La entrada masiva de miles de inmigrantes desde Marruecos ha dejado una profunda huella en Ceuta, donde todavía permanece el recuerdo de unas jornadas en las que la presión sobre la frontera desbordó los mecanismos habituales de control. La ciudad autónoma vivió durante horas una situación excepcional que alteró la rutina de sus vecinos y generó un clima de preocupación e incertidumbre que aún continúa.

Mientras Ceuta intenta recuperar progresivamente la normalidad tras la salida de una parte importante de las personas que accedieron a la ciudad, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado su periodo vacacional en plena crisis migratoria. El socialista ha tenido tiempo -y ganas- de compartir, además, en redes sociales una recomendación de su lista de reproducción para el verano.

El episodio, que según las estimaciones oficiales y locales ha supuesto la entrada de decenas de miles de personas, mantiene todavía entre 3.000 y 5.000 migrantes en territorio ceutí, según la cifra ofrecida por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en el programa 'La Mirada Crítica' de Telecinco, donde el popular ha revelado que le trasladó a Sánchez su decepción por la "tardía e insuficiente" respuesta del Estado.

La persistencia de esta situación ha provocado un incremento de las medidas de seguridad adoptadas por empresas y particulares. Instalaciones privadas, comercios y supermercados han reforzado sus sistemas de vigilancia mediante la contratación de seguridad privada, un sector que habría llegado a triplicar sus servicios en los últimos días ante la necesidad de garantizar la protección de trabajadores, clientes y bienes.

Paralelamente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y unidades militares continúan desplegadas en distintos puntos de la ciudad dentro del dispositivo activado tras la crisis. Los efectivos mantienen labores de vigilancia, apoyo y control con el objetivo de reforzar la seguridad fronteriza y acompañar a Ceuta en un proceso de recuperación que todavía no se da por cerrado.

Desde Marruecos, el Gobierno ha ofrecido su propia interpretación de los acontecimientos y ha atribuido la crisis a la actuación de las redes de trata de personas, la difusión de informaciones falsas en redes sociales y las interpretaciones generadas en torno a decisiones judiciales españolas sobre las devoluciones en frontera. Rabat ha defendido su respuesta durante el episodio y ha reclamado una gestión migratoria basada en la cooperación internacional y la responsabilidad compartida.