Durante años, la mayoría de las personas que trataban de acceder a Ceuta a nado, principalmente de nacionalidad argelina y marroquí, eran interceptadas por las autoridades y, en el caso de los mayores de edad, eran objeto de rechazo en frontera y entregadas a las autoridades marroquíes, que asumían su custodia. Los menores de edad, una vez acreditada su condición, permanecían en la ciudad conforme a la normativa vigente, recuerda IGC en una nota de prensa emitida hoy.

Sin embargo, -indican- la reciente doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ha confirmado que la Disposición Adicional Décima de la Ley de Extranjería no permite aplicar el denominado "rechazo en frontera" o "devolución en caliente" a los migrantes interceptados en el mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta o Melilla. En estos supuestos, el Alto Tribunal establece que debe aplicarse el procedimiento ordinario de devolución previsto en el artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000. 

Esta interpretación jurídica supone, según IGC, un notable incremento de los intentos de acceso a nado a territorio español, muchos de los cuales culminan con la llegada de los migrantes a suelo ceutí, incrementando aún más la presión asistencial y policial sobre la ciudad. 

Los guardias civiles destinados en Ceuta, al igual que el resto de FFCCSE, se encuentran completamente desbordados por esta situación. La intensidad de las llegadas ha obligado incluso al despliegue de unidades del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) para reforzar las labores de apoyo. 

Mientras la Marina Real de Marruecos intercepta y retorna a territorio marroquí a los migrantes que rescata en sus aguas, aquellos que son auxiliados por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil o consiguen alcanzar la costa española permanecen en Ceuta, incrementando la presión sobre los recursos de la ciudad. 

A esta situación se suma la tensión que soporta el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), cuya capacidad se encuentra sometida a una creciente presión ante el aumento constante de llegadas. 

IGC considera imprescindible que las administraciones competentes impulsen con carácter urgente una respuesta normativa que permita gestionar de forma eficaz esta realidad migratoria, dotando además a la Guardia Civil de los recursos humanos, materiales y operativos necesarios para garantizar tanto la seguridad de las fronteras como la protección de los derechos de las personas migrantes. 

La asociación recuerda igualmente el elevado coste humano que continúa teniendo esta ruta migratoria. En lo que va de año, al menos treinta personas han perdido la vida intentando alcanzar Ceuta por mar, una cifra que podría ser superior, ya que únicamente se contabilizan los cuerpos recuperados. 

Asimismo, los agentes del Servicio Marítimo desarrollan su labor en condiciones de enorme riesgo, interviniendo frecuentemente con mala mar para rescatar personas en peligro de muerte. En los últimos años, además, las agresiones sufridas por los guardias civiles durante estas actuaciones han ido en aumento. 

El presidente de Independientes de la Guardia Civil (IGC), Daniel Fernández, ha manifestado que: "Los guardias civiles destinados en Ceuta están realizando un esfuerzo extraordinario para hacer frente a una situación que supera con creces la capacidad de las plantillas actuales. Es imprescindible reforzar de manera urgente los recursos humanos, materiales y logísticos, así como mejorar las condiciones profesionales y económicas de todos los agentes destinados en la ciudad." 

Fernández añade que: "No podemos seguir exigiendo a nuestros compañeros que afronten una presión migratoria sin precedentes, poniendo en riesgo su integridad física y realizando rescates en condiciones extremadamente difíciles, sin que exista un refuerzo estructural acorde con la realidad que viven cada día. Ceuta necesita una respuesta integral del Estado que proteja tanto la seguridad de la frontera como a los propios guardias civiles que la custodian." 

Desde IGC se insiste en que la situación exige decisiones urgentes por parte del Gobierno y una planificación que garantice la capacidad operativa de la Guardia Civil en Ceuta, evitando que la creciente presión migratoria termine comprometiendo tanto la seguridad fronteriza como la adecuada prestación del servicio público que diariamente desarrollan los agentes.