La red de protección de menores extranjeros no acompañados en Ceuta atraviesa una etapa de mayor estabilidad después de que la Fundación Samu haya clausurado las naves del Tarajal, un recurso habilitado durante los momentos de mayor presión migratoria. En la actualidad, la ciudad atiende a 182 menores, una cifra muy inferior a la registrada en años anteriores gracias al sistema de derivaciones a la Península.

Pese a esta reducción, Ceuta continúa soportando una ocupación muy por encima de su capacidad teórica. Según los últimos datos del Gobierno central, la ciudad debería atender únicamente a 29 menores, lo que supone que mantiene una sobreocupación superior al 500 %, situación que la mantiene dentro de los territorios considerados en contingencia migratoria.

El cierre de las instalaciones del Tarajal responde a la disminución de la presión asistencial y a la mejora en la gestión de los recursos disponibles. Tanto la Ciudad Autónoma como la Fiscalía habían mostrado en distintas ocasiones su preferencia por prescindir de estas naves, aunque en su momento fueron la única solución para hacer frente al aumento de llegadas.

Actualmente, la atención se concentra en los centros de La Esperanza, Piniers, Aljarafe y Triana. No obstante, el Gobierno local ha solicitado a la Fundación Samu que mantenga un equipo preparado para responder con rapidez ante un posible incremento de entradas. En estos momentos, menos de la mitad de los menores acogidos permanece en recursos de emergencia.

Durante 2026 han llegado a Ceuta alrededor de 400 menores, principalmente accediendo a nado por los espigones fronterizos, aunque también se han registrado algunos cruces por el vallado y casos aislados ocultos en vehículos. A pesar de este aumento respecto al año anterior, el funcionamiento del sistema de derivaciones ha evitado la saturación de los centros.

Desde la entrada en vigor del real decreto que regula el reparto de menores entre comunidades autónomas, más de 439 jóvenes han sido trasladados desde Ceuta a distintos puntos de la Península durante este año, elevando a 634 el total de derivaciones realizadas desde que comenzó a aplicarse el mecanismo en 2025. Este procedimiento permite aliviar la presión sobre territorios especialmente afectados por la llegada de menores migrantes.

La normativa establece que las derivaciones pueden activarse cuando un territorio supera el triple de su capacidad de acogida. En la actualidad, Canarias, Ceuta y Melilla son las únicas autonomías que cumplen ese criterio, lo que permite mantener operativo este sistema de redistribución para garantizar una atención más adecuada a los menores extranjeros no acompañados.