Economía
CECE defiende que cualquier cambio en el plus de residencia se negocie en el marco del diálogo social
La Confederación sostiene que las condiciones salariales del sector privado deben acordarse entre empresarios y sindicatos
La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha reclamado que cualquier modificación del plus de residencia de los trabajadores del sector privado se aborde a través del diálogo social y la negociación colectiva, y no únicamente mediante iniciativas o declaraciones políticas.
La organización empresarial asegura compartir la necesidad de reconocer la singularidad de Ceuta, aunque recuerda que las condiciones salariales corresponden a empresarios y sindicatos.La patronal responde así a las propuestas planteadas para "blindar" el plus de residencia de todos los trabajadores de la ciudad.
En este sentido, sostiene que la Asamblea de Ceuta puede respaldar reivindicaciones o instar al Gobierno central a impulsar cambios normativos, pero carece de competencias para fijar directamente las retribuciones de los empleados de empresas privadas o modificar convenios colectivos.
La CECE recuerda que la legislación laboral es competencia del Estado y que corresponde a las Cortes Generales aprobar las normas que regulen los derechos laborales. No obstante, subraya que cuando una medida afecta a la estructura salarial, al porcentaje, la actualización o las condiciones del complemento de residencia, entra en juego la negociación colectiva entre organizaciones empresariales y sindicatos.
La Confederación insiste en que ni empresarios ni sindicatos pueden imponer unilateralmente las condiciones laborales y considera que los partidos políticos tampoco deben ocupar el espacio reservado a los agentes sociales. Además, defiende que el diálogo social debe producirse antes de adoptar cualquier decisión y no limitarse a informar a los interlocutores sociales una vez que las medidas ya han sido definidas.
La organización también alude a la inclusión de España en 2026 entre los casos examinados por la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo en relación con el Convenio 144 sobre consulta tripartita. Aunque precisa que no supone una sanción internacional, entiende que evidencia la importancia de garantizar una participación real y efectiva de empresarios y sindicatos en las materias que les afectan.
En un comunicado, la CECE diferencia el régimen de los empleados públicos del de los trabajadores del sector privado. Mientras las retribuciones de los primeros dependen de la legislación presupuestaria y de la función pública, cualquier modificación del plus de residencia en las empresas repercute directamente en los costes laborales, la competitividad, la contratación y el mantenimiento del empleo.
Por ello, la patronal considera que, si el Estado pretende reforzar la compensación por la extrapeninsularidad para todos los trabajadores de Ceuta, debería estudiar mecanismos de financiación como bonificaciones, incentivos fiscales, ayudas directas o fórmulas presupuestarias específicas, en lugar de trasladar íntegramente ese coste a las empresas privadas.

La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha reclamado que cualquier modificación del plus de residencia de los trabajadores del sector privado se aborde a través del diálogo social y la negociación colectiva, y no únicamente mediante iniciativas o declaraciones políticas.
La organización empresarial asegura compartir la necesidad de reconocer la singularidad de Ceuta, aunque recuerda que las condiciones salariales corresponden a empresarios y sindicatos.La patronal responde así a las propuestas planteadas para "blindar" el plus de residencia de todos los trabajadores de la ciudad.
En este sentido, sostiene que la Asamblea de Ceuta puede respaldar reivindicaciones o instar al Gobierno central a impulsar cambios normativos, pero carece de competencias para fijar directamente las retribuciones de los empleados de empresas privadas o modificar convenios colectivos.
La CECE recuerda que la legislación laboral es competencia del Estado y que corresponde a las Cortes Generales aprobar las normas que regulen los derechos laborales. No obstante, subraya que cuando una medida afecta a la estructura salarial, al porcentaje, la actualización o las condiciones del complemento de residencia, entra en juego la negociación colectiva entre organizaciones empresariales y sindicatos.
La Confederación insiste en que ni empresarios ni sindicatos pueden imponer unilateralmente las condiciones laborales y considera que los partidos políticos tampoco deben ocupar el espacio reservado a los agentes sociales. Además, defiende que el diálogo social debe producirse antes de adoptar cualquier decisión y no limitarse a informar a los interlocutores sociales una vez que las medidas ya han sido definidas.
La organización también alude a la inclusión de España en 2026 entre los casos examinados por la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo en relación con el Convenio 144 sobre consulta tripartita. Aunque precisa que no supone una sanción internacional, entiende que evidencia la importancia de garantizar una participación real y efectiva de empresarios y sindicatos en las materias que les afectan.
En un comunicado, la CECE diferencia el régimen de los empleados públicos del de los trabajadores del sector privado. Mientras las retribuciones de los primeros dependen de la legislación presupuestaria y de la función pública, cualquier modificación del plus de residencia en las empresas repercute directamente en los costes laborales, la competitividad, la contratación y el mantenimiento del empleo.
Por ello, la patronal considera que, si el Estado pretende reforzar la compensación por la extrapeninsularidad para todos los trabajadores de Ceuta, debería estudiar mecanismos de financiación como bonificaciones, incentivos fiscales, ayudas directas o fórmulas presupuestarias específicas, en lugar de trasladar íntegramente ese coste a las empresas privadas.




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