La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha rechazado frontalmente las acusaciones de malos tratos y agresiones contra agentes españoles incluidas en el informe preliminar del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, fechado el 8 de agosto. La organización sostiene que el documento no aporta pruebas concretas que permitan atribuir esas actuaciones a miembros de la Guardia Civil.

AUGC señala que el informe no identifica a ningún agente, no aporta partes médicos atribuidos a guardias civiles, denuncias presentadas ante tribunales españoles ni imágenes que acrediten las acusaciones. Además, cuestiona que los testimonios procedan de personas ya retornadas a Marruecos y que hayan sido recogidos por un organismo dependiente de la Administración marroquí sin contraste independiente.

Uno de los principales argumentos de la asociación es que los episodios fronterizos del 30 y 31 de julio estuvieron sometidos a una enorme presencia de teléfonos móviles, cámaras de seguridad y medios de comunicación. AUGC recuerda que miles de imágenes de aquellos días circularon por las redes sociales y sostiene que, pese a ello, no ha aparecido ninguna grabación que demuestre los supuestos malos tratos denunciados.

La asociación destaca además que el propio informe marroquí reconoce que uno de los vídeos difundidos contra un agente de la Guardia Civil había sido manipulado mediante inteligencia artificial. También habría identificado como prueba de lesiones una fotografía que no correspondía con los hechos investigados. Para AUGC, estas circunstancias cuestionan la solidez de las acusaciones formuladas contra los agentes españoles.

En paralelo, AUGC vuelve a reclamar la implantación generalizada de cámaras personales para los guardias civiles. La asociación considera que estos dispositivos permitirían proteger tanto a los ciudadanos como a los propios agentes frente a actuaciones irregulares, denuncias falsas, grabaciones manipuladas o imágenes descontextualizadas, siempre con garantías sobre el uso, custodia y protección de los datos.

La organización también cuestiona algunos datos incluidos en el informe sobre la situación durante la crisis fronteriza y destaca que el propio documento reconoce una escalada de los intentos de entrada desde mediados de junio, especialmente a partir del 14 de julio. Según AUGC, el informe señala además la existencia de numerosos grupos en redes sociales utilizados para coordinar desplazamientos, rutas, preparación de los cruces y comunicaciones entre los participantes.

Frente a las acusaciones, AUGC reclama al Gobierno de España una respuesta institucional "por escrito y con firmeza" y respaldo público para los agentes que participaron en el dispositivo. La asociación exige además que cualquier denuncia concreta sea presentada ante la justicia española para que pueda investigarse y depurarse, en su caso, cualquier responsabilidad individual que llegue a acreditarse.

Finalmente, AUGC reclama un refuerzo estructural de la Guardia Civil en Ceuta, más medios y protocolos escritos y la ampliación de las capacidades de vigilancia e información. La asociación recuerda que durante la crisis los agentes actuaron durante horas en el agua para rescatar a personas y recuperar cadáveres y sostiene que su actuación está documentada por numerosas imágenes. Para AUGC, los guardias civiles necesitan medios y respaldo institucional, no acusaciones generales sin pruebas.