Juan Vivas y Alberto Núñez Feijóo han escenificado este miércoles en Ceuta una de las respuestas políticas más contundentes desde el inicio de la crisis desencadenada por la "invasion" de finales de julio. La comparecencia conjunta no se ha limitado a reclamar más medios: ambos han situado el problema en un nivel superior, vinculándolo directamente con la seguridad de la frontera, la capacidad del Estado para ejercer sus competencias y la necesidad de modificar la respuesta política y jurídica ante episodios de presión migratoria de esta magnitud.

El mensaje de Vivas ha partido de una constatación que el presidente ceutí considera especialmente grave: han transcurrido veinte días desde la entrada masiva y todavía no existe un horizonte claro para recuperar la normalidad. El dirigente autonómico ha denunciado que el Gobierno tampoco ha sido capaz, a su juicio, de determinar con precisión cuántas personas accedieron a la ciudad ni de establecer cuándo puede darse por concluida la situación excepcional.

Vivas ha elevado así su crítica al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ya no se trata únicamente de reclamar recursos para atender a las personas que permanecen en Ceuta, sino de cuestionar la respuesta global del Estado ante una situación que el presidente autonómico considera extraordinaria y que ha obligado a la Administración local a afrontar una presión que excede ampliamente sus competencias.

El presidente de Ceuta ha sido especialmente duro al describir la actuación inicial del Gobierno. Según ha denunciado, el Ejecutivo no hizo nada para contener una entrada que podía alcanzar a cerca de 80.000 personas y posteriormente desoyó las reiteradas peticiones de auxilio formuladas desde la ciudad. La consecuencia, en su análisis, ha sido que Ceuta ha tenido que concentrar esfuerzos extraordinarios para mantener sus servicios y evitar que la situación derivara en un colapso.

Vivas ha resumido esa situación con una imagen particularmente gráfica: su Gobierno se habría visto obligado a elegir entre “navegar y mantener la nave a flote o dejar que se hunda”. Y ha dejado claro que su Ejecutivo ha optado por mantenerla a flote, pese a la dimensión de una crisis que considera muy superior a las capacidades ordinarias de la Ciudad.

Vivas reclama que Ceuta deje de ser el punto débil

El presidente ceutí ha vuelto a colocar sobre la mesa una cuestión que lleva defendiendo desde los primeros días de la crisis: la necesidad de establecer un marco legal específico y suficientemente sólido para impedir que la presión migratoria pueda utilizarse para desestabilizar a Ceuta.

La reivindicación tiene una dimensión que va más allá de la inmigración. Vivas pretende que el Estado asuma que la frontera de Ceuta no es un problema exclusivamente migratorio, sino también de seguridad nacional, integridad territorial y defensa de los intereses españoles.

En ese contexto, ha defendido que las personas que accedieron irregularmente deben regresar a Marruecos cuando legalmente corresponda y ha insistido especialmente en la situación de los menores. Una de sus afirmaciones más significativas ha sido que, si Marruecos es considerado un país suficientemente seguro y fiable para albergar acontecimientos internacionales de primer nivel, también debe asumir su responsabilidad respecto de sus propios menores.

El argumento de Vivas busca desplazar el debate de la mera acogida y atención de los menores hacia la responsabilidad del país de origen y la necesidad de que las administraciones españolas dispongan de mecanismos eficaces para hacer posible su retorno con todas las garantías legales.

El presidente también ha reclamado una mayor implicación económica y administrativa del Estado y de la Unión Europea. A su juicio, la magnitud de la crisis exige una respuesta extraordinaria y no puede recaer de manera desproporcionada sobre una ciudad de las dimensiones de Ceuta.

ç

Feijóo: “hasta aquí hemos llegado”

Feijóo ha aprovechado su segunda visita a Ceuta desde el estallido de la crisis para endurecer el discurso contra el Gobierno. El líder del PP ha planteado siete medidas que considera imprescindibles para recuperar la normalidad, entre ellas la creación de un mando único mientras dure la situación excepcional, el retorno de quienes entraron irregularmente y una nueva relación con Marruecos basada en la reciprocidad.

Uno de los ejes de su intervención ha sido precisamente la frontera. Feijóo ha acusado al Gobierno de haber “subcontratado” la seguridad fronteriza a Marruecos, en referencia a una política exterior que, según su interpretación, habría depositado en Rabat una responsabilidad que corresponde al Estado español.

El mensaje del líder popular ha sido que la cooperación con Marruecos puede existir, pero no a costa de la capacidad de España para controlar su propia frontera. De ahí que haya reclamado una relación basada en la reciprocidad y haya rechazado cualquier forma de presión o “chantaje” procedente del país vecino.

Feijóo también ha insistido en que la españolidad de Ceuta y Melilla “no es negociable”, situando la crisis actual dentro de un marco de defensa de la soberanía española. Para el presidente del PP, lo sucedido no puede analizarse únicamente desde la perspectiva humanitaria o migratoria, sino también desde la protección de una frontera exterior de España y de la Unión Europea.

El retorno como elemento central

Otro de los puntos de coincidencia entre Feijóo y Vivas es la necesidad de que quienes continúan en Ceuta después de la entrada masiva sean sometidos a los procedimientos correspondientes y, cuando proceda legalmente, sean devueltos.

Feijóo ha rechazado que pueda generarse un precedente por el cual una entrada irregular de estas dimensiones termine produciendo, de facto, derechos o expectativas de permanencia. Su posición es que la respuesta del Estado debe ser clara: quien entra irregularmente debe ser retornado o expulsado cuando la legislación lo permita, incluidos los menores dentro de los mecanismos jurídicos aplicables.

La cuestión adquiere especial relevancia ahora que el Gobierno prepara el traslado de alrededor de 500 niñas migrantes desde Ceuta a la Península. Mientras el Ejecutivo plantea fórmulas de acogida en otras comunidades autónomas, Vivas y Feijóo sostienen que el traslado territorial no puede convertirse en la respuesta estructural a una crisis cuyo origen está en una entrada masiva irregular desde Marruecos.

Un mando único para una situación excepcional

Feijóo ha hecho suyo además uno de los planteamientos que Vivas viene reclamando desde los primeros días: un mando único para coordinar la respuesta estatal en Ceuta mientras no se recupere la normalidad. La propuesta pretende evitar, según el PP, la fragmentación de decisiones entre distintos ministerios y administraciones en una situación que afecta simultáneamente a seguridad, inmigración, sanidad, servicios sociales y protección de menores.

El planteamiento tiene también una lectura política: el PP considera que la crisis ha demostrado la necesidad de que exista una dirección claramente identificable y con capacidad de tomar decisiones rápidas, en lugar de una respuesta distribuida entre diferentes departamentos del Gobierno.

La batalla institucional llega al Supremo

Feijóo ha añadido una segunda dimensión a su ofensiva: la institucional. El presidente del PP ha anunciado que su partido acudirá al Tribunal Supremo por la negativa de varios ministros a comparecer en el Senado para dar explicaciones sobre la crisis.

Su argumento es que el Gobierno no puede escoger unilateralmente ante qué Cámara acepta ser controlado. Feijóo ha considerado especialmente grave que se produzca una situación en la que responsables europeos puedan comparecer antes que ministros españoles ante una institución parlamentaria española.

Con ello, la crisis de Ceuta deja de ser exclusivamente una disputa sobre política migratoria y se convierte también en un conflicto sobre control parlamentario, responsabilidad política y rendición de cuentas.

Un mensaje político compartido

La comparecencia de Vivas y Feijóo ha servido, en definitiva, para consolidar un discurso común: Ceuta no puede quedar sola frente a una presión migratoria de esta magnitud.

El punto de encuentro entre ambos es inequívoco: la solución no puede consistir simplemente en repartir por España las consecuencias de lo ocurrido en Ceuta. Lo que reclaman es actuar sobre el origen del problema, recuperar el control efectivo de la frontera, acelerar los retornos legalmente posibles y dotar al Estado de instrumentos suficientes para que una situación como la vivida a finales de julio no vuelva a poner a la ciudad al límite.

Y, sobre todo, Vivas y Feijóo se han preguntado: ¿cuánto tiempo puede permanecer Ceuta en una situación excepcional sin que el Estado ofrezca una fecha, una estrategia y una respuesta definitiva?

Una relación con Rabat que Feijóo quiere revisar

Feijóo ha situado así la crisis de Ceuta dentro de una discusión más amplia sobre la política exterior española.

Su posición no es la de romper con Marruecos, sino la de reformular la relación para que exista un equilibrio entre cooperación y defensa de los intereses nacionales. El líder popular considera que España debe mantener una relación de buena vecindad con Rabat, pero sin aceptar situaciones en las que la seguridad de Ceuta pueda quedar condicionada por decisiones adoptadas al otro lado de la frontera.

A Rabat le trasladan que España quiere cooperación, pero exige reciprocidad.

Al Ejecutivo español le reclaman que esa cooperación no se convierta en una dependencia que limite la capacidad de respuesta de España.

Y a la Unión Europea le piden que entienda que Ceuta no es únicamente una ciudad española situada frente a Marruecos, sino una frontera exterior de España y de Europa sometida a una presión migratoria que puede adquirir una dimensión de seguridad y de soberanía.