JUCIL, asociación profesional de la Guardia Civil, denuncia públicamente la grave crisis de seguridad y humanitaria que se está viviendo en Ceuta, así como el abandono absoluto en el que las autoridades del Estado español han dejado a la ciudadanía de Ceuta y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La asociación califica la situación actual como una "invasión orquestada", de la que no se ha visto nada igual en décadas, y exige una actuación inmediata y responsabilidades políticas directas al Gobierno de la Nación, al ministro del Interior y a la ministra de Defensa por su inacción, su falta de respuesta y la puesta en riesgo de las vidas de los propios inmigrantes. 

A juicio de JUCIL, resulta imprescindible articular los mecanismos adecuados de respuesta ante este escenario insostenible. Por ello, la asociación respalda explícitamente que se active la declaración de emergencia nacional al amparo de la normativa de Seguridad Nacional. Mientras Marruecos está dejando pasar a todo el mundo de forma indiscriminada y los inmigrantes están entrando por miles, las autoridades españolas mantienen a los militares encerrados en los cuarteles. Esta inacción deja el peso de la contención casi en exclusiva sobre los hombros de la Guardia Civil —que no puede actuar sola ante tal magnitud—, acompañada de intervenciones puntuales de algunos agentes de la Policía Nacional limitadas a la identificación.

Falta de medios materiales y humanos

Desde JUCIL ha estado advirtiendo estos últimos días que la presión migratoria se había trasladado de forma masiva al mar, especialmente a través de los espigones del Tarajal, Benzú y el Sarchal. Últimamente, la Guardia Civil ha estado interceptando entre 100 y 200 personas al día que intentaban acceder a Ceuta a nado, una cifra que hoy se está multiplicando por 50 y que obliga a destinar prácticamente todos los recursos disponibles a labores de rescate y atención humanitaria. 

La plantilla asignada en Ceuta resulta del todo insuficiente para afrontar este escenario: la Guardia Civil cuenta únicamente con 550 agentes en la ciudad, a los que se suman 5 efectivos de la Unidad de Actividades Subacuáticas (GEAS), 8 del Servicio Marítimo y un refuerzo puntual de 30 miembros del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS). Este personal operativo se encuentra tensionado al límite, una falta estructural de efectivos que se agrava durante los meses de verano debido al periodo vacacional. 

A esta escasez de personal se une el grave deterioro de los recursos materiales. El Servicio Marítimo desarrolla su labor con una flota claramente insuficiente y con embarcaciones que se encuentran mayoritariamente estropeadas o prestando servicio tras reparaciones improvisadas que no garantizan la seguridad de los propios agentes. Asimismo, la falta de vehículos adecuados obliga en ocasiones a utilizar medios de grandes dimensiones que no resultan operativos para la vigilancia y respuesta rápida que exige la frontera. 

Ceuta colapsada y un colectivo desbordado

A día de hoy, la presión sobre la ciudad ha sobrepasado todos los límites:

• Ciudad al límite y riesgo de asaltos, Ceuta se encuentra colapsada y sin víveres suficientes. Se están registrando ya robos en las casas y se teme que, cuando vean que no hay comida, vayan a asaltar los supermercados.
• Infraestructuras desbordadas, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) lleva días completamente superado y desbordado en su capacidad. 
• Riesgo para las vidas humanas, la combinación de normativas inadecuadas, el abandono institucional y el impulso del tránsito marítimo por parte del país vecino está poniendo en constante peligro las vidas tanto de los guardias civiles como de los propios migrantes. Cabe recordar que 27 personas han fallecido intentando alcanzar Ceuta por vía marítima, una cifra que refleja la extrema peligrosidad de estas travesías. 

"Salvar vidas siempre será la prioridad de la Guardia Civil. Pero esta situación está provocando que se reduzca la vigilancia frente al narcotráfico y otras actividades delictivas, lo que supone un importante riesgo para la seguridad de la frontera sur. Nuestros compañeros anteponen siempre el rescate de personas incluso por encima de su propia seguridad. Trabajan sin descanso para evitar que aumente el número de víctimas mortales en una de las fronteras más complejas de Europa", afirman desde JUCIL. 

Una normativa que pone en peligro vidas humanas y la baza de la devolución en caliente

JUCIL advierte de que el actual marco legal y determinadas sentencias judiciales están generando una desprotección de las fronteras y favoreciendo dinámicas que se traducen en trágicas pérdidas de vidas humanas. 

Ante esta situación, la asociación defiende que la única herramienta efectiva para disuadir la entrada irregular y proteger la vida de los migrantes es la aplicación de la devolución en caliente. "Es la única baza para que vean que por esa vía no pueden acceder a territorio español, evitando así que sigan lanzándose al mar en travesías de extrema peligrosidad", sostienen. Desde JUCIL insisten en que hay que defender las fronteras, ya que es una obligación soberana del Estado que no puede relegarse ni esquivarse. 

Medidas inmediatas exigidas al Gobierno de España

Ante la magnitud de esta crisis, JUCIL ha exigido al Gobierno de España en innumerables ocasiones la adopción inmediata de medidas que han caído en saco roto y que vuelve a reclamar ante la situación actual:

1. Refuerzo urgente de efectivos de la Guardia Civil, mediante el despliegue extraordinario de personal procedente de otras unidades, para garantizar el control efectivo de la frontera, la seguridad ciudadana y la protección de los propios agentes. 
2. Dotación inmediata de medios materiales suficientes, incluyendo embarcaciones, vehículos, drones, sistemas de vigilancia, cámaras térmicas, equipos de protección individual, material sanitario y cuantos recursos sean necesarios para afrontar una situación de esta magnitud. 
3. Activación de un dispositivo extraordinario de coordinación, bajo un mando operativo único que permita optimizar la actuación de todos los organismos implicados y garantizar una respuesta rápida, eficaz y coordinada, en el que se incluyan tanto al ejército como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
4. Activación de la declaración de emergencia nacional al amparo de la normativa de Seguridad Nacional, movilizando todos los recursos del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas en labores de apoyo logístico, de infraestructura y apoyo humanitario, permitiendo que la Guardia Civil concentre todos sus efectivos en las funciones de seguridad y control fronterizo que legalmente tiene encomendadas.
5. Pleno respaldo jurídico a los guardias civiles, mediante instrucciones claras y homogéneas sobre la actuación en frontera y la garantía de asistencia jurídica por parte de la Administración en cualquier procedimiento derivado del servicio. 
6. Reconocimiento de la excepcionalidad del servicio, estableciendo las correspondientes compensaciones económicas y de descanso para los agentes que están soportando jornadas prolongadas y una presión operativa extraordinaria. 
7. Cobertura inmediata de las vacantes estructurales en Ceuta y aprobación de un plan específico de incremento permanente de plantilla, evitando que la respuesta del Estado dependa exclusivamente de refuerzos temporales. 
8. Elaboración de un Plan Nacional para la Frontera Sur, con financiación suficiente, planificación estable y capacidad permanente de respuesta ante episodios de presión migratoria, garantizando que la Guardia Civil disponga de los recursos humanos y materiales necesarios.

Ante esta situación insostenible, JUCIL exige al Gobierno de España una intervención inmediata que garantice los medios humanos y materiales que los agentes necesitan sobre el terreno. La asociación reclama restablecer sin demora el control efectivo de la frontera y exige responsabilidades políticas al máximo nivel tanto al Ministerio del Interior como al de Defensa.