de 200.000 habitantes -la mayoría- cuentan con mayor peso en Sanidad que el propio Ingesa dada la lógica de atención al número de población.

Cuál es el gasto general del Ingesa (incluyendo toda su mamotrética estructura administrativa en Madrid). El gasto que genera Ceuta, Melilla y el centro de dosimetría es bien conocido, pero no tanto el coste de funcionarial del reducto -que lo es- de excargos, excargos de todo tipo, que encuentran acomodo en las decenas y decenas de oficinas existentes en la capital. Subdirectores, secretarios, subsecretarios, secretarios de secreterarios, secretarios de subsecretarios (os y as), adjuntos, vices... que se llevan buena parte del pastel del gasto mientras que en Ceuta y en Melilla, por ejemplo, los médicos especialistas huyen -al menos de Ceuta- de un hospital universitario con todo lo que ello representa como referencia de su condición universitaria.

Que lo sindicatos pidan cabezas por culpabilizar a quien es el directo responsable de mantener a los especialistas y no aburrirlos como parece que hace, tiene su sentido cuando sólo lo que se pone en la mirilla del 'francotirador' es a un sólo individuo. Pero no parece ser que sea la preocupación de sindicatos y colectivos sanitarios varios el verdadero cogollo del asunto. Lo cierto es que el verdadero problema (que tiene otras muchas variantes) radica en la propia concepción original de la Ley en la que el Ingesa mantiene toda su estructura 'burroadministrativa' para fundamentalmente dos ciudades autónomas (160.000 habitantes). Imagínense, sólo para atender a una ciudad como Cádiz.

El artículo 15 del real Decreto 1087/2003, de 29 de agosto, por el que se regula la estructura orgánica del Ministerio -entonces- de Sanidad y Consumo, da muesta de semejante grueso administrativo que, para organizarlo, mantiene al 'cementerio de elefantes' (así se le llama en la AGE), el lugar donde acaban sus días funcionarios y excargos políticos de todo pelaje... eso sí, a costa de que la atención a 160.000 habitantes (ceutíes y melillenses) sea peor que a uno de Murcia, para verguenza de la supuesta capacidad del Estado para gestionar sus propios asuntos y no dar ejemplo a las autonomías... Pasa lo mismo en Educación. ¡Qué verguenza!.