Las recientes manifestaciones del ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, reivindicando lasoberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla representan una inaceptable intromisión en la integridadterritorial de España y perturban las relaciones entre dos países llamados a cooperar en seguridad,comercio, lucha contra el narcotráfico y gestión ordenada de los movimientos migratorios.

 

Frente a estas declaraciones, la posición de España debe ser clara, firme e inequívoca: la soberaníaespañola sobre Ceuta y Melilla no es objeto de negociación. Esta firmeza debe extenderse a Canarias, a lasislas y peñones de soberanía española y a los espacios marítimos que correspondan a España conforme al Derecho internacional.

 

 

Ceuta, Melilla y Canarias son España. La integridad territorial

de España no se negocia.

 

 

 

Una soberanía histórica, jurídica y democrática Ceuta y Melilla forman parte integral del territorio español. Cuentan con población española, instituciones democráticas y sus respectivos estatutos de autonomía. No son territorios pendientes de descolonización ni enclaves sometidos a una administración provisional. Su pertenencia a España es, además, históricamente anterior a la constitución del actual Estado marroquí.

 

Canarias constituye una comunidad autónoma española plenamente integrada en el orden constitucional, político y territorial de España y de la Unión Europea. Su condición española tampoco puede ser cuestionada directa o indirectamente.

 

Las cuestiones relativas a la delimitación de aguas territoriales, zonas económicas exclusivas y plataformas continentales deben resolverse mediante el Derecho internacional y acuerdos entre Estados soberanos, nunca mediante amenazas, presiones migratorias, declaraciones unilaterales o políticas de hechos consumados.

 

 

Una respuesta diplomática firme

 

España debe trasladar formalmente al Gobierno de Marruecos que las declaraciones de un miembro de su Ejecutivo cuestionando la soberanía española resultan incompatibles con una relación bilateral basada en la confianza. El Gobierno español debe presentar una protesta diplomática, solicitar una aclaración oficial a Rabat y exigir que la soberanía de Ceuta y Melilla deje de plantearse, directa o indirectamente, en cualquier reunión bilateral.

 

Esta exigencia debe extenderse a Canarias y a los demás territorios españoles del norte de África. Marruecos debe abstenerse de formular cualquier pretensión territorial, política o administrativa sobre Ceuta, Melilla, Canarias, las islas y peñones españoles o sus espacios marítimos.

 

España también debe reclamar a las instituciones europeas una declaración inequívoca: la integridad territorial española es una cuestión europea. Ceuta, Melilla y Canarias forman parte de un Estado miembro y son esenciales para la seguridad y la proyección mediterránea, atlántica y africana de la Unión.

 

 

La inmigración no puede ser un instrumento de presión

 

Las reivindicaciones territoriales resultan especialmente graves cuando coinciden con crisis fronterizas, debilitamiento de controles, campañas de desinformación y movimientos masivos de personas. España y Europa tienen la obligación de respetar los derechos humanos y atender individualmente a quienes soliciten protección internacional. Sin embargo, esa obligación no significa aceptar que los movimientos de población se utilicen para desbordar una frontera o condicionar decisiones políticas.

 

No existen personas ilegales, sino entradas o permanencias irregulares. Esta precisión no impide actuar con firmeza contra quienes organizan, financian o facilitan esos movimientos, ni ejecutar retornos cuando una persona no reúna los requisitos para permanecer en España, siempre con garantías legales y respeto a la dignidad humana.

 

 

Un Área Europea de Seguridad y Protección Fronteriza

España debe promover un Área Europea de Seguridad y Protección Fronteriza de Ceuta, Melilla y el Estrecho, bajo soberanía, jurisdicción y dirección españolas, con participación operativa y financiera permanente de la Unión Europea. El sistema debe completarse con una estrategia específica para Canarias y la ruta atlántica.

 

El Estado debe asumir una coordinación administrativa reforzada de frontera, inmigración, documentación, seguridad, protección civil e infraestructuras críticas, respetando las competencias autonómicas y municipales, pero asegurando una dirección unificada en materias de soberanía, defensa y seguridad nacional.

 

 

Elementos fundamentales

 

• Presencia estructural de Frontex en Ceuta y Melilla y medios suficientes para la ruta atlántica hacia Canarias.

 

• Centro conjunto con Policía Nacional, Guardia Civil, Fuerzas Armadas dentro de sus competencias, Frontex, Europol, Aduanas, Salvamento Marítimo, autoridades portuarias, protección civil e inteligencia.

 

• Vigilancia mediante radares, sensores, drones, satélites y plataformas europeas de intercambio de información.

 

• Protocolos automáticos ante concentraciones masivas, campañas de desinformación, salidas de embarcaciones o amenazas a infraestructuras críticas.

 

• Equipos de identificación, atención sanitaria, protección de menores, asilo y retornos con garantías.

 

• Programa europeo de inversión en conectividad, agua, energía, puertos, sanidad, vivienda, educación e infraestructuras estratégicas.

 

 

Bases conjuntas permanentes de seguridad en Marruecos

 

El Área Europea de Seguridad debe complementarse con un acuerdo entre España y Marruecos, respaldado por la Unión Europea, para establecer bases conjuntas permanentes de seguridad y centros avanzados de coordinación en los principales puntos calientes situados dentro de territorio marroquí.

 

Estas instalaciones solo podrían establecerse con el consentimiento expreso de Marruecos y mediante un tratado que definiera competencias, jurisdicción, cadena de mando, intercambio de información, régimen del personal y garantías. No serían bases destinadas a ejercer control territorial, sino centros dirigidos por las autoridades marroquíes e integrados por enlaces españoles y, cuando proceda, Frontex, Europol y otras agencias europeas.

 

Su despliegue debería priorizar las áreas próximas a Ceuta y Melilla, los puertos y rutas logísticas del norte de Marruecos, las costas del Estrecho, los puntos de salida hacia Canarias y los corredores usados por redes de inmigración irregular, narcotráfico, tráfico de armas, trata y contrabando.

 

 

 

Funciones operativas de las bases conjuntas

 

1. Detección temprana

Los equipos analizarían movimientos anormales de personas, embarcaciones y vehículos para intervenir antes de que se produzcan avalanchas, enfrentamientos o naufragios, y para neutralizar campañas de desinformación utilizadas por redes criminales.

 

2. Lucha contra las mafias

España, Marruecos, Europol y Frontex compartirían información para identificar organizadores, financiadores y transportistas. La respuesta debe perseguir la estructura económica, bloquear cuentas, intervenir comunicaciones y actuar contra quienes obtienen beneficios de la desesperación humana.

 

3. Combate al narcotráfico

El Estrecho y las rutas atlánticas son utilizados para el tráfico de hachís, cocaína, drogas sintéticas, armas y capitales ilícitos. Las bases coordinarían operaciones contra embarcaciones rápidas, buques, vehículos, drones y contenedores. El objetivo no es solo interceptar cargamentos, sino desmantelar organizaciones, identificar dirigentes e intervenir sus bienes.

 

4. Vigilancia marítima y aérea

Ambos países desarrollarían una imagen operativa compartida mediante radares, drones, satélites y patrullas. Cada Estado actuaría dentro de su jurisdicción, compartiendo información en tiempo real para impedir que las redes aprovechen los límites territoriales

 

5. Investigación y cooperación judicial

Las autoridades constituirían unidades permanentes para investigar delitos transnacionales, agilizar el intercambio de pruebas, localizar bienes, realizar entregas controladas y ejecutar órdenes judiciales.

 

6. Protección de vidas humanas

La detección anticipada de salidas peligrosas permitiría activar rescates antes de los naufragios y evitar que personas vulnerables sean enviadas hacia travesías precarias o entradas masivas.

 

7. Control de puertos y mercancías

La cooperación reforzaría la inspección de contenedores, el análisis aduanero, la trazabilidad de mercancías y la detección de drogas, armas, dinero ilícito, vehículos robados, contrabando y personas ocultas.

 

8. Alertas inmediatas

Los centros activarían una respuesta coordinada ante concentraciones, campañas de desinformación u operaciones criminales antes de que la amenaza alcance la frontera española.

 

9. Asilo y retorno con garantías

Quienes soliciten protección internacional recibirían un examen individualizado. Quienes no tengan derecho a permanecer en Europa serían retornados mediante procedimientos legales, seguros y respetuosos con su dignidad.

 

10. Supervisión europea

La financiación europea debe vincularse a resultados verificables: vigilancia efectiva, lucha contra las mafias, cooperación en retornos, protección de menores y respeto de los derechos fundamentales. Los acuerdos necesitan auditorías, indicadores transparentes y mecanismos para condicionar la financiación.

 

 

 

Un Espacio Europeo de Seguridad del Estrecho y el Atlántico

 

España debe impulsar un Espacio Europeo de Seguridad del Estrecho y el Atlántico basado en la protección permanente de Ceuta y Melilla; la seguridad reforzada de Canarias; la cooperación verificable con Marruecos; y la participación directa de la Unión Europea.

 

Esta colaboración debe someterse a una condición política fundamental: Marruecos debe respetar inequívocamente la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y Canarias, así como sobre las islas y peñones españoles, y abstenerse de utilizar reivindicaciones territoriales, decisiones marítimas unilaterales o presiones migratorias como instrumentos de negociación.

 

 

Reforzar el eje hispano-portugués de seguridad atlántica

El dispositivo no puede limitarse al Estrecho ni concebirse únicamente desde una perspectiva española. España y Portugal comparten la fachada atlántica de la península ibérica, rutas marítimas estratégicas, espacios portuarios interconectados y una responsabilidad común en la protección de la frontera suroccidental de Europa.

 

El desplazamiento de las redes de inmigración irregular, narcotráfico, trata de personas o contrabando hacia rutas más occidentales podría trasladar la presión a las costas portuguesas. Prevenir esa extensión exige reforzar desde ahora la relación hispano-portuguesa e integrar a Portugal en el mismo sistema europeo de vigilancia, inteligencia y respuesta.

 

 

Un mecanismo ibérico permanente

España y Portugal deberían constituir un mecanismo permanente de seguridad marítima y fronteriza, conectado con Frontex, Europol, la Agencia Europea de Seguridad Marítima y los centros nacionales de coordinación. Este dispositivo debe abarcar las costas continentales de ambos países, el golfo de Cádiz, el litoral atlántico marroquí y los espacios próximos a Canarias, Madeira y las Azores, siempre dentro de la jurisdicción de cada Estado y conforme al Derecho internacional.

 

• Intercambio en tiempo real de información marítima, policial, aduanera y de inteligencia.

 

• Patrullas y ejercicios coordinados, protocolos comunes de alerta y capacidad conjunta de búsqueda y salvamento.

 

• Coordinación entre puertos españoles y portugueses para detectar drogas, armas, capitales ilícitos, contenedores sospechosos y redes logísticas criminales.

 

• Equipos conjuntos de investigación financiera y judicial contra organizaciones que operen entre África, la península ibérica y el resto de Europa.

 

• Plan ibérico de contingencia para impedir que el cierre de una ruta provoque el desplazamiento descontrolado de los flujos hacia otra costa.

 

La cooperación con Marruecos debe incorporar esta dimensión ibérica. España y Portugal, con el respaldo de la Unión Europea, deben actuar como socios estratégicos para asegurar el Estrecho y el Atlántico oriental, evitar vacíos operativos y garantizar que ninguna organización criminal pueda aprovechar diferencias de medios, legislación o coordinación entre las dos costas peninsulares.

 

 

Cooperación sí; ambigüedad territorial, no

 

España debe mantener una relación constructiva y estratégica con Marruecos. Ambos países comparten intereses económicos, energéticos, comerciales, sociales y de seguridad. Pero una cooperación auténtica exige reciprocidad.

 

No se puede solicitar financiación, tecnología y apoyo europeo mientras se cuestiona la integridad territorial de un Estado miembro. Ceuta, Melilla y Canarias no deben ser tratadas como periferias incómodas ni como simples plataformas de contención de crisis.

 

Ceuta, Melilla y Canarias no se negocian. Defenderlas significa defender España. Proteger el Estrecho y el Atlántico significa proteger Europa.

 

 

Ludovico López Cadé

Le Citoyen - Association loi 1901

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