La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y el sindicato policial JUPOL han unido fuerzas para reclamar medidas inmediatas ante la situación de “colapso” que, a su juicio, atraviesan los servicios públicos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Ceuta tras la crisis migratoria. Ambas organizaciones han mantenido una reunión de urgencia para coordinar actuaciones y exigir a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior un refuerzo extraordinario de medios, personal y garantías jurídicas.

Los sindicatos sostienen que la presión sobre los agentes ha superado “todos los límites de la capacidad humana”. JUPOL alerta especialmente de la situación de la Policía Nacional, cuya sala del 091 estaría recibiendo alrededor de 200 llamadas diarias, mientras las dotaciones disponibles deben afrontar simultáneamente la presión fronteriza, la vigilancia de las calles y el incremento de las actuaciones relacionadas con la llegada masiva de inmigrantes.

En este contexto, denuncian que los efectivos de la UIP siguen siendo insuficientes para responder a las necesidades actuales. Según sus datos, Ceuta dispone de unos 180 agentes de estas unidades, con alrededor de 60 efectivos por turno, una cifra que consideran claramente insuficiente para afrontar el escenario de emergencia que todavía vive la ciudad.

Alojamiento en módulos militares

Uno de los principales motivos de protesta es la situación de los policías nacionales desplazados a Ceuta como refuerzo. JUPOL califica de “denigrantes” las condiciones de alojamiento y denuncia que varios agentes permanecen hacinados en módulos militares, con habitaciones de hasta ocho literas ocupadas por siete u ocho profesionales, sin aire acondicionado y con un único ventilador en pleno verano.

A ello se suman, según los sindicatos, problemas de ventilación y unas instalaciones de aseos y duchas que consideran insuficientes. CSIF y JUPOL reclaman alojamientos adecuados y una actualización de las dietas de los empleados públicos destinados en Ceuta, que consideran desfasadas respecto al coste de vida de la ciudad.

Ambas organizaciones cuestionan además que las condiciones ofrecidas a los agentes que garantizan la seguridad sean inferiores a las de otros colectivos que permanecen en la ciudad como consecuencia de la crisis migratoria. “No se puede seguir exigiendo una disponibilidad absoluta y un rendimiento al límite sin ofrecer a cambio unas condiciones mínimas de dignidad y protección legal”, sostienen.

Más medios y seguridad jurídica

CSIF y JUPOL reclaman igualmente un marco de actuación que proporcione a los agentes mayor seguridad jurídica. Consideran que las intervenciones en frontera y en las calles se desarrollan en un escenario especialmente complejo y hostil, por lo que exigen instrucciones operativas claras y respaldo institucional para evitar que los funcionarios queden desprotegidos legalmente después de cumplir con sus obligaciones.

Las organizaciones sindicales subrayan también que la actuación de los distintos cuerpos policiales debe desarrollarse dentro de las competencias asignadas y conforme a las directrices establecidas por la Junta de Seguridad de Ceuta.

Finalmente, CSIF y JUPOL plantean la necesidad de concentrar a las personas que permanecen irregularmente en la ciudad en espacios controlados y con garantías sanitarias, donde puedan realizarse de forma ordenada las labores de filiación, asistencia médica y social y los trámites administrativos necesarios. A su juicio, esta medida permitiría mejorar el control de la situación, reducir la presión sobre los servicios públicos y facilitar los procedimientos de retorno o expulsión.

Para ambos sindicatos, la prioridad inmediata debe ser recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas de Seguridad y garantizar que quienes están sosteniendo la respuesta ante la crisis puedan hacerlo con medios suficientes, condiciones laborales dignas y respaldo institucional.