Ceuta lleva más de dos semanas preguntándose hasta dónde puede llegar el abandono del Estado. No es una pregunta retórica. Se escucha en las calles, en los comercios, entre los sanitarios, entre los policías, entre los vecinos y también en una clase política local que ha terminado reclamando, una y otra vez, algo que debería resultar elemental en cualquier territorio español: que el Gobierno de la nación actúe cuando una de sus fronteras ha sido sometida a una presión extraordinaria. Y con ello, el PSOE de Ceuta ya denota clara fragmentación entre los seguidistas de Sánchez pese a todo y los que miran a Ceuta por encima del puño y la rosa sanchista.

Cuando una frontera española soporta una presión semejante, la respuesta no puede limitarse a administrar las consecuencias tarde, mal y sin éxito. Hay que impedir que vuelva a suceder. Y justo aquí es donde nace una de las mayores frustraciones de los ceutíes. La sensacion de sentirse traicionados por los que Gobiernan España.

La ciudad no ha visto una respuesta de Estado a la altura del desafío. Ha visto ministros llegar cuando el problema ya llevaba días instalado. Ha visto declaraciones enfrentadas sobre la dimensión de la emergencia. Ha visto cifras que no siempre coinciden. Ha visto cómo Madrid discute con Ceuta sobre si existe o no un colapso sanitario mientras los profesionales sanitarios explican la presión que están soportando. Y ha visto a su presidente del Gobierno pasar buena parte de la crisis en sus vacaciones de La Mareta, donde aún sigue.

La indignación ha ido creciendo precisamente porque Ceuta no reclama una fotografía institucional. Reclama medidas.

Más frontera. Más seguridad. Más medios. Más capacidad de retorno y de inmediato. Más recursos sanitarios. Más presencia del Estado. Más coordinación. Y, sobre todo, una estrategia que impida que una crisis semejante vuelva a repetirse.

En Ceuta la crisis se mide en otra unidad: la de la vida cotidiana. En la madre que no quiere que su hijo pase por determinadas zonas. En el comerciante que teme que la tensión termine afectando a su negocio. En el sanitario que encadena jornadas extraordinarias. En el policía que sabe que cualquier incidente puede convertirse en un problema mayor. En el vecino que observa grupos de personas durmiendo o desplazándose por distintos puntos de la ciudad.

Ceuta no puede asumir en solitario las consecuencias de una crisis originada en una frontera exterior de España y, por tanto, de Europa.

Por un lado, Marruecos controla el otro lado de la frontera y posee una capacidad extraordinaria para influir sobre los flujos de personas que llegan a Ceuta.

Por otro, España mantiene una relación estratégica con Rabat que el Gobierno de Sánchez no parece dispuesto a revisar pese a lo sucedido. De hecho, informaciones publicadas estos días apuntan a que Moncloa no contempla un cambio sustancial de su estrategia hacia Marruecos. Y en medio está Ceuta. La ciudad que recibe las consecuencias. La ciudad que pone sus policías. La ciudad que pone sus sanitarios. La ciudad que abre instalaciones. La ciudad que atiende a los menores. La ciudad cuyos vecinos soportan la tensión. La ciudad que, cuando pide explicaciones, recibe discursos sobre cooperación, humanidad y coordinación pero de regresar de inmediato a la normalidad en mayúsculas.

Si en el futuro aparecieran pruebas de actuaciones deliberadas, omisiones conscientes o decisiones contrarias a la defensa de los intereses de España que pudieran tener relevancia penal, correspondería a los tribunales determinarlo y esa es una partida que ya se está jugando y en la que, llegado el caso, podría responder el presidente del Gobierno de España y quizá algunos de sus ministros.

La relación de España con Marruecos no puede construirse a costa de que Ceuta sea el territorio que paga la factura. Tampoco puede aceptarse que la tranquilidad diplomática de Madrid tenga como precio la intranquilidad permanente de una ciudad española.

Ceuta no quiere ser utilizada como moneda de cambio. No quiere convertirse en el escenario de demostraciones de fuerza de terceros países. No quiere ser el lugar al que se envían recursos cuando el problema ya ha estallado. No quiere que sus problemas se reduzcan a una cuestión migratoria. Y tampoco quiere que desde Madrid se le diga que todo está bajo control cuando la ciudad siente exactamente lo contrario.

Ceuta quiere algo mucho más fácil: que España actúe como España. Que se establezcan marcos normativos ya que pueda afrontar legalmente esta hecatombe. Que la frontera sea una frontera. Que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tengan medios humanos y materiales. Que las Fuerzas Armadas puedan ser empleadas cuando resulte necesario dentro del marco legal y con todas sus capacidades. Que los menores no conviertana la Ciudad en un almacén humano y que se establezcan otro marco normativo para que esos menores vuelvan con sus padres a Marruecos o sea Marruecos con sus sistermas el que los acoja como tutela obligatoria de sus nacionales. Que la sanidad reciba recursos suficientes. Que los retornos sder los que deambulen sin documentación, pero con dinero para comprar tabaco, alcohol o, incluso pagar por salir desde las costas, ayundándose de las mafias, hacia el sur peninsular en embarcaciones. Y que Marruecos entienda que una crisis en la frontera española tiene consecuencias diplomáticas y con resuesta seria y contundente.

Ceuta ha sido golpeada. Y los ceutíes tienen derecho a saber por qué ocurrió, qué falló, que se pudo hacer, que se dejó de hacer y por qué, y qué va a hacer España para que nunca vuelva a suceder.