Bruselas ha dado este martes un respaldo explícito a la devolución a Marruecos de los inmigrantes que continúen en Ceuta en situación irregular tras la entrada masiva registrada a finales de julio. La posición de la Comisión Europea incluye expresamente a los menores extranjeros no acompañados, uno de los principales focos de la crisis que continúa soportando la ciudad autónoma.

El portavoz comunitario de Asuntos Internos, Markus Lammert, ha sido tajante durante una comparecencia en Bruselas: la expectativa de la Comisión es que “todos los que permanezcan ilegalmente en Ceuta sean retornados”. Preguntado específicamente por los menores, ha señalado que esta posibilidad está contemplada por el Derecho de la Unión Europea y por la directiva de Retorno aprobada el pasado mes de junio.

La declaración supone un respaldo político y jurídico de Bruselas a la estrategia de retorno que España pretende aplicar en Ceuta y que hasta ahora se encontraba condicionada por la especial protección que la legislación española y europea otorga a los menores no acompañados.

Bruselas incluye expresamente a los menores

La Comisión Europea no ha establecido una excepción general para los menores que permanecen en Ceuta. Al contrario, Lammert ha precisado que la normativa comunitaria contempla también su retorno, aunque siempre dentro de los procedimientos y garantías establecidos por el Derecho europeo.

De especial relavancia esta noticia después de que la crisis fronteriza del 30 y 31 de julio dejara a la Ciudad Autónoma con una presión extraordinaria sobre sus servicios de protección de menores. Interior ha elevado a 2.168 los menores identificados desde el inicio de la entrada masiva, mientras Ceuta ha tenido que ampliar de manera urgente sus recursos de acogida.

La posición de Bruselas abre así una vía para que España y Marruecos puedan abordar el retorno de esos menores, aunque no significa que puedan producirse devoluciones automáticas o colectivas. Cada caso deberá ajustarse al marco legal correspondiente y a las garantías exigidas para la protección de la infancia.

España y Marruecos deberán ejecutar los retornos

Bruselas ha trasladado además la responsabilidad de la ejecución a Madrid y Rabat. La Comisión reclama que las autoridades españolas y marroquíes trabajen conjuntamente para que los retornos sean efectivos y ha ofrecido su apoyo para facilitar el proceso. También ha valorado positivamente el compromiso del Gobierno español de que las personas que permanezcan ilegalmente en Ceuta no sean trasladadas a la Península.

El mensaje comunitario llega en un momento especialmente delicado para Ceuta. La ciudad continúa soportando las consecuencias de una entrada masiva que, según los datos manejados por las autoridades, llegó a situarse en el entorno de las 80.000 personas, aunque una parte muy importante regresó posteriormente a Marruecos.

El Gobierno español ha comenzado a habilitar nuevos espacios de acogida y ha anunciado capacidad adicional para unas 1.500 personas, mientras sigue trabajando con Marruecos en los retornos.

Un respaldo que cambia el escenario político

La decisión de Bruselas tiene además una lectura evidente. Durante las últimas semanas, desde Ceuta se ha reclamado insistentemente al Gobierno central que acelere las devoluciones y evite que la ciudad quede convertida en un espacio permanente de acogida ante una crisis que ha desbordado sus recursos.

Ahora la Comisión Europea sostiene que el Derecho comunitario permite el retorno incluso de los menores no acompañados, siempre que se respeten las garantías correspondientes. Es un pronunciamiento que proporciona al Ejecutivo español un respaldo europeo para negociar con Marruecos la salida de quienes continúan en la ciudad.

El siguiente paso será, por tanto, convertir el aval político y jurídico de Bruselas en retornos efectivos. La Comisión no ha fijado un calendario concreto ni ha ofrecido una cifra definitiva de personas susceptibles de ser devueltas.

Bruselas, por tanto, no plantea como solución que todos los inmigrantes que permanecen en la ciudad sean trasladados al resto de España, sino que respalda su retorno a Marruecos cuando permanezcan en territorio español de forma irregular y se cumplan las condiciones previstas por la legislación europea.