CSIF ha reclamado al Gobierno que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 contemplen la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias de los empleados públicos, recortadas desde 2010, al considerar que se trata del último gran ajuste salarial pendiente de revertir.

El sindicato entiende que el inicio de la tramitación de las nuevas cuentas públicas supone una oportunidad para restablecer la estructura retributiva previa a los recortes aplicados hace 16 años. La organización sindical recuerda que esta misma semana el Congreso de los Diputados abordará el primer trámite parlamentario de los Presupuestos de 2027, con el debate sobre la senda de estabilidad, la deuda pública y el nuevo techo de gasto.

En este contexto, CSIF insta al Ejecutivo a consignar las partidas económicas necesarias para eliminar definitivamente una medida que, a su juicio, nació como excepcional y ha terminado consolidándose de forma permanente. Según el sindicato, el mantenimiento de este recorte supone una pérdida económica anual para los empleados públicos que ronda los 1.600 euros en el grupo A1, unos 1.020 euros en el A2 y alrededor de 500 euros en el C1, una situación que afecta a más de 3,1 millones de trabajadores de las distintas administraciones públicas.

CSIF sostiene que, tras la aprobación del techo de gasto por parte del Consejo de Ministros el pasado 7 de julio, existen las condiciones para corregir esta situación. Además de recuperar las pagas extraordinarias, la central sindical reclama que las cuentas de 2027 incluyan medidas para corregir desigualdades retributivas, financiar la carrera profesional, adaptar la clasificación profesional y reforzar la asistencia sanitaria de MUFACE.

El sindicato destaca que lleva dieciséis años defendiendo esta reivindicación mediante la negociación colectiva, movilizaciones y distintas iniciativas políticas y judiciales. Entre ellas figura la presentación en 2023 de una Iniciativa Legislativa Popular para recuperar las pagas extraordinarias, así como un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional después de que la Mesa del Congreso rechazara tramitar dicha propuesta.

En este sentido, CSIF confía en que el Tribunal Constitucional se pronuncie en los próximos meses sobre este recurso, admitido a trámite en diciembre de 2024 por su especial trascendencia constitucional. La organización considera que un fallo favorable reforzaría una reivindicación que también trasladó durante la negociación del último Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y de los servicios públicos.