Vivimos tiempos difíciles y convulsos por mor de este "sanchismo" aberrante y amenazador, que vulnera todos los límites y deriva a situaciones más propias de una dictadura que de una democracia. Decía el ínclito Pablo Iglesias que teníamos una " anomalía democrática", en referencia a que el rey emérito residiera en Emiratos Árabes Unidos en pleno escrutinio de sus finanzas, pero está ahora mudo ante las joyas de Zapatero y sus devaneos de "mordidas", con dos secretarios de organización del PSOE inmersos en casos de presunta corrupción, el hermano del presidente condenado por corrupción y su esposa, imputada, en idéntica posición. Para la izquierda, la "anormalidad democrática" es referida a según quien al igual que la Memoria Democrática no contemplan los 6.000 asesinatos de niños y mujeres en Paracuellos del Jarama con implicación directa de Santiago Carrillo.

Ahora, la fórmula empleada por la corte de Sánchez para tratar de diluir la mafiosa actuación de todo el ejército de implicados en las cloacas institucionales del Estado bajo el mando único del "one", Pedro Sánchez, es calificar de "lawfare" al sistema judicial o descalificarlos diciendo que buena parte de ellos, o no actúan con equidad y justicia o son de tendencia derechista. En este panorama queda descartado, por supuesto, esa mayoría de magistrados que Sánchez pactó con Pablo Casado en el Tribunal Constitucional, donde su presidente, Conde-Pumpido, con su mandato ya muy caducado, aún se mantiene al frente por lo que hubiera de menester o pendiente de prestar servicios por la "obediencia debida".

Anormalidad democrática es que, desde la cúpula de la Guardia Civil, un DAO amenace a la UCO que está cumpliendo con su obligación investigadora, que haya una individua considerada "fontanera" del PSOE reuniéndose con gentes de toda calaña para "desactivar" las investigaciones que afectan directa o indirectamente al presidente del Gobierno y su entorno, se diga con posterioridad que ya no pertenece al partido porque le dieron de baja al "olerse la tostada", como si sus acciones no se hubieran desarrollado bajo la cobertura socialista y más escandaloso, aún, que el PSOE tan ofendido que dice estar por la representación que ella se arrogaba, no la haya denunciado por falsedad, como demostración inexcusable de que era "una de ellos" y posiblemente actuaba por orden de la superioridad con mando en plaza.

Las situaciones están tan enturbiadas, las mentiras proliferan con tanta frecuencia, las falsedades se acumulan y, lo cierto, es que el terreno de juego embarrado, nada más que da para imputaciones, investigaciones sobre fundadas sospechas y, lo que es más grave: Cada vez con mayor número de imputados y más novedades. De las últimas, los más de 300.000 euros de Santos Cerdán que utilizó repartiendo a toda su familia y de donde su mujer se permitió hacer tantas visitas al Corte Inglés donde la conocían familiarmente como "la Pepi".

Se está viendo un patrón claro en todas las decisiones judiciales, que parecen que van contra el PSOE pero le favorecen: el hermano de Sánchez, condenado, pero no ha de devolver todo el dinero que cobró sin trabajar porque la fiscalía no lo imputó. Al fiscal general del Estado le aplicaron una condena donde no llevaba cárcel cuando había cometido un delito de revelación de secretos siendo un cargo institucional y quedó en simple inhabilitación. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid, de los cuatro delitos que el juez Peinado atribuía a Begoña Gómez, se los deja en dos y encima no ve riesgo de fuga en la mujer del presidente y desautoriza al juez instructor, devolviéndole el pasaporte.

La justicia favorece al PSOE con el hermano y el no demostrado tráfico de influencias o en su día con la condena-regalo a García Ortiz.

En el caso de Begoña Gómez, corrupción en los negocios: La creación de la cátedra extraordinaria de una señora sin titulación universitaria y el posterior desarrollo del soltware no nacieron de la nada, sino de una relación de "intercambio de favores" con empresas privadas (como Indra, Telefónica, o Google, que aportaron fondos u tecnología de manera gratuita). Estas grandes empresas, evidentemente, no colaboraron por un interés puramente académico, sino para obtener un trato de favor, un posicionamiento privilegiado o una contraprestación indirecta por la posición de mujer del presidente del Gobierno.

Apropiación indebida: El sofware en cuestión fue financiado y desarrollado bajo el paraguas institucional de la Universidad Complutense (dinero y recursos públicos-académicos). Begoña Gómez registró posteriormente ese software o la marca asociada a su nombre ( a través de una sociedad limitada de la que era titular única), integrándolo en el tráfico mercantil privado. Aquí también es evidente que se desvió un activo que pertenecía a la universidad pública para un beneficio y explotación puramente empresarial e individual.

En el tráfico de influencias es obvio que ejerce presión, consigue la cátedra y el software, lo que supone malversación de fondos públicos; desvía fondos (recursos públicos de la universidad) con una clara conexión con los delitos descartados por la Audiencia que suponen corrupción en los negocios, alianzas y patrocinios con empresas privadas bajo sospecha. La apropiación indebida es consecuencia del registro del software a nombre de una empresa privada propia, toda una serie de deducciones que llevan a considerar que el PSOE no está tan perjudicado con la Justicia cuando se le descartan imputaciones que estarían más que claras.

República Dominicana se niega a facilitar información de los vínculos de Zapatero con el país, la Agencia Tributaria cesa al responsable de la investigación del socio de Zapatero al que permitieron cuatro años sin hacer la Declaración de la Renta buscando la prescripción. La juez María Núñez Bolaños, quien debería estar inhabilitada de por vida, anuló 6 causas de corrupción y evitó la condena de 25 ex cargos del PSOE andaluz. Según el periódico digital El Español, 7 años de investigación quedan invalidados ya que se prorrogó las pesquisas para que quedasen fuera de plazo legal, y encima el PSOE se queja de "lawfare" contra ellos, cuando esta jueza debería estar inhabilitada por una mala praxis en el procedimiento o por negligencia o favoritismo doloso en favor de un partido político.

Mientras, los socialistas, ya están poniendo "el "parche antes de que les salga el grano": El círculo de Moncloa equipara a un golpe de Estado la posibilidad de que Sánchez acabe procesado. Mejor seguir así diciendo que no se ha enterado de nada de lo sucedido, lo que demostraría o que es un inútil o que está más que "pringado". Temen los socialistas que el Congreso lleva al Tribunal Supremo al presidente por "cualquier delito contra la seguridad del Estado", porque si había tantos implicados en la trama de carácter institucional, todo puede suceder. En definitiva, se está atentando contra el Estado de derecho desde una perspectiva deleznable y perversa con visos de dictadura democrática.