JUCIL, la asociación profesional de la Guardia Civil, ha rechazado de forma categórica las acusaciones recogidas en un informe del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de Marruecos sobre supuestos malos tratos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas durante la crisis fronteriza de Ceuta. La organización ha expresado su respaldo a los agentes que participaron en el dispositivo y que continúan trabajando para recuperar la normalidad en la ciudad autónoma.

La asociación sostiene que los guardias civiles desempeñaron sus funciones en un escenario de elevada exigencia operativa, con el objetivo de proteger a la población, prestar auxilio y garantizar la integridad de una frontera que forma parte del territorio español y de la Unión Europea. JUCIL considera que las actuaciones desarrolladas se ajustaron al marco legal español y europeo y a los protocolos establecidos.

Frente a las acusaciones formuladas por el organismo marroquí, JUCIL defiende que cualquier eventual responsabilidad debe determinarse mediante pruebas y a través de los mecanismos institucionales y judiciales correspondientes, y no mediante imputaciones generales contra los agentes. La asociación recuerda que la actuación de la Guardia Civil está sometida al ordenamiento jurídico y a diferentes mecanismos de control y supervisión.

En este sentido, JUCIL destaca que España está integrada en los principales sistemas internacionales de protección de los derechos humanos y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están sometidas al control de los juzgados y tribunales, el Parlamento, el Defensor del Pueblo y otros organismos de supervisión. También recuerda que España está sujeta a la jurisdicción de instituciones internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La asociación reivindica además la trayectoria de la Guardia Civil como institución de servicio público y auxilio a la ciudadanía y considera necesario preservar el honor y la reputación profesional de los agentes destinados en la frontera. JUCIL reclama para estos efectivos medios materiales suficientes, instrucciones claras y respaldo institucional para afrontar situaciones de especial complejidad con seguridad jurídica.

JUCIL pide asimismo a las instituciones españolas un posicionamiento claro en defensa de la labor desarrollada por los agentes durante la crisis migratoria de Ceuta. La organización considera que las relaciones y la cooperación en materia migratoria y fronteriza deben desarrollarse desde el rigor, la veracidad y el respeto a los cauces institucionales.

El secretario general de JUCIL, Ángel Lezcano, ha asegurado que la asociación mantendrá una postura firme frente a cualquier intento de atribuir a los guardias civiles responsabilidades por situaciones operativas que, según sostiene, no han provocado los propios agentes. Lezcano reivindica el papel de la Guardia Civil como garante del servicio público, la legalidad y la protección de los derechos de la ciudadanía.

Finalmente, JUCIL reitera su compromiso con los valores constitucionales y la defensa de los derechos humanos, al tiempo que anuncia que continuará defendiendo el honor profesional de los guardias civiles frente a acusaciones globales que, a su juicio, no estén respaldadas por pruebas suficientes.