JUCIL ha pedido al Gobierno una respuesta urgente después de que una narcolancha abriera fuego contra una patrullera de la Guardia Civil durante una operación contra el narcotráfico en aguas de Huelva.

La intervención, desarrollada junto al Servicio de Vigilancia Aduanera, terminó con diez detenidos, dos embarcaciones intervenidas y 5.926 kilos de hachís incautados. Según la asociación profesional, el episodio confirma que las organizaciones criminales que operan en el litoral andaluz cuentan con medios cada vez más potentes y actúan con mayor violencia contra los agentes.

JUCIL recuerda que el pasado mes de mayo dos guardias civiles murieron durante otra persecución contra el narcotráfico en la misma provincia, en un suceso en el que otros dos agentes resultaron heridos. Por ello, considera que el nuevo ataque “no puede normalizarse” y exige medidas estructurales para evitar que vuelva a producirse una tragedia.

Entre sus principales peticiones figuran la recuperación del OCON-SUR como unidad permanente contra el narcotráfico, el refuerzo estable de efectivos y medios marítimos, la mejora de la protección de los agentes y la declaración de Huelva como Zona de Especial Singularidad, con incentivos profesionales y económicos.

La asociación también reclama avanzar en la equiparación salarial plena de guardias civiles y policías nacionales y reconocer la profesión de guardia civil como profesión de riesgo. “No se puede elogiar a los agentes después de cada operación o tragedia mientras se les niegan los medios, el personal y el reconocimiento que merecen”, subraya JUCIL.

JUCIL sostiene que la lucha contra el narcotráfico requiere planificación permanente, inversión sostenida y una respuesta política proporcional al nivel de amenaza que afrontan los agentes en el litoral andaluz.