El Partido Popular ha solicitado la habilitación del Senado durante el mes de agosto para debatir de forma urgente la situación de seguridad e inmigración registrada en Ceuta y reclamar al Gobierno de España explicaciones sobre los hechos ocurridos y las medidas previstas para evitar que se repitan episodios similares.

La formación considera que la gravedad de los acontecimientos requiere una respuesta inmediata en sede parlamentaria y ha pedido al presidente del Gobierno que comparezca para dar cuenta de la actuación del Ejecutivo.

Según recuerda el Grupo Popular, el pasado 31 de julio ya solicitó la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, una petición que, asegura, no fue atendida.

En esta ocasión, el PP plantea que la Cámara Alta habilite el periodo estival para celebrar, al menos, las comisiones de Defensa, Interior, Asuntos Exteriores y Seguridad Nacional, con el objetivo de analizar lo sucedido y depurar posibles responsabilidades políticas.

La iniciativa se extiende también al Congreso. El Grupo Popular reclama a la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, la convocatoria urgente de la Diputación Permanente para habilitar esas mismas comisiones y permitir la comparecencia de los ministros competentes.

El partido sostiene que el Gobierno debe informar con transparencia sobre los hechos ocurridos en Ceuta, explicarlas decisiones adoptadas y concretar las medidas que prevé aplicar para reforzar la seguridad de la frontera, especialmente ante las informaciones sobre nuevas convocatorias difundidas a través de redes sociales.

Además, el Grupo Popular en el Congreso ha registrado la solicitud de comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Esperanza Casteleiro, ante la Comisión de Secretos Oficiales. El objetivo, según el partido, es que informen sobre la información previa disponible, la actuación de los servicios de inteligencia y la respuesta desarrollada por el Ejecutivo.

El PP insiste en que la situación exige presencia institucional, rendición de cuentas y una respuesta firme por parte del Gobierno. A su juicio, Ceuta no puede quedar a la espera de explicaciones ante una crisis que afecta directamente a la seguridad de España y a la frontera sur de la Unión Europea.