La adjudicación de un contrato público de más de 2,3 millones de euros para la instalación y gestión de los mataderos provisionales de la Fiesta del Cordero en Ceuta ha quedado situada en el centro de una polémica política, administrativa y judicial. La Fundación Española de Abogados Cristianos ha llevado el caso ante los tribunales al considerar que el expediente podría presentar indicios de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, siempre en términos presuntos y a la espera de lo que determine la Justicia.

Según publicó The Objective, la empresa adjudicataria, Herederos de M. Jimena S.L., está administrada por Ana Belén Sánchez González, esposa de Mohamed Navil Rahal, exdiputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta y posteriormente diputado no adscrito. El contrato tendría una duración inicial de cuatro años, por un importe de 2.313.131 euros, con posibilidad de alcanzar los 2,9 millones si se activa una eventual prórroga.

La información, de la que también se han hecho eco medios como Ceuta Al Día, sitúa el foco en una secuencia de hechos que Abogados Cristianos considera relevante: el apoyo de Rahal a los presupuestos de la Ciudad Autónoma, el incremento de la partida destinada a los mataderos temporales y la posterior adjudicación del servicio a una sociedad administrada por su esposa.

Estos casos también fueron puestos en evidencia pública por la asociación ACOHA, cuya denuncia fue publicada en Ceuta Ahora.

Una cronología que alimenta las sospechas

Uno de los puntos más sensibles del caso es la proximidad temporal entre decisiones políticas y cambios empresariales. De acuerdo con lo publicado, Rahal confirmó el 11 de noviembre de 2025 su apoyo a los presupuestos del Gobierno del PP en Ceuta. Al día siguiente, su esposa pasó a figurar como administradora única de la empresa que meses después resultaría adjudicataria del contrato de los mataderos provisionales.

La denuncia también recuerda que Rahal ya había estado vinculado a este ámbito de actividad. Entre 2022 y 2025, la gestión de las carpas de sacrificio habría estado en manos de R&B Sebta, sociedad en la que el exdiputado figurócomo apoderado. Para la fundación denunciante, este contexto refuerza la necesidad de analizar si el procedimiento respondió estrictamente al interés público.

El nuevo contrato supuso, además, un aumento aproximado del 54% respecto al anterior. La Administración habría justificado esa subida por el incremento de costes y por la ampliación del servicio, que pasaría de cinco a siete puntos de sacrificio para atender la demanda durante el Eid al-Adha.

En la licitación participaron varias empresas. Según la documentación citada por The Objective, la oferta económica más baja fue excluida al ser considerada anormalmente baja, y el contrato acabó adjudicado a Herederos de M. Jimena S.L. por una propuesta que habría quedado apenas por debajo de la segunda clasificada. Ese estrecho margen económico es otro de los elementos que la denuncia pide examinar.

Un contrato que ahora puede quedar en manos de la Justicia

Abogados Cristianos sostiene que el contrato se habría formalizado cuando estaba pendiente un recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Según la interpretación de la entidad, ese recurso debía haber provocado la suspensión automática del procedimiento hasta su resolución o hasta el levantamiento expreso de la suspensión.

La fundación entiende que la suma de factores —relación familiar, voto presupuestario, incremento de la partida, cambio en la administración de la empresa y adjudicación posterior— justifica la apertura de una investigación judicial. La finalidad, según la denuncia, sería determinar si la adjudicación se ajustó a los principios de transparencia, concurrencia e interés público o si pudo favorecer intereses particulares.

Conviene subrayar que la existencia de una denuncia no implica por sí misma responsabilidad penal. Será la autoridad judicial la que deba valorar la documentación, escuchar a las partes y determinar si hubo irregularidades administrativas o hechos con relevancia penal en la adjudicación de los mataderos provisionales de Ceuta.

La Fiesta del Cordero y el servicio de mataderos temporales

El expediente afecta a un servicio vinculado a la celebración del Eid al-Adha, conocida en Ceuta como la Fiesta del Cordero o Pascua del Sacrificio. La prestación incluye el alquiler, montaje, desmontaje y gestión de instalaciones temporales destinadas al sacrificio de ganado, con siete puntos previstos en distintas zonas de la ciudad.

La controversia no se limita al importe del contrato. Abogados Cristianos también cuestiona aspectos técnicos del expediente, entre ellos la justificación de determinadas exigencias relacionadas con personal especializado, bienestar animal y gestión de residuos. Estos extremos, en caso de ser admitidos a trámite, deberán ser contrastados en sede judicial o administrativa.

La presidenta de la entidad, Polonia Castellanos, ha calificado el caso de “escandaloso” y ha pedido que se investigue si el dinero público pudo beneficiar al entorno familiar de un cargo político. La clave, ahora, será comprobar si los hechos denunciados se sostienen documentalmente y si la adjudicación puede considerarse regular o, por el contrario, queda bajo la sombra de una posible irregularidad.

Más adjudicaciones bajo la lupa

El caso se suma a otras informaciones sobre adjudicaciones a empresas vinculadas de una u otra forma al entorno de Rahal. Según se ha publicado, sociedades relacionadas con el exdiputado no adscrito o con su círculo familiar habrían recibido distintos encargos de la Ciudad Autónoma en los últimos años, lo que añade una dimensión política al debate sobre la contratación pública en Ceuta.

Entre esas sociedades figura Academia Rahal S.L., administrada por un familiar del exdiputado, que habría obtenido un contrato menor de 41.270 euros a través de Acemsa para la reconstrucción de un muro de contención. También se ha señalado la actividad de otras empresas que habrían acumulado contratos menores concedidos por la administración local.

Estas referencias no sustituyen a una investigación formal, pero contribuyen a explicar por qué la denuncia ha adquirido relevancia pública. La cuestión de fondo es si la contratación se desarrolló con plena igualdad de oportunidades para los licitadores o si existieron circunstancias que pudieron alterar la libre concurrencia.

Otra subvención señalada en el debate político

En paralelo, también se ha mencionado una subvención de 350.000 euros para la Asociación para el Desarrollo Profesional, entidad sobre la que se han señalado posibles vinculaciones familiares con Rahal. Fue el propuio diputado no adscrito quien formuló la petición de incorporación a los Presupuestos Generales de la Ciudad actualmente vigente y que sirvió pqra también este ex del PSOE, levantara la mano de apoyo a las cuentas del Gobierno Vivas, gesto calificado de "coherente" por la portavoz del grupo y consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani en la sesión plenaria.

Este extremo, no obstante, deberá ser acreditado con documentación pública pendiente de ser incorporado en la denuncia y, en su caso, analizado por los órganos competentes. En cualquier caso, el conjunto de adjudicaciones y ayudas citadas refuerza la exigencia de máxima transparencia en la gestión de fondos públicos, de ahí la iniciativa de la denuncia de la Fundación Abogados Cristianos.