La alerta vuelve a elevarse en Ceuta. Mientras las Fuerzas Armadas, policías nacionales, locales y la Guardia Civil adoptan medidas extraordinarias para garantizar que el máximo número posible de efectivos permanezca operativo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, continúa de vacaciones y mantiene en su agenda la presencia en el Observatorio de Yebes, en Guadalajara, para seguir el eclipse solar total del próximo 12 de agosto.

El contraste resulta especialmente llamativo en una ciudad que apenas diez días después de la entrada masiva registrada a finales de julio continúa intentando recuperar la normalidad y que vuelve a estar bajo la amenaza de una nueva tentativa de cruce masivo desde Marruecos.

El Ministerio de Defensa ha ordenado cancelar los permisos de los militares destinados en Ceuta a partir del próximo jueves 13 de agosto y hasta nueva orden. La medida implica que los efectivos que se encuentren disfrutando de sus vacaciones fuera de la ciudad deberán reincorporarse, salvo las excepciones debidamente justificadas y autorizadas. La decisión responde al riesgo de una nueva entrada multitudinaria y a los llamamientos que circulan en redes sociales para intentar cruzar nuevamente la frontera el 15 de agosto.

La Guardia Civil ha adoptado una decisión similar. La Dirección General ha suspendido la concesión de vacaciones y permisos en las comandancias de Ceuta y Melilla ante el riesgo de nuevas entradas masivas. El propio Instituto Armado reconoce que el esfuerzo operativo se había visto mermado durante el periodo estival por la reducción de efectivos disponible, una circunstancia que ahora se pretende corregir reforzando la presencia de agentes.

La decisión tiene además un elemento especialmente significativo: la Guardia Civil considera que la amenaza que circula en redes no es simplemente un rumor y que existe un escenario que requiere aumentar la disponibilidad operativa. La suspensión de permisos constituye, por tanto, una medida excepcional para garantizar capacidad de respuesta ante una eventual nueva crisis.

En el caso de la Policía Local, la normativa de la Ciudad ya contempla que los turnos de vacaciones puedan modificarse cuando las necesidades del servicio lo impidan. 

Los agentes se quedan; el presidente sigue de vacaciones

La imagen que traslada a la opinion pública estas decisiones resulta harto difícil de ignorar: militares, policias y guardias civiles tienen que alterar sus planes personales y regresar a sus puestos para afrontar una situación considerada suficientemente grave como para exigir la máxima disponibilidad operativa, mientras la Presidencia del Gobierno mantiene la agenda estival de Pedro Sánchez y los ceuties se ven sometido a un verano luctuoso, de tension, de miedos, de inseguridad, de falta de libertad y de permanentes sonidos de sirenas por la ciudad.

La Moncloa anunció oficialmente que el presidente había impulsado en julio la coordinación del dispositivo estatal relacionado con el eclipse del 12 de agosto y que el Observatorio de Yebes, en Guadalajara, ha sido designado como centro oficial de seguimiento del fenómeno.

La cuestión no es, evidentemente, el eclipse. El problema político es otro: qué prioridad concede el presidente del Gobierno a una crisis que afecta directamente a territorio español cuando las instituciones de seguridad están adoptando medidas extraordinarias ante la posibilidad de una nueva entrada masiva.

Mientras los uniformados reciben órdenes para permanecer disponibles, en Ceuta sigue pendiente una respuesta política de máxima intensidad: recursos extraordinarios, refuerzo permanente de las plantillas, mecanismos eficaces para acelerar las devoluciones, protección de la frontera y medidas jurídicas que permitan afrontar las consecuencias de la crisis.

El propio Gobierno ha reconocido la dimensión extraordinaria del problema. Este lunes, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, elevó a unas 80.000 las personas que habrían cruzado desde Marruecos durante la crisis y admitió que, de no haberse producido el retorno de la mayoría, Ceuta habría quedado en una situación de colapso total.

¿Dónde está la respuesta política a Marruecos?

Y es precisamente en este punto donde la actuación del Ejecutivo plantea interrogantes, difíciles de entender. Si España considera que existe riesgo de una nueva entrada masiva desde Marruecos, la respuesta no puede limitarse a reforzar a quienes están en primera línea de la frontera. Los militares, policías y guardias civiles pueden contener físicamente una crisis, pero no pueden resolver por sí solos el problema diplomático y político que existe detrás de ella.

Por eso resulta legítimo preguntarse qué está haciendo el Gobierno directamente con Rabat. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, tiene precisamente entre sus responsabilidades la política exterior española y la relación con otros Estados. Y Marruecos es, en este caso, el país desde cuyo territorio se produce el movimiento de personas que termina afectando a una frontera española.

La respuesta diplomática debería estar, por tanto, sobre la mesa con toda su intensidad: contacto directo con Rabat, exigencia de responsabilidades, garantías verificables de control de la frontera marroquí y, si la gravedad de los acontecimientos lo justificara, medidas diplomáticas de mayor contundencia.

También cabe preguntarse por qué no se ha planteado una llamada a consultas de la embajadora de Marruecos en España como gesto político ante una situación de semejante magnitud. No sería una solución por sí misma, pero sí constituiría una señal inequívoca de que España considera inadmisible que una frontera nacional vuelva a quedar sometida a una situación de estas características. ¿Pero qué hace Albares en Ceuta?. Se auncia su visita para mañana. ¿Es necesario que acuda el canciller a un territorio interno español?, también es difícil de entender.

Ceuta vuelve a quedar en primera línea

La situación actual des paradójica: las instituciones que están físicamente sobre el terreno actúan como si el riesgo fuera real, mientras la dirección política del Estado mantiene una normalidad inentendible.

La Guardia Civil y la policía cancela permisos. Defensa cancela vacaciones. Los dispositivos de seguridad se refuerzan. Las autoridades locales reclaman medios. Y los llamamientos a una nueva entrada masiva obligan a preparar nuevamente el escenario del 15 de agosto.

En Madrid, sin embargo, el debate político parece avanzar a otro ritmo. El Gobierno tiene todavía la oportunidad de demostrar que la respuesta al episodio de finales de julio no consiste únicamente en devolver a la mayor parte de quienes entraron, sino en impedir que la frontera española vuelva a ser utilizada como escenario de una operación masiva.

La verdadera prueba para el Ejecutivo no será explicar después cuántas personas consiguieron devolver las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ceuta espera que quien tiene la máxima responsabilidad política del Estado asuma también, con la misma contundencia, la responsabilidad de estar al frente de la crisis. Con ello, convocando a las Cortes para regular y adaptar normativas de inmediata aplicación en Extranjería, Asilo, Menores entre otras.