La peor fase de la crisis va quedando atrás. El comercio vuelve a abrir sus puertas, las calles del centro recuperan paulatinamente la normalidad y la sensación de control comienza a imponerse sobre la incertidumbre que durante días marcó la vida de la ciudad. Pero sería un error confundir esa mejoría con el final de la crisis. Entre otras cosas porque, además, nos hemos quedado sin nuestros festejos en honor a la Virgen de África,

Ceuta ha soportado una presión extraordinaria. Unas 60.000 de personas lograron acceder a la ciudad en un episodio que dejó en anécdota lo del año 21, y que tensionó los recursos públicos, obligó a desplegar dispositivos excepcionales y puso a prueba la paciencia de los ceutíes y la capacidad de respuesta de las administraciones. Frente a esa situación, quienes sostuvieron el peso de la emergencia fueron, una vez más, los servidores públicos.

La actuación del Cuerpo Nacional de Policía, de la Guardia Civil, de la Policía Local y de las unidades de la Comandancia General merece un reconocimiento expreso. Su trabajo fue decisivo para recuperar el control de la situación. Con profesionalidad, disciplina y una enorme capacidad de sacrificio, respondieron allí donde la política había llegado tarde, muy tarde.

Porque esa es la otra realidad de esta crisis.

Las decisiones que terminaron reforzando la seguridad de Ceuta fueron necesarias, pero llegaron cuando la ciudad ya había sufrido las consecuencias de una entrada masiva que desbordó los servicios de asistencia y obligó a improvisar soluciones de emergencia. Los efectivos desplegados demostraron eficacia; la reacción política, desde una perspectiva crítica, fue mucho más lenta, horrorosamente lenta.

Conviene recordarlo ahora que el peor momento parece haber pasado.

El éxito de un operativo no debe medirse únicamente por la recuperación del centro urbano. Aún permanecen numerosos inmigrantes en distintos puntos de Ceuta. Su presencia sigue siendo especialmente visible en algunos barrios periféricos, en las inmediaciones del CETI, en la Bahía Norte y en diversas zonas portuarias.

Mientras esa situación persista, la crisis no podrá darse por completamente cerrada. La normalidad será plena cuando toda la ciudad, y no solo su zona comercial, haya recuperado la estabilidad.

Pero la dimensión operativa es solo una parte del problema.

La otra afecta directamente a la política exterior, a la seguridad nacional y a la credibilidad institucional.

Durante su visita a Ceuta, el presidente del Gobierno evitó señalar expresamente a Marruecos y atribuyó lo sucedido a las mafias dedicadas al tráfico de personas. Nadie discute que esas organizaciones criminales desempeñan un papel relevante en los movimientos migratorios. Sin embargo, resulta legítimo preguntarse si esa explicación basta para comprender una movilización de semejante magnitud.

Es razonable plantear interrogantes. ¿Puede una concentración de miles de personas dirigidas hacia un mismo punto fronterizo producirse sin que existan factores adicionales? ¿Existían indicios previos que permitieran anticipar lo sucedido? ¿Se evaluó correctamente la evolución de los acontecimientos durante los días anteriores? ¿Se activaron con la rapidez necesaria todos los mecanismos de respuesta?

Responder a estas preguntas no supone desacreditar el trabajo de las instituciones. Al contrario, constituye un ejercicio necesario de rendición de cuentas en cualquier democracia.

También corresponde analizar si los servicios de inteligencia dispusieron de información suficiente para advertir la gravedad de la situación antes de que alcanzara las dimensiones conocidas. Si existieron señales de alerta, habrá que explicar cómo se gestionaron. Si no existieron, será igualmente necesario revisar los procedimientos de prevención y análisis para afrontar futuras crisis. pero es imnposible de creer que nuestros servicios de Inteligencia no hubieran alertado a quienes debían tomar decisiones. No nos lo creemos.

Ceuta no puede permitirse vivir permanentemente expuesta a episodios que comprometan su seguridad y alteren la vida cotidiana de sus ciudadanos. Su condición de frontera exterior exige planificación, capacidad de anticipación y una respuesta política acorde con la importancia estratégica que representa para España y para Europa. Frontex, en Ceuta pero ya.

Esta crisis deja una enseñanza clara.

Cuando las instituciones reaccionan tarde, son los profesionales sobre el terreno quienes sostienen el Estado. Policías nacionales, guardias civiles, policías locales y militares asumieron esa responsabilidad con una entrega que merece el reconocimiento de todos.

Ahora corresponde a la política estar a la altura de ese esfuerzo, no sabemos si dudarlo. Es más, lo dudamos.

No basta con agradecer el trabajo realizado cuando la emergencia ya ha pasado. Es imprescindible analizar qué falló, depurar las responsabilidades que correspondan si las hubiera, que las hay, reforzar los mecanismos de prevención y garantizar que Ceuta disponga de los medios necesarios para afrontar cualquier desafío futuro.

Las ciudades fronterizas no pueden vivir pendientes de la improvisación.

Ceuta ha demostrado una vez más su capacidad de resistencia. Ha sido la profesionalidad de quienes la protegen la que ha permitido recuperar la normalidad. Pero esa normalidad solo será completa cuando la ciudad deje de ser vulnerable a crisis de esta naturaleza y cuando las decisiones políticas estén a la altura del compromiso demostrado por quienes, con uniforme, defendieron y siguen defendiendo cada calle, cada barrio y cada rincón de la ciudad.