Marruecos reclama a sus menores. Los quiere de vuelta. Y España, mientras tanto, prepara su reparto por las comunidades autónomas.

La pregunta sería: ¿tiene el Gobierno de Pedro Sánchez intención de devolver a Marruecos a los menores que puedan regresar legalmente y con todas las garantías?

Porque hasta ahora el mensaje que llega desde Madrid parece ser otro: repartir, derivar y trasladar el problema de Ceuta al resto de España.

Nadie está planteando que se devuelva a un menor sin garantías. Nadie puede defender devoluciones colectivas ni ignorar el interés superior del niño. Pero tampoco resulta razonable que, cuando el propio país de origen reclama a sus menores, la primera y casi única respuesta política sea buscarles acomodo en otras comunidades españolas.

Marruecos debe asumir su responsabilidad como país de origen. Y España debe exigirla.

Durante años, Marruecos ha demostrado que la inmigración puede convertirse en un arma de presión contra España. Ceuta lo sabe bien. Los menores también fueron utilizados en aquella estrategia.

Ahora corremos el riesgo de asistir a la otra cara de la moneda: que esos mismos menores sean utilizados políticamente dentro de España.

Porque el Gobierno parece haber encontrado un nuevo terreno para la batalla partidista: quien cuestiona el reparto es presentado como insolidario, inhumano o racista; quien reclama más control fronterizo es colocado automáticamente en el lado de los “malos”.

Así se evita discutir lo esencial. ¿Por qué llegaron miles de menores? ¿Dónde están sus familias? ¿Está Marruecos dispuesto a hacerse cargo de ellos? ¿Qué menores pueden regresar legalmente y con garantías? Y, sobre todo, ¿por qué el Gobierno habla tanto de repartirlos y tan poco de exigir responsabilidades al país del que proceden?

La solidaridad entre españoles es necesaria. Pero Ceuta no puede convertirse en la puerta de entrada y las comunidades autónomas en la solución permanente de los problemas migratorios provocados en la frontera.

Tampoco se puede utilizar a los menores para enfrentar territorios contra territorios o al Gobierno contra la oposición.

Antes Marruecos utilizó a los menores como arma geopolítica. España no debería utilizarlos ahora como arma política.

Los menores no son mercancía diplomática. Pero tampoco son munición electoral. Son menores. Y precisamente por eso merecen algo que esta crisis está echando en falta: una política seria, responsable y sin intereses partidistas.