Aprovechamos que en estos días la ciudad se encuentra en NIVEL ROJO de peligro de incendios forestales para recordar que cada pocos meses Ceuta se despierta con un incendio distinto. Ya sean las bonificaciones a la Seguridad Social, la Aduana en Algeciras, un PGOU que tardó veinte años en aprobarse, el transporte de mercancías peligrosas, la aduana comercial, la tasa de paro, el régimen de viajeros, la carencia de infraestructuras turísticas, la falta de vivienda… Apagamos un fuego y, mientras alguien lo celebra en una foto, ya se está encendiendo el siguiente. Y la pregunta que deberíamos hacernos como ciudad no es cómo apagamos el próximo incendio, sino por qué seguimos condenados a vivir entre incendios. 

La respuesta es incómoda, pero no es complicada: porque nunca hemos decidido, de forma colectiva y con método, qué ciudad queremos ser dentro de diez, veinte o treinta años. Gestionamos el presente a golpe de urgencia porque carecemos de un mapa de futuro. Y una ciudad sin mapa no avanza: sobrevive, resiste, aguanta un poco más. Eso no es gobernar un territorio, es administrarlo a la espera de que escampe. Y llevamos así tanto tiempo que ya ni siquiera nos indigna. 

UNA PARADOJA QUE DEBERÍA AVERGONZARNOS. 

Empecemos por los números, porque los números no admiten relato. Ceuta tiene la tasa de actividad más alta de toda España y, al mismo tiempo, la tasa de paro más alta del país: un 25,47%. Es decir, tenemos más gente dispuesta a trabajar que casi ningún otro territorio español, y somos incapaces de darle empleo. Además, tres de cada cuatro parados son de baja cualificación y no encuentra sectores intensivos en empleo que les proporcionen una salida. Esa no es una anomalía estadística. Es la fotografía de un modelo productivo roto. 

Con un PIB de apenas 1.900 millones de euros, Ceuta sostiene un tejido empresarial atomizado —más del 90% son micropymes— que ha perdido en los últimos años más de un 10% de sus trabajadores autónomos. No hablamos de empresas que cierran por mala gestión. Hablamos de un ecosistema que se estrangula solo, sometido a una acumulación de sobrecostes que en cualquier otro territorio de España resultaría inasumible y aquí, simplemente, hemos normalizado. 

El absentismo laboral cuesta a la economía ceutí en torno a 40 millones de euros al año, casi el doble de lo que la Ciudad Autónoma prevé invertir en vivienda, rehabilitación de fachadas y planes de barriadas en todo 2026. Las trabas aduaneras entre Ceuta y el Puerto de Algeciras generan un sobrecoste de entre 16,8 y 23,1 millones de euros anuales, con un impacto medio de 58.500 euros por empresa. La burocracia asfixia a nuestros autónomos con un coste añadido de 9 millones de euros al año, según cifras conjuntas de ATA y CECE. Sumen. Son más de 70 millones de euros anuales que no se destinan a crecer, sino a sobrevivir a un sistema que no está diseñado para nosotros. 

DECISIONES SOBRE CEUTA QUE SE TOMAN SIN CEUTA. 

Y aquí llega uno de los problemas más graves, y de los que menos se habla con la crudeza que merece: buena parte de las decisiones que condicionan nuestro futuro no se toman en Ceuta. Se toman en Algeciras, en Madrid, en Bruselas, en despachos donde nadie conoce, ni falta que le hace, cómo funciona esta ciudad. 

El reciente ejemplo de Aduanas, que reorganizaba el tráfico de mercancías en el Puerto de Algeciras y que podía dejarnos compartiendo canal con el resto de exportaciones nacionales, se aprobó sin que nadie preguntara qué significa perder un ferry para una ciudad que depende de esa conexión para alimentos, medicamentos y materiales de construcción. La propia Confederación de Empresarios ha tenido que recordar, informe en mano, que Ceuta está fuera de la Unión Aduanera europea y que se nos trata, a efectos comerciales, como a un tercer país sin acuerdo con la Unión. Eso no es una singularidad jurídica menor: es que nuestra economía depende de normas diseñadas por y para quienes no viven aquí. 

Lo mismo ocurre con las bonificaciones a la Seguridad Social. El Real Decreto-ley 1/2023 eliminó de un plumazo el carácter territorial de un instrumento que durante décadas fue columna vertebral del Régimen Económico y Fiscal, sustituyéndolo por un modelo homogéneo pensado desde la Península, ajeno a nuestra realidad. Hoy, ese régimen, aunque rectificado parcialmente, tiene fecha de caducidad —2026— y nadie en Madrid ha dado garantías documentadas de que se prorrogue. Una ciudad que no puede blindar ni siquiera su principal herramienta de competitividad no está gobernando su propio destino: lo está pidiendo prestado, año tras año, a quien decide en otro sitio. 

UN SECTOR PÚBLICO SOBREDIMENSIONADO. 

Hay una verdad que en Ceuta cuesta pronunciar en voz alta, pero que hay que decir sin rodeos: el sector público de esta ciudad ha crecido hasta convertirse en un competidor del sector privado, no en su complemento. Cuando el empleo público absorbe una proporción de la actividad económica muy superior a la de cualquier territorio comparable de España, no está simplemente “ayudando” a sostener la economía local: está encareciendo el coste de la mano de obra, elevando las expectativas salariales por encima de lo que la empresa privada puede ofrecer, y vaciando de talento a un tejido productivo que ya nace pequeño y frágil. 

Esto no es una crítica ideológica al empleo público. Es una constatación técnica: una economía en la que el Estado compite con la empresa por el mismo trabajador, ofreciendo condiciones que la iniciativa privada no puede igualar, es una economía que nunca logrará diversificarse. Mientras sigamos permitiendo que la seguridad y la previsibilidad del empleo público sea, de facto, la única opción atractiva para buena parte de nuestros jóvenes, seguiremos condenando a nuestras empresas a competir en desventaja por el mismo talento que necesitan para crecer. 

El resultado de este modelo lo tenemos delante de nuestros ojos: miles de jóvenes que entran y salen de programas subvencionados, que acumulan experiencia fragmentada y contratos de corta duración, sin que ninguna empresa privada les ofrezca jamás una carrera profesional real. Financiamos la gestión del paro en lugar de financiar la creación de empresas, de manera que seguiremos teniendo la tasa de desempleo más alta de España pese a tener la tasa de actividad más alta. No es casualidad: es la consecuencia directa y previsible de gastar mal, aunque se gaste mucho. 

UNA CIUDAD SIN ESTRATEGIA DE VIVIENDA. 

Y luego está la vivienda, ese problema que todos mencionan y que nadie planifica. Ceuta es una ciudad con un territorio limitado por definición, lo que debería obligar, más que a ninguna otra, a tener una estrategia de construcción y renovación residencial pensada a veinte años vista. No la tenemos. Lo que tenemos son actuaciones puntuales, anuncios grandilocuentes durante años y presupuestos anuales de rehabilitación de fachadas que apenas rascan la superficie del problema. 

No hay plan de vivienda a largo plazo, no hay previsión seria sobre dónde y cómo va a vivir la próxima generación de ceutíes, no hay una estrategia que combine rehabilitación del parque existente, optimización del escaso suelo disponible y nuevas fórmulas residenciales adaptadas a un territorio que no puede crecer horizontalmente. Seguimos improvisando sobre un recurso que, precisamente por ser escaso, exige más planificación que ningún otro. Cada año sin una estrategia de vivienda a veinte años es un año más en el que expulsamos, silenciosamente, a la generación que debería quedarse. 

LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS YA HA EMPEZADO A CONSTRUIR. 

En medio de este panorama, la Confederación de Empresarios de Ceuta ha puesto sobre la mesa un Proyecto de Planificación Estratégica inspirado explícitamente en la experiencia de Málaga. El gesto de traer a la propia responsable de la Fundación CIEDES, de Málaga, de traer a quien ya lo hizo, sentarse a escuchar, abrir el proceso a la sociedad civil, no ha sido cosmético. Ha sido el primer paso real de un cambio de cultura: pasar de reaccionar a planificar. 

Y ese primer paso tuvo fecha y testigos: el 18 de diciembre de 2025, la Biblioteca Pública del Estado “Adolfo Suárez” se quedó pequeña. La CECE llevó hasta Ceuta a María del Carmen García Peña, directora gerente de la Fundación Ciedes y responsable del Plan Estratégico de Málaga, para exponer, bajo el título “El Plan Estratégico de Málaga, inspirando el desarrollo sostenible compartido de Ceuta”, cómo una ciudad decide, con método, dejar atrás un modelo agotado. A esa cita no acudieron solo empresarios. Acudieron consejeros, políticos, sindicalistas, docentes universitarios, investigadores, militares, ONGs, asociaciones de vecinos, organismos públicos y privados y sociedad civil, todos en la misma sala, escuchando la misma propuesta y respaldándola sin fisuras. 

No fue una charla más. Fue la prueba, verificable y con nombres y apellidos, de que en Ceuta existe ya un consenso transversal —sindical, empresarial, civil, político e institucional— a favor de la planificación estratégica. La propia CECE llevaba meses trabajando ya con la Ciudad Autónoma en un documento que plantea la creación de una fundación con patronato, equipo director y equipo motor, articulada en grandes ámbitos que van de la vivienda al desarrollo económico. El Gobierno de Ceuta, por su parte, también ha expresado en público su disposición a sumarse a este proceso. Lo ha hecho en la Mesa de Diálogo Social. 

El problema no es, por tanto, de voluntades declaradas. El respaldo social existe, está medido y está documentado. Lo que no existe todavía es la decisión política de convertir ese respaldo en un organismo real, con presupuesto, con calendario y con capacidad de ejecución. Ceuta lleva más de medio año desde aquella tarde en la Biblioteca Adolfo Suárez sin que ese consenso se haya traducido en una estructura estable de planificación. Y un consenso que no se activa a tiempo corre el riesgo de convertirse en otra oportunidad perdida que la ciudad no se puede permitir. 

POR QUÉ ESTO NO PUEDE QUEDARSE EN UN ESFUERZO EMPRESARIAL 

Pero aquí está el punto que no podemos permitirnos ignorar: la planificación estratégica de una ciudad no la puede sostener, en solitario, la patronal. Puede iniciarla, puede empujarla, puede diagnosticarla con rigor —y lo ha hecho—, pero una estrategia de ciudad que no cuenta con el impulso decidido, sostenido y valiente del Gobierno de Ceuta está condenada a quedarse en un documento bienintencionado en un cajón o, peor, convertirlo en un documento figurativo que se presente a bombo y platillo para acabar en el mismo bienintencionado cajón. 

El Gobierno de la Ciudad Autónoma tiene algo que ninguna confederación empresarial, por comprometida que esté, puede sustituir: la capacidad normativa reglamentaria, la interlocución institucional con el Estado y con Europa, la legitimidad democrática para convocar a toda la sociedad, y los presupuestos para ejecutar lo que se planifique. Sin ese impulso político, decidido y sin excusas, la planificación estratégica corre el riesgo de convertirse en otro informe técnico más, elogiado en su presentación y olvidado seis meses después. Y Ceuta ya no puede permitirse otro documento olvidado. 

Ni el Gobierno puede diseñar el futuro de la ciudad de espaldas al tejido productivo que la sostiene, ni los empresarios pueden reclamar un modelo económico sólido sin sentarse, codo con codo, con la Administración, los sindicatos y la sociedad civil, a construirlo juntos. Lo hemos comprobado, aunque de forma puntual, en la Mesa de Diálogo Social: cuando administración, empresarios y sindicatos defienden lo mismo —la reforma del régimen fiscal, la estabilidad de las bonificaciones—, la voz de Ceuta pesa de verdad en Madrid. Cuando cada uno tira por su lado, Ceuta no pesa nada, se diluye. Y quien decide fuera aprovecha exactamente esa división para no tener que responder a nadie. 

LO QUE ESTÁ REALMENTE EN JUEGO. 

Cada uno de los problemas de Ceuta, por separado, ya sería motivo suficiente para un plan de choque. Juntos, forman el diagnóstico de una ciudad que lleva demasiado tiempo funcionando sin una guía clara y consensuada. Y lo más grave no es que existan: es que llevan años denunciados, documentados, cuantificados en informes técnicos, y siguen sin estar integrados en una estrategia común que los aborde de una vez, con orden de prioridades y con fecha de cumplimiento. 

No hablamos de un debate técnico entre economistas. Hablamos de si dentro de diez años Ceuta tendrá jóvenes que se queden a trabajar aquí o que sigan marchándose porque no ven futuro ni vivienda ni empleo digno. De si nuestras pequeñas empresas podrán crecer o seguirán atrapadas en la supervivencia diaria, compitiendo en desventaja frente a un sector público sobredimensionado. De si seguiremos dependiendo, de forma casi colonial, de que Algeciras nos deje pasar un camión a tiempo, o si por fin exigimos tener voz en cada foro donde se decide sobre nosotros sin nosotros. De si Ceuta será una ciudad que decide su modelo económico —turístico, urbanístico, comercial, tecnológico, logístico, o todos a la vez, pero con orden— o una ciudad que se limita a encajar los golpes que le llegan desde fuera, uno detrás de otro, para siempre. 

La planificación estratégica no es la solución mágica a ninguno de estos problemas por separado. Es, simplemente, la única forma seria de dejar de resolverlos uno a uno, tarde, mal y siempre bajo presión. Es la diferencia entre una ciudad que reacciona y una ciudad que decide. Entre una ciudad que pide permiso para existir y una ciudad que exige el lugar que le corresponde. 

Ceuta ha demostrado, a través de su tejido empresarial, que sabe diagnosticar sus problemas con rigor y con cifras que nadie ha podido rebatir. Ahora necesita que esa misma seriedad se traduzca en un compromiso político real, sostenido más allá de una o dos legislaturas, y que toda la ciudad —instituciones, empresarios, sindicatos, universidad, sociedad civil— entienda de una vez que esto es la última oportunidad de construir, entre todos, el mapa que llevamos treinta años sin dibujar. 

Si no ponemos en marcha ya una planificación estratégica, con método, con valentía política y con la ciudad entera implicada, seguiremos apagando incendios. Y una ciudad que solo apaga incendios, tarde o temprano, deja de tener algo que merezca la pena salvar