El PSOE de Ceuta ha cuestionado este jueves las explicaciones ofrecidas por la consejera de Cultura, Pilar Orozco, y por el asesor de Festejos, Eduardo Ayala, sobre los contratos señalados por la formación. Los socialistas sostienen que la comparecencia no despejó las dudas planteadas y que, lejos de aclarar los hechos documentados, dejó nuevas contradicciones sobre la relación de la Consejería con tres empresas vinculadas entre sí.

Según el PSOE, las explicaciones de Orozco y Ayala resultan “insuficientes, inexactas, irresponsables y, en muchos casos, falsas y contradictorias”. La formación afirma que los responsables de Cultura no han desmentido que las tres sociedades compartieran administrador y domicilio social en Utrera, datos que —asegura— constan en la documentación mercantil y administrativa.

Contradicciones en la versión de Ayala

Los socialistas centran buena parte de sus críticas en la versión ofrecida por Eduardo Ayala. Recuerdan que tanto él como la consejera defendieron que desconocían la relación existente entre las empresas, pero subrayan que el propio asesor reconoció ante los medios que era él quien solicitaba personalmente los presupuestos.

Para el PSOE, esa afirmación resulta difícil de conciliar con la tesis de que se desconocían las empresas con las que se relacionaba la Consejería y los datos identificativos que figuraban en los expedientes. “No nos pueden tomar por tontos a los ceutíes”, resumen desde la formación.

La formación recuerda, además, que la Junta Consultiva de Contratación del Estado advierte de que, cuando concurren empresas del mismo grupo o bajo control común, la concurrencia puede considerarse simulada y la adjudicación podría ser nula de pleno derecho.

Cuestiones pendientes de explicación

El PSOE sostiene que la comparecencia dejó sin respuesta varias de las cuestiones que considera esenciales para aclarar la tramitación de los expedientes:

• Informes con normativa derogada. Los informes jurídicos citados por los comparecientes, y que obran en poder del PSOE, recurren al artículo 118.3 de la LCSP, derogado desde 2020, para justificar que no existe fraccionamiento de contratos.

• Documentos fechados después de incorporarse al expediente. La formación señala facturas fechadas el 19 de febrero que habrían sido subidas a la plataforma el 21 de enero, un mes antes de la fecha que figura en el propio documento.

• Facturas ausentes en los expedientes. El PSOE afirma que no constan ni las facturas de la prestación ni las del pago, y que la declaración de ejecución remite a los códigos de los presupuestos —donde figura Ayala— y no a los de ninguna factura.

• Cláusulas de exclusividad artística. De los 42 contratos analizados, según el PSOE, solo 16 serían de exclusividad artística. La formación sostiene que en varios casos se invocan simultáneamente el contrato menor y el procedimiento negociado sin publicidad por exclusividad artística, dos vías que considera incompatibles. También cita el expediente 1160/2026, relativo a una corona, bandas bordadas y un servicio de azafatas, como ejemplo de una exclusividad que, a su juicio, no estaría justificada.

“Frente a esta batería de hechos documentados —NIF, domicilios sociales y administradores inscritos en el Registro Mercantil, expedientes administrativos, importes sistemáticamente por debajo del umbral legal y fechas incompatibles en la tramitación electrónica—, la Consejería no ha desmentido ni un solo dato concreto”, denuncia el PSOE.

La formación rechaza, además, que sus críticas se dirijan contra los funcionarios de la Ciudad. “En ningún momento hemos puesto en cuestión la profesionalidad, la independencia o la actuación de los empleados públicos”, subraya. Según el PSOE, las responsabilidades políticas, si las hubiera, corresponderían a quienes deciden con qué empresas contratar, qué procedimiento utilizar y qué propuestas elevar para su adjudicación.

Por todo ello, el PSOE exige la comparecencia de la consejera de Cultura ante el Pleno de la Asamblea, petición para la que asegura contar ya con el respaldo de Ceuta Ya! y MDyC. La formación anuncia también que trasladará las irregularidades detectadas a los órganos competentes de control y, en su caso, a la Fiscalía, al Tribunal de Cuentas y a la autoridad competente en materia de defensa de la competencia, para que determinen si los hechos pudieran derivar en algún tipo de responsabilidad.