El Consejo de Ministros ha aprobado la distribución de 35 millones de euros entre las comunidades y ciudades autónomas para reforzar los sistemas de acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. De esa cantidad, Ceuta recibirá 5,5 millones de euros, la mayor asignación prevista en este reparto, al considerarse uno de los territorios que soportan una mayor presión migratoria debido a su situación geográfica.

La medida ha sido impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia con el objetivo de contribuir al sostenimiento de los recursos autonómicos destinados a la atención de menores migrantes. Según el Gobierno, la financiación permitirá fortalecer los dispositivos de acogida y garantizar una respuesta adecuada a las necesidades de este colectivo.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que esta nueva inyección económica refleja el compromiso del Ejecutivo con la protección de la infancia. Asimismo, ha asegurado que el mecanismo de acogida solidaria y vinculante puesto en marcha por el Gobierno ha funcionado de forma satisfactoria y que las comunidades autónomas han contado con el respaldo económico del Estado para desarrollar esta labor.

El reparto de los fondos tiene en cuenta la presión que soportan los sistemas de acogida de cada territorio, valorando tanto su capacidad ordinaria como el número de menores migrantes no acompañados atendidos. En este contexto, Ceuta recibe la mayor dotación económica, por delante de Canarias, que dispondrá de 4 millones de euros, la misma cantidad asignada a Melilla, mientras que Baleares contará con una financiación de 2 millones.

El Ejecutivo justifica este tratamiento diferenciado por la especial incidencia de los flujos migratorios en estos territorios fronterizos e insulares, donde la llegada de menores sin referentes familiares obliga a mantener dispositivos de atención con una elevada ocupación y una mayor demanda de recursos humanos y materiales.

El resto de los 35 millones de euros se distribuirá entre las demás comunidades autónomas de forma proporcional al número de menores migrantes no acompañados que acogen actualmente, con el propósito de reforzar la capacidad de sus sistemas de protección y favorecer una respuesta coordinada en todo el territorio nacional.

Con esta nueva aportación económica, el Gobierno pretende garantizar el interés superior de los menores y dar continuidad al modelo de corresponsabilidad entre administraciones para afrontar la atención de la infancia migrante. El Ejecutivo sostiene que esta política sitúa a España como un referente en materia de acogida y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes.