Hay una paradoja que resume perfectamente la situación que atraviesa Ceuta: mientras se discute si resulta proporcionado aislar a personas diagnosticadas con determinadas enfermedades infectocontagiosas, miles de ceutíes llevan semanas aprendiendo a confinarse por su cuenta cuando cae la tarde. Los políticos se azuzan unos a otros, pero no se sientan para asumir una respuesta consensuada en términos legales y combatir el problema desde la raiza jurídica que ahora no existe.

Lo que no existe, naturalmente, es un decreto que obligue a los ciudadanos a encerrarse en sus casas. No hace falta. Cuando una persona deja de salir sola, evita determinadas zonas, adelanta la hora de regresar a casa o renuncia a pasear por su propia ciudad porque teme encontrarse con situaciones de inseguridad, el resultado práctico es una pérdida de libertad aunque jurídicamente nadie la haya decretado.

¿Quién está protegiendo la libertad de movimientos de los ceutíes y quién protege sus derechos constitucionales?

La discusión sanitaria abierta estos días debe abordarse con rigor. Se han detectado en Ceuta casos de tuberculosis, sarna, gastroenteritis y otras patologías, por el hacinamiento y deficientes condiciones higiénicas. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha rechazado que exista fundamento para confinar a la población y ha defendido que el riesgo para los residentes es bajo (cualquier cosa que salga de la boca de estos ministros es mejor ponerla en 'cuarentena'). Expertos en enfermedades infecciosas también han advertido contra un confinamiento generalizado y han señalado que, cuando existe un riesgo concreto, la respuesta adecuada pasa por la valoración clínica, el tratamiento y, cuando corresponda, el aislamiento individual.

Precisamente por eso conviene separar dos debates que no deberían confundirse.

Una persona que padece una enfermedad contagiosa debe recibir atención médica y, si los protocolos sanitarios lo determinan, ser aislada. Una ciudad entera no puede ser convertida en un espacio de aislamiento por una crisis sanitaria. Pero tampoco puede aceptarse que una ciudad entera termine viviendo una suerte de confinamiento informal por miedo a la inseguridad.

Porque esa segunda realidad, aunque no aparezca en ningún decreto, existe.

Los vecinos de distintos barrios han salido ya a reclamar mayor presencia policial y garantías para la convivencia. Y esa reclamación no puede despacharse como una reacción emocional, ni atribuirse de manera indiscriminada a quienes han llegado a Ceuta. La inseguridad debe combatirse persiguiendo a quienes delinquen, reforzando los medios policiales y garantizando que las calles vuelvan a ser espacios de convivencia. Es lamentable que Marlaska haya mandado a Ceuta, ante esta infumable situacion, menos policias que a un partido de fútbol relevante.

El problema es que, después de una llegada masiva de decenas de miles de personas a una ciudad de alrededor de 84.000 habitantes, la excepcionalidad se ha convertido en parte de la vida cotidiana. La propia magnitud del episodio, como les ha gustado llamar a los melífluos (como en 2021)  da una idea del impacto que semejante situación podía producir sobre una ciudad de dimensiones tan reducidas.

Y, sin embargo, el debate político parece haber terminado atrapado entre cifras, competencias y reproches. Pareciera que se aproximan en meses unas elecciones locales-autonomica y/o Generales, y los ceuties como arma arrojadiza entre unos y otros.

Mientras Madrid y Ceuta discuten sobre quién tiene la responsabilidad sanitaria, quién debe habilitar espacios, quién debe devolver a quienes entraron irregularmente o quién debe hacerse cargo de los menores, hay una cuestión mucho más elemental que debería estar por encima de todas las demás: los ceutíes tienen derecho a vivir normalmente en su propia ciudad. Derecho a caminar por sus calles. Derecho a salir de noche. Derecho a utilizar parques y playas. Derecho a que sus hijos regresen a casa sin temor. Derecho a que una mujer pueda acudir sola a trabajar a primera hora de la mañana. Derecho a que un comerciante pueda abrir su negocio sin preguntarse si podrá mantenerlo abierto con normalidad. Derecho, en definitiva, a no tener que modificar sus hábitos de vida porque el Estado ha perdido el control de una situación excepcional.

Y la culpa es directamente a quienes tienen la obligación constitucional y política de garantizarlo.

Ceuta no puede ser una ciudad de segunda categoría a la que se le pide paciencia mientras el Estado administra la crisis desde despachos situados a cientos de kilómetros, o desde la playa de La Mareta desde hace tres semanas.

El Gobierno central tiene competencias esenciales en inmigración, fronteras, seguridad y defensa. No puede mirar hacia otro lado cuando una situación extraordinaria altera de forma profunda la vida de los ciudadanos a los que ¿administra?. Tampoco puede limitar su respuesta a comunicados, reuniones y anuncios de medidas que llegan después de que el problema haya alcanzado dimensiones extraordinarias.

La población ceutí no tiene por qué pagar el precio de una política migratoria fallida, de una frontera insuficientemente protegida o de una respuesta tardía. Y tampoco debería ser necesario que los ciudadanos reclamen lo más elemental: que el Estado les garantice poder vivir en libertad.

La situación sanitaria merece vigilancia, recursos, transparencia y rigor científico. Si existen personas con enfermedades contagiosas que necesitan aislamiento, que se haga conforme a la ley y a los protocolos médicos. Si hay asentamientos insalubres, que sean desalojados y sustituidos por instalaciones mas o menos dignas. Si faltan vacunas, personal o medios, que se envíen inmediatamente. El propio Ministerio ha convocado una reunión urgente hoy para coordinar el envío de vacunas a Ceuta.

Pero si el problema es la inseguridad, la solución no puede consistir en que los ciudadanos se recluyan voluntariamente en sus casas. Eso sería la peor de las derrotas.

Una ciudad no deja de ser libre solamente cuando alguien prohíbe salir de casa. También deja de sentirse libre cuando sus habitantes comienzan a pensar que salir a determinadas horas, caminar por determinados lugares o desarrollar una vida normal implica asumir un riesgo que las instituciones no están sabiendo controlar.

Ceuta no necesita que sus 84.000 ciudadanos sean tratados como una población que debe acostumbrarse a vivir bajo restricciones. Necesita exactamente lo contrario.

Necesita que el Estado vuelva a garantizarles aquello que nunca debieron perder: seguridad, tranquilidad y libertad. Y, desde luego, eso no es una reivindicación política. Es una obligación de las instituciones que tendrían su responsabilidad juridica en los tribunales si alguien se atreve a denunciar esta indefensión que por derecho tiene el ceutí amparado, como español, en la Constitcución.

El Estado no puede pedir a los ceutíes que tengan paciencia mientras su vida cotidiana se transforma, es denunciable. No puede pedirles comprensión indefinidamente. No puede convertir la excepcionalidad en normalidad, es denunciable.

Cuando una población empieza a limitar por miedo sus propios movimientos, aunque nadie haya dictado oficialmente un confinamiento, algo fundamental ya ha fallado. En Ceuta, ese fracaso no puede seguir pagándolo el ciudadano.