Entre el 30 y el 31 de julio de 2026, entre 50.000 y 60.000 personas cruzaron a Ceuta en menos de 24 horas  la cifra más alta jamás registrada en un episodio de este tipo. Fuentes policiales hablan de más de 73.000 personas movilizadas hacia la frontera norte, con al menos 88 fallecidos en la zona costera según el Observatorio del Norte de Derechos Humanos. La Guardia Civil llevaba avisando desde el 24 de julio una semana antes de una presión creciente que sus efectivos no podían contener. Ese aviso fue cursado. Y fue desatendido. Eso, por sí solo, ya debería costar responsabilidades políticas concretas, y no en Rabat: en Madrid.

Esto no fue un descontrol. Fue una decisión

Hay que dejar de llamar "crisis migratoria" a lo que fue una operación consentida y dirigida desde el lado marroquí de la frontera. La Guardia Civil detectó agentes de la inteligencia marroquí (DGED) infiltrados entre los migrantes, haciendo reconocimiento de tiempos de respuesta y puntos débiles del vallado español. Existen vídeos geolocalizados y verificados por Newtral, grabados en Ain Lhcen, provincia de Tetuán, donde se ve a agentes de la Gendarmería Real marroquí abriendo literalmente las puertas de la valla y señalando a los migrantes hacia territorio español. No hubo descontrol de las mafias. Hubo un Estado Marruecos facilitando, cronometrando y observando el resultado de una avalancha humana contra suelo español. Y no es la primera vez: en mayo de 2021 hizo exactamente lo mismo, con 8.000 personas, como represalia por la acogida hospitalaria a Brahim Ghali. Cinco años después, con diez veces más personas, el guion es idéntico. Esto ya no es un patrón: es una política de Estado marroquí hacia España, y hay que llamarla así, sin eufemismos diplomáticos.

Lo que Marruecos tiene que responder, y no en un comunicado

Marruecos recibe financiación europea específicamente destinada a controlar sus fronteras. Mantiene relaciones diplomáticas normalizadas con España. Y ha demostrado, dos veces en cinco años, que está dispuesto a convertir a decenas de miles de personas en munición cada vez que tiene una discrepancia con Madrid el Sáhara Occidental, la relación española con Argelia, cualquier excusa sirve. Eso no es política migratoria. Es coacción de un Estado contra otro, ejercida sobre cuerpos humanos como instrumento de presión, y merece ser tratada como lo que es en sede diplomática y ante las instituciones europeas, no disuelta en notas de prensa sobre "colaboración ejemplar y leal". Marruecos debe explicar, con hechos verificables y no con declaraciones, por qué su Gendarmería permaneció pasiva durante horas, qué instrucciones recibieron los agentes del DGED infiltrados, y qué consecuencia va a tener para los mandos que lo permitieron. Si no hay respuesta, España y la UE tienen la obligación de traducir esa falta de respuesta en consecuencias reales: condicionalidad de fondos, revisión de acuerdos de pesca y comercio, y una posición europea conjunta que deje de tratar cada episodio como un accidente aislado.

Y España, que deje de esconderse detrás de Marruecos

Exigir responsabilidades a Rabat sin exigírselas también a nuestro propio Gobierno sería la coartada más cómoda de todas. Esta es la segunda vez en cinco años que Ceuta queda expuesta de esta manera, y la pregunta no es retórica: ¿qué ha hecho el Gobierno español, desde 2021, para que esto no volviera a pasar? La respuesta, a la vista de lo ocurrido el 31 de julio, es que no ha hecho lo suficiente. Reforzar la valla y desplegar más militares no es una estrategia, es un parche que ya ha demostrado sus límites. Ceuta tiene más de 2.500 efectivos militares y uno de los vallados más reforzados de Europa, y aun así 60.000 personas cruzaron en un día. El problema no es de medios técnicos: es que la seguridad de una ciudad española sigue dependiendo por completo de la voluntad de un país que ya ha demostrado, dos veces, que la usará como arma cuando le convenga. Seguir gestionando esto como una emergencia puntual que se resuelve con un despliegue urgente y una rueda de prensa es, directamente, una renuncia a proteger a los ceutíes de forma estructural.

Ceuta no necesita más declaraciones de "colaboración ejemplar" ni más militares desplegados a toda prisa cuando ya es tarde. Necesita que su Gobierno diga, con hechos y no con comunicados, si va a exigir a Marruecos garantías verificables de que esto no se repetirá, o si va a seguir permitiendo que la ciudad pague la factura de una relación bilateral que España gestiona de rodillas. Esa es la pregunta que Ceuta lleva haciendo desde 2021, y que ningún Gobierno, del color que sea, ha respondido todavía con hechos.