La caída de la Verja de Gibraltar ha generado una imagen política poderosa: una frontera física que desaparece, miles de trabajadores que recuperan fluidez y un territorio que se integra de facto en una lógica Schengen bajo controles desplazados al puerto y al aeropuerto. El tratado entre la Unión Europea y el Reino Unido prevé precisamente ese traslado de los controles, con España responsable de las inspecciones Schengen en esos puntos de entrada, además de un marco de cooperación fiscal, aduanera, social y medioambiental. Un acuerdo ya puesto en práctica que no está, sin embargo de críticas por la entendida falta de posición española, considerada como una "cesión más" del Gobierno Sánchez rindiendo España.

Pero, el hecho de que salgan ahora voces interesadas en convertir Gibraltar en plantilla para Ceuta y Melilla sería un error de diagnóstico (con claro interés encubierto). Las ciudades autónomas no son un enclave británico rodeado por territorio español ni un problema heredado del Brexit entre socios occidentales sometidos a un marco jurídico compartido. Son frontera terrestre de España, de la Unión Europea y del espacio Schengen con Marruecos: una frontera exterior sometida a tensiones migratorias, reivindicaciones políticas, asimetrías institucionales, episodios de presión diplomática y una relación bilateral en la que la cooperación pública convive con una desconfianza estratégica persistente.

La diferencia de fondo: Gibraltar es una frontera interiorizada; Ceuta y Melilla son frontera exterior

El modelo gibraltareño trata de descansar sobre una premisa que no existe en el Tarajal ni en Beni Enzar: la posibilidad de desplazar el control Schengen a puntos de entrada limitados, previsibles y sometidos a cooperación operativa entre administraciones con garantías jurídicas homologables. En Gibraltar, el flujo principal se canaliza por un paso urbano entre La Línea y el Peñón, mientras que los accesos internacionales quedan concentrados en puerto y aeropuerto bajo control español.

En Ceuta y Melilla, por el contrario, el límite terrestre separa directamente territorio español y europeo de un tercer Estado. Relajar la frontera no equivale a eliminar una barrera local: supondría modificar el modo en que se protege una frontera exterior de Schengen. Cualquier rediseño debería garantizar identificación, trazabilidad, control de entradas y salidas, verificación documental, prevención de cruces irregulares y capacidad de reacción ante picos de presión migratoria o decisiones unilaterales del país vecino.

La confianza política no se decreta

España y Marruecos colaboran en materias sensibles: terrorismo, inmigración irregular, emergencias, seguridad y gestión de flujos. Esa cooperación existe y es necesaria. Pero no elimina el hecho de que Marruecos mantiene una posición política singular respecto a Ceuta y Melilla, ni que las fronteras han sido utilizadas en distintos momentos como instrumento de presión, negociación o mensaje diplomático.

La confianza exigida para un modelo tipo Gibraltar no puede basarse solo en declaraciones públicas de buena vecindad. Requiere previsibilidad, reciprocidad, seguridad jurídica y cumplimiento estable de los acuerdos (cosa que con Marruecos no sucede). Las controversias sobre aduanas comerciales, mercancías, cierres temporales o restricciones no comunicadas alimentan una conclusión incómoda: la frontera hispano-marroquí no opera en un clima equivalente al de una negociación entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre un territorio pos-Brexit.

La dimensión de seguridad: espionaje, influencia y vulnerabilidad institucional

Una frontera abierta no solo facilita el tránsito legítimo. También amplía el espacio para actividades de inteligencia, presión social, captación de información, economía informal y redes de influencia. En territorios pequeños, densamente conectados y con una vida cotidiana atravesada por el paso fronterizo, la seguridad no se limita al control policial visible: incluye la protección de servicios públicos, padrones, permisos, ayudas, contratación, residencia efectiva y circuitos económicos.

En ese terreno aparece otro factor políticamente delicado: el quintacolumnismo entendido como acción organizada o discurso interno que, desde apariencia local o cívica, puede trabajar a favor de tesis promarroquíes sobre el futuro de las dos ciudades. No se trata de criminalizar identidades, creencias o comunidades, sino de advertir que cualquier debilitamiento del control fronterizo puede ser aprovechado por actores interesados en erosionar la presencia institucional española y europea en Ceuta y Melilla.

Schengen obliga: la frontera no es solo española

Ceuta y Melilla no gestionan únicamente un paso local. Gestionan una frontera europea. Esa condición impone obligaciones de control que afectan al conjunto del espacio Schengen. El debate no puede reducirse a si las colas son largas o si el tránsito cotidiano resulta incómodo; debe responder a una pregunta mayor: cómo se garantiza que quien entra por esa frontera cumple las condiciones de entrada, residencia, circulación y acceso a derechos en territorio español y europeo.

El caso de Gibraltar es excepcional porque los controles no desaparecen: se trasladan. En Ceuta y Melilla, trasladarlos sin un equivalente real y verificable supondría dejar zonas grises difíciles de auditar. En una frontera exterior, la agilidad solo es aceptable si viene acompañada de más tecnología, más inspección, más intercambio de información y más capacidad sancionadora, no de menos Estado.

El fraude social y la residencia efectiva: la asignatura pendiente

Hay además una dimensión administrativa que suele quedar fuera del debate diplomático: el uso de la residencia formal en España para acceder a prestaciones, servicios o derechos mientras la vida real se desarrolla al otro lado de la frontera. En Ceuta, el paso constante por el Tarajal puede dificultar la comprobación de la residencia efectiva de determinados beneficiarios de ayudas, prestaciones, empadronamientos o situaciones administrativas vinculadas al acceso a servicios públicos.

La Administración General del Estado tiene ahí una tarea pendiente que no puede delegarse en el discurso de la cooperación transfronteriza. Hacienda, Servicios Sociales, Trabajo, Seguridad Social, Extranjería y las unidades de inspección deben poder cruzar datos, verificar presencia real, comprobar domicilios efectivos, detectar empadronamientos instrumentales y revisar expedientes cuando existan indicios de fraude. No se trata de restringir derechos legítimos, sino de impedir que el sistema sea utilizado por quienes simulan una residencia que no se corresponde con la realidad.

Un debate legítimo, pero con una línea roja

Es legítimo reclamar fronteras más ágiles, menos colas y mejores medios tecnológicos. También lo es estudiar fórmulas que faciliten el tránsito de trabajadores, estudiantes, familias y pequeños operadores económicos. Pero la mejora de la movilidad no puede confundirse con una desactivación del control. La frontera de Ceuta y Melilla es demasiado sensible para convertir una imagen de supuesto éxito diplomático en Gibraltar en una consigna aplicable sin matices.

El Estado debe modernizar, no diluir. Debe reducir esperas, pero aumentar verificación. Debe cooperar con Marruecos, pero sin ingenuidad. Debe proteger la convivencia interna, pero sin permitir que la frontera se convierta en palanca de presión exterior ni en agujero administrativo. Ese equilibrio es más complejo que retirar una verja: exige presencia, datos, inspección, diplomacia firme y una idea clara de soberanía.

Copiar Gibraltar sería confundir el símbolo con la realidad

Gibraltar puede servir como referencia de negociación, tecnología y cooperación, pero no como molde automático para Ceuta y Melilla. Allí se ha resuelto una anomalía pos-Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido, no a gusto de todos y sin pasar por la sede de la representación del pueblo español; aquí se administra una frontera exterior con un tercer Estado que mantiene intereses propios sobre dos ciudades españolas. La diferencia no es menor: es estructural.

Por eso, antes de hablar de eliminar barreras, conviene hablar de Estado. De capacidad inspectora. De control Schengen. De residencia efectiva. De fraude social. De seguridad. De inteligencia. De confianza verificable. Y, sobre todo, de la defensa serena pero inequívoca de Ceuta y Melilla como lo que son: ciudades españolas y frontera avanzada de Europa en el norte de África.