El Partido Popular de Ceuta vuelve a situar el foco donde no está el problema: en los trabajadores. Bajo el pretexto de combatir un supuesto fraude en las bajas laborales, el PP construye un discurso que, lejos de aportar soluciones reales, alimenta una sospecha generalizada sobre quienes enferman y necesitan protección. 

Desde CCOO queremos ser claros: nadie niega que puedan existir casos puntuales de uso indebido del sistema. Pero convertir la excepción en categoría, insinuando que el absentismo responde a una práctica extendida de fraude, es una irresponsabilidad política y social. Es, además, profundamente injusto con la inmensa mayoría de trabajadores y trabajadoras que, como el propio PP reconoce, cumplen escrupulosamente con sus obligaciones.

El verdadero problema no es el fraude, sino las condiciones laborales. Jornadas prolongadas, ritmos de trabajo intensivos, falta de prevención de riesgos y precariedad estructural son factores que explican el aumento de las incapacidades temporales. Reducir esta realidad compleja a una cuestión de control y sospecha es una simplificación interesada que evita abordar las causas de fondo. 

El PP habla de cifras millonarias, pero omite deliberadamente el coste humano detrás de esas estadísticas. Cada baja laboral responde a una situación médica acreditada, evaluada por profesionales sanitarios. Cuestionar de forma sistemática estas decisiones supone erosionar la confianza en el sistema público de salud y en los mecanismos de protección social. Resulta especialmente preocupante que se utilice el argumento del fraude para justificar un mayor control sobre las personas trabajadoras. La propuesta de intensificar la vigilancia, incluso mediante detectives, no refuerza el sistema: lo deteriora. Genera un clima de desconfianza que afecta directamente a quienes realmente están enfermos y necesitan recuperarse sin presiones. 

Desde Comisiones Obreras defendemos otra vía. Si realmente se quiere reducir el absentismo, hay que actuar sobre sus causas: mejorar la prevención de riesgos laborales, reforzar la atención primaria y la salud laboral, reducir la temporalidad y la precariedad, y garantizar condiciones de trabajo dignas. Eso sí es eficaz. Eso sí protege a los trabajadores y también a las empresas. 

En cuanto a la interoperabilidad de datos o la reincorporación progresiva, son herramientas que ya existen o están en desarrollo en muchos ámbitos, pero siempre deben aplicarse bajo criterios médicos y con pleno respeto a los derechos laborales. No pueden convertirse en instrumentos de presión para acortar indebidamente los procesos de recuperación. 

El Partido Popular plantea un falso dilema entre proteger el sistema y confiar en los trabajadores. Para CCOO, no hay contradicción: el sistema se fortalece precisamente cuando protege a quienes lo necesitan sin criminalizarlos. 

Ceuta necesita un debate serio sobre el empleo y la salud laboral, no titulares que estigmatizan a la clase trabajadora. Combatir el fraude no puede ser la coartada para debilitar derechos ni para desviar la atención de los verdaderos problemas del mercado laboral. 

Porque cuando se cuestiona a quien está de baja, no se está defendiendo el sistema: se está poniendo en duda el derecho a la salud.