Hay momentos en los que la permanencia de un responsable político deja de ser una cuestión de confianza parlamentaria para convertirse en un problema de credibilidad institucional. Fernando Grande-Marlaska ha llegado hace tiempo a ese punto. Lo sucedido en Ceuta no representa un episodio aislado ni una crisis sobrevenida imposible de prever; constituye, a juicio de este periódico, la confirmación definitiva de una forma de gestionar el Ministerio del Interior marcada por la improvisación, la insuficiencia de medios y la incapacidad para responder con eficacia cuando España más lo necesita.

La crisis sufrida por Ceuta ha puesto de manifiesto carencias que no pueden ocultarse con ruedas de prensa, cifras discutibles o discursos autocomplacientes. Mientras miles de personas cruzaban la frontera y la ciudad se veía desbordada, policías nacionales y guardias civiles volvieron a soportar el peso de una emergencia sin los recursos humanos y materiales que exigía una situación de semejante magnitud. Fueron los agentes quienes sostuvieron la primera línea, una vez más, mientras las decisiones políticas llegaban tarde o resultaban claramente insuficientes.

No es la primera vez que ocurre. Desde hace años, las asociaciones profesionales y los sindicatos policiales vienen denunciando la falta de medios, el desgaste de las plantillas y una política de Interior que, lejos de reforzar las capacidades operativas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ha ido acumulando decisiones profundamente cuestionadas por quienes desempeñan el trabajo sobre el terreno.

La desaparición del OCON Sur, unidad que había obtenido importantes resultados en la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar, fue interpretada por numerosos especialistas y representantes policiales como un paso atrás en la estrategia contra el crimen organizado. A ello se suma una constante sensación de abandono entre quienes deben enfrentarse diariamente a redes criminales cada vez mejor organizadas y dotadas de mayores recursos.

Resulta igualmente preocupante que, ante una crisis de la dimensión vivida en Ceuta, el ministro haya tratado de descargar responsabilidades apuntando hacia los servicios de inteligencia. Cuando un titular de Interior parece buscar explicaciones fuera de su propio departamento en lugar de asumir plenamente la responsabilidad política que le corresponde, transmite una imagen de debilidad institucional que difícilmente fortalece la confianza de los ciudadanos.

Tampoco ayuda la percepción, ampliamente extendida entre numerosos agentes, de que el respaldo del ministro se concentra en las altas estructuras de mando designadas por el propio poder político, mientras las reivindicaciones de quienes patrullan las calles, vigilan las fronteras o combaten el crimen organizado siguen encontrando escasa respuesta. Esa sensación, compartida por buena parte de los representantes profesionales, ha deteriorado gravemente la relación entre el Ministerio y quienes constituyen el verdadero pilar de la seguridad pública.

Los éxitos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan produciéndose gracias a la profesionalidad, el sacrificio y la vocación de miles de policías nacionales y guardias civiles. Pero precisamente por respeto a ellos resulta exigible una dirección política que esté a la altura de su esfuerzo. No basta con elogiar su trabajo después de cada crisis; es imprescindible dotarlos de efectivos suficientes, medios adecuados, respaldo institucional y planificación.

Ceuta continúa afrontando las consecuencias de una crisis cuya gestión sigue generando numerosas preguntas. Lo ocurrido ha evidenciado la vulnerabilidad de la frontera sur de Europa y la necesidad de una política de Interior firme, previsora y eficaz. Cuando las respuestas llegan tarde, cuando los recursos son insuficientes y cuando la responsabilidad política se diluye entre explicaciones y excusas, alguien debe asumir las consecuencias.

Fernando Grande-Marlaska fue juez antes que ministro. Precisamente por ello cabía esperar un especial sentido de la responsabilidad institucional. Sin embargo, tras años de polémicas, de enfrentamientos con buena parte de los representantes policiales, de decisiones discutidas y de una gestión que ha acumulado un profundo desgaste, su continuidad al frente del Ministerio del Interior parece difícilmente justificable desde una perspectiva de eficacia política.

Un ministro del Interior no puede limitarse a resistir. Debe garantizar que quienes protegen a los ciudadanos dispongan de los medios necesarios para hacerlo y asumir la responsabilidad cuando el sistema falla. En Ceuta, ese compromiso ha quedado seriamente cuestionado.

Por dignidad institucional, por respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por la seguridad de todos los españoles, ha llegado el momento de que Fernando Grande-Marlaska dé un paso al lado.