Ceuta ha perdido mucho más que un verano. Ha perdido la normalidad.

Los niños no pueden disfrutar de sus calles como antes. Hay padres que tienen miedo de dejar salir solos a sus hijos. Hay mujeres que sienten inseguridad al caminar por determinadas zonas. Hay chicas jóvenes que temen sufrir una agresión sexual. Familias enteras han cambiado sus hábitos y sus horarios.

Y mientras tanto, desde los despachos se habla de procedimientos, expedientes, competencias y plazos. Pero Ceuta no vive de expedientes. Ceuta necesita recuperar sus calles.  Una ciudad que ha perdido el verano Los ceutíes tenían derecho a disfrutar de su verano.

Los niños tenían derecho a sus vacaciones. Los jóvenes, a salir con sus amigos. Las familias, a pasear tranquilamente. Los mayores, a sentarse en una plaza sin preocupación. Los comerciantes y hosteleros, a trabajar durante unos meses fundamentales para sus negocios.

Ceuta tenía derecho a disfrutar de su Feria y de sus fiestas. Pero el miedo y la incertidumbre se lo han llevado por delante. Y ahora llega también la factura económica. Cerca de 28 millones de euros en pérdidas. ¿Quién paga eso? ¿Quién responde ante el comerciante que ha visto desplomarse sus ventas? ¿Quién responde ante el hostelero que había contratado trabajadores esperando una temporada normal? ¿Quién responde ante los autónomos que siguen pagando impuestos, alquileres, Seguridad Social y proveedores mientras desaparecen sus clientes? ¿Quién devuelve a los ceutíes el verano perdido?

Porque hay pérdidas que pueden calcularse en euros. Pero hay otras que no aparecen en ninguna contabilidad. El problema no son solamente quienes han entrado. El problema es quién permitió que la situación llegara hasta aquí.

Hay algo que debemos dejar muy claro. No se puede responsabilizar colectivamente a miles de personas de los delitos que puedan cometer determinados individuos.

Quien cometa un delito debe responder ante la Justicia, sea español, marroquí o de cualquier otra nacionalidad. Pero tampoco podemos caer en el extremo contrario y negar el miedo existente entre una parte de la población.

El miedo también es una realidad. Cuando una madre tiene miedo de que su hija vuelva sola a casa, existe un problema. Cuando una joven cambia sus horarios por temor a sufrir una agresión, existe un problema. Cuando unos padres prefieren que sus hijos permanezcan en casa, existe un problema.

Y cuando una ciudad modifica completamente sus costumbres porque sus habitantes sienten que han perdido el control de sus calles, el Estado tiene la obligación de actuar.

¿Vamos a solucionar una situación extraordinaria con miles de expedientes ordinarios? Aquí aparece el verdadero problema político. Nos dicen que cada situación debe estudiarse individualmente. Que cada persona tiene unas circunstancias diferentes. Que hay que abrir expedientes. Que existen procedimientos administrativos. Que determinados casos requieren resoluciones específicas. Perfecto. El Estado de derecho debe respetarse. Pero entonces debemos hacer una pregunta muy sencilla  ¿Cuánto vamos a tardar?

Porque si tenemos miles de expedientes y cada uno necesita su correspondiente procedimiento administrativo, recursos, informes, resoluciones y eventualmente procedimientos judiciales, esto puede prolongarse durante meses. Incluso más de un año. ¿Y mientras tanto qué hacemos con Ceuta? ¿Le decimos a sus ciudadanos que tengan paciencia? ¿Les pedimos que esperen? ¿Les decimos a los comerciantes que aguanten? ¿A las familias que continúen cambiando sus hábitos? ¿A las jóvenes que eviten determinadas calles?

Una emergencia no puede gestionarse indefinidamente como si fuera una mañana cualquiera en una oficina administrativa.

Hagamos una pregunta incómoda. Imaginemos una situación todavía más extrema. Imaginemos que mañana entran 300.000 personas en Ceuta. Trescientas mil. Imaginemos que atraviesan la frontera de manera simultánea. Imaginemos que llegan hasta el centro de la ciudad. E imaginemos que allí comienzan a ondear miles de banderas marroquíes. ¿Qué hacemos entonces? ¿Abrimos 300.000 expedientes individuales de expulsión? ¿Ponemos a 300.000 personas en una fila administrativa? ¿Esperamos meses? ¿Esperamos un año? ¿Dos años? ¿Y durante todo ese tiempo qué hacemos con la ciudad?

El ejemplo es extremo deliberadamente, porque sirve para demostrar el absurdo al que podemos llegar si pretendemos responder exclusivamente con mecanismos ordinarios ante circunstancias absolutamente extraordinarias. Tiene que existir un límite. Tiene que llegar un momento en el que el Estado diga: esto ya no es simplemente un problema administrativo; estamos ante una emergencia nacional que exige una respuesta extraordinaria.

El Gobierno central tenía que haber actuado de manera extraordinaria Y aquí está la responsabilidad política. El Gobierno de España tenía que haber adoptado desde el primer momento una medida directa, excepcional y extraordinaria. Siempre dentro de la Constitución y del Estado de derecho. Pero extraordinaria. Porque extraordinario era lo que estaba sucediendo. No basta con enviar recursos cuando el problema ya existe. No basta con aumentar policías cuando la ciudad ya está desbordada. No basta con empezar a tramitar expedientes cuando miles de personas ya han entrado.

Gobernar también significa anticiparse. Gobernar significa entender que determinadas situaciones requieren decisiones políticas inmediatas. Y gobernar significa asumir responsabilidades cuando las cosas salen mal.

¿Y si mañana vuelve a ocurrir? Esta es probablemente la pregunta más importante de todas. ¿Qué ocurriría si mañana volviera a producirse otra entrada masiva? ¿Estamos preparados? ¿Existe un protocolo extraordinario? ¿Existe un límite? ¿Existe una respuesta automática del Estado? ¿O volveríamos exactamente al mismo punto?

Ceuta no puede depender permanentemente de lo que decida hacer Marruecos al otro lado de la frontera. España tiene que garantizar su propia seguridad. Porque Ceuta no es una ciudad extranjera. Ceuta es España. Y su frontera también lo es. Defender Ceuta no significa odiar a nadie

También debemos rechazar cualquier intento de convertir esta crisis en una guerra contra el inmigrante. No lo es. Entre quienes han llegado existen menores, familias y personas vulnerables que necesitan protección. Son seres humanos. Y España debe respetar sus derechos. Pero los derechos de quienes llegan no eliminan los derechos de quienes ya estaban aquí.

Los ceutíes también tienen derechos. Derecho a la seguridad. Derecho a trabajar. Derecho a utilizar sus calles. Derecho a que sus hijos jueguen fuera. Derecho a que sus hijas vuelvan tranquilas a casa. Derecho a celebrar sus fiestas. Derecho a vivir con normalidad. Y derecho a exigir al Gobierno de España que proteja su ciudad.

No tenemos que elegir entre humanidad y seguridad. Un Estado fuerte debe garantizar ambas. Debe proteger al menor vulnerable. Debe ayudar a quien realmente necesita protección. Debe perseguir al que delinque. Debe controlar sus fronteras. Y debe proteger a sus ciudadanos. Todo al mismo tiempo.

Ceuta no puede esperar un año. Este es el mensaje que debería llegar hasta Madrid: Ceuta no puede esperar un año. No podemos convertir miles de expedientes administrativos en el reloj que determine cuándo recuperará la ciudad su normalidad. Porque mientras un expediente pasa de una mesa a otra, hay negocios perdiendo dinero. Mientras llega una resolución administrativa, hay familias preocupadas. Mientras discutimos competencias, hay jóvenes que sienten miedo. Mientras los políticos intercambian declaraciones, Ceuta continúa pagando la factura. Una factura económica que puede acercarse a 28 millones de euros. Pero también una factura social imposible de calcular. La del verano perdido. La de la Feria perdida. La de los negocios perjudicados. La de las familias preocupadas. La de los niños que no han disfrutado como deberían. La de las mujeres que sienten inseguridad. La de las jóvenes que miran hacia atrás cuando regresan a casa. Y la de una ciudad que tiene la sensación de haber sido abandonada precisamente cuando más necesitaba al Estado.

Ceuta es España para todo. Para pagar impuestos. Para cumplir las leyes. Para votar. Para defender nuestra soberanía. Para aparecer en el mapa. Entonces también tiene que ser España cuando llegan los problemas.

Y quizá ha llegado el momento de formular al Gobierno una pregunta que no puede contestarse hablando simplemente de expedientes: ¿Qué tendría que ocurrir para que el Gobierno de España considere que Ceuta está viviendo una situación suficientemente extraordinaria como para adoptar una respuesta igualmente extraordinaria?