El 11 de junio se celebró en Obimasa (Obras, Infraestructuras y Medio Ambiente de Ceuta) el examen teórico para cubrir tres plazas fijas de Experto en Medio Forestal, con bolsa de empleo asociada de dos años. Tres aspirantes obtuvieron la nota máxima 60 sobre 60; la cuarta mejor nota se quedó en 54. Ceuta al Día reveló que esas tres personas tenían vínculos familiares con trabajadores de la empresa. El presidente del Consejo de Administración, el consejero de Medio Ambiente Alejandro Ramírez, admitió que el resultado le generaba sospechas. La Ciudad paralizó el proceso antes de sus dos fases restantes.

Casi veinte días después, el gerente de la sociedad, Fernando Ramos, entregó a Ceuta Ya! un informe que reconoce, negro sobre blanco, que el proceso no garantizó el anonimato de los aspirantes ni la integridad de la cadena de custodia de los exámenes. No es una acusación externa: es la propia empresa pública admitiendo el fallo de diseño. UGT ha defendido el proceso como "impecable"; CCOO lo ha llevado a los tribunales. El desenlace sigue pendiente del Consejo de Administración.

Dejando a un lado quién tiene razón sobre este proceso concreto, el episodio expone algo más estructural: Ceuta no dispone de un protocolo homogéneo y auditable para blindar sus procesos selectivos en empresas públicas frente a la sospecha de favoritismo. Y esa carencia no es nueva. En julio de 2025, Ceuta al Día ya documentó que el esposo de la diputada Fátima Hamed (MDyC) accedió a una bolsa de trabajo de Amgevicesa sin superar la oposición ordinaria, tras ver estimada una alegación a una denegación previa. La empresa sostuvo entonces que el expediente era legal, y no consta resolución judicial en contra. Dos empresas públicas distintas, dos años distintos, el mismo punto ciego: procesos donde nadie puede verificar, desde fuera, que el anonimato y la trazabilidad estuvieron garantizados.

Qué falló, en concreto

Según el propio informe del gerente de Obimasa, los puntos débiles fueron:

- Ausencia de garantías de anonimato de los aspirantes durante la corrección.

- Falta de una cadena de custodia verificable de los exámenes, desde su elaboración hasta su corrección.

Son fallos de diseño de procedimiento, no necesariamente de mala fe de nadie en concreto. Pero son exactamente el tipo de fallo que, en un organismo público, permite que la sospecha de enchufismo prospere aunque no exista ninguna irregularidad real: si el proceso no es auditable, no hay forma de descartarla.

Qué exige un proceso selectivo blindado

La literatura de función pública y las recomendaciones de la propia Sindicatura de Cuentas y del Tribunal de Cuentas sobre selección de personal en el sector público coinciden en un catálogo mínimo, del que el caso Obimasa carece de al menos tres elementos:

Exámenes con doble ciego real: identificación de aspirantes mediante código, no mediante nombre, en todas las fases de corrección, con un tercero ajeno al tribunal custodiando la clave de equivalencia.

Cadena de custodia documentada: registro de quién manipula cada examen, en qué momento, con firma y sellado, desde la impresión hasta la calificación final.

Declaración de abstención por parentesco: obligación expresa, y verificable, de que ningún miembro del tribunal ni de la dirección de la empresa tenga parientes hasta cuarto grado entre los aspirantes; si los hay, ese tribunal debe recomponerse o el proceso debe auditarse externamente antes de publicarse la nota.

Publicación de plantillas de corrección antes de conocerse los resultados, para que cualquier desviación estadística como tres dieces en un examen de opción múltiple pueda contrastarse contra un criterio objetivo ya fijado.

Auditoría externa periódica de los procesos selectivos de las empresas públicas, no solo cuando estalla la polémica.

Ninguno de estos cinco puntos exige una reforma legal compleja: son cuestión de reglamento interno y de voluntad política. La Ciudad Autónoma tiene competencia directa sobre el funcionamiento de sus propias empresas públicas, y el Consejo de Administración de Obimasa el mismo que ahora debe pronunciarse sobre el expediente forestal es el órgano natural para aprobarlos.

La lección de fondo

El caso Obimasa se resolverá, en un sentido o en otro, con el proceso selectivo concreto. Pero si la única respuesta institucional es "aclarar este examen" y no "blindar el procedimiento", dentro de un año habrá otro caso, otra empresa pública y otro comunicado de un sindicato defendiendo que todo fue "impecable" frente a otro que exige la nulidad. La sospecha se combate con procedimientos verificables, no con desmentidos.