La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado la situación que, a su juicio, está generando el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) al convocar nuevas Ofertas Públicas de Empleo (OPE) sin haber resuelto previamente un concurso de traslados.

El sindicato considera que esta actuación perjudica a los profesionales sanitarios y vulnera su derecho a la movilidad laboral. La organización recuerda que el último concurso de traslados se celebró en 2022 y sostiene que, desde entonces, el INGESA ha acumulado tres procesos de oferta de empleo público, además de las convocatorias realizadas por otros servicios de salud autonómicos.

Según CSIF, esta situación impide que numerosos sanitarios originarios de Ceuta puedan regresar a la ciudad al no existir plazas disponibles para el traslado. CSIF asegura que este retraso administrativo mantiene a muchos profesionales destinados en otros territorios sin posibilidades reales de volver a Ceuta, al tiempo que critica que la Administración continúe ofertando nuevas plazas mediante oposición sin facilitar antes la movilidad del personal estatutario fijo.

El sindicato también pone el foco en los trabajadores que actualmente desempeñan su labor en Ceuta mediante comisiones de servicio. A su entender, la falta de un concurso de traslados provoca que estos profesionales dependan de la renovación periódica de dichas comisiones, lo que genera una situación de incertidumbre sobre su continuidad en el puesto.

En este sentido, CSIF afirma que esta circunstancia repercute tanto en la estabilidad laboral como en la conciliación familiar de los empleados afectados, al considerar que existe el riesgo de que las comisiones no sean prorrogadas y los trabajadores tengan que abandonar la ciudad de forma imprevista.

Por todo ello, la central sindical reclama al INGESA que suspenda la adjudicación de nuevas plazas derivadas de las OPE hasta que se convoque y resuelva un nuevo concurso de traslados. Asimismo, exige la reactivación de la Mesa Sectorial y una rectificación por parte de la Dirección del organismo para evitar, según denuncia, un agravio respecto a los profesionales sanitarios del resto de comunidades autónomas.