El Gobierno de Marruecos ha ofrecido su primera versión oficial sobre la crisis migratoria registrada en Ceuta, un episodio que, según Rabat, estuvo provocado por la acción de las redes de trata de personas, la difusión de informaciones falsas a través de redes sociales y la interpretación errónea de recientes decisiones judiciales en España.

El Ministerio del Interior marroquí sitúa en alrededor de 40.000 el número de personas que llegaron a la ciudad autónoma durante los días de mayor presión migratoria. Una cifra que difiere de la ofrecida por el Ejecutivo español, que elevó a más de 50.000 los cruces registrados, la mayoría de ellos con retorno posterior a Marruecos.

En su comunicado, las autoridades marroquíes aseguran que la crisis no fue consecuencia de hechos aislados, sino de una combinación de factores entre los que señalan la actividad de las organizaciones dedicadas al tráfico de personas y la circulación de mensajes engañosos que habrían generado expectativas entre quienes pretendían acceder a territorio español.

Rabat sostiene que la actuación de sus fuerzas de seguridad se desarrolló bajo un “enfoque proactivo e integral”, con un refuerzo de la vigilancia, la movilización de efectivos y la coordinación con las autoridades territoriales. Según el Gobierno marroquí, estas medidas permitieron controlar la situación, proteger vidas y garantizar la seguridad de las fronteras.

El balance aportado por Marruecos incluye once fallecidos en territorio marroquí durante los intentos de entrada, diez de ellos por ahogamiento y otro tras sufrir una caída en una zona rocosa próxima a Ceuta. Además, las autoridades del país vecino aseguran que impidieron la entrada a Melilla de 1.135 personas durante el mismo periodo.

El Gobierno marroquí señala que continúa colaborando con España para verificar la identidad y nacionalidad de las personas afectadas, así como para completar los procedimientos administrativos y humanitarios correspondientes. Al mismo tiempo, insiste en la necesidad de una respuesta conjunta ante la presión migratoria.

En este sentido, Rabat reclama un modelo basado en la “responsabilidad compartida”, la cooperación internacional y un reparto equilibrado de las cargas. Marruecos asegura que seguirá actuando como un socio “fiable y responsable” en la lucha contra la inmigración irregular y las redes de tráfico de personas, manteniendo la vigilancia de sus fronteras dentro del marco legal.