El Partido Popular y Vox han alcanzado este jueves un acuerdo para la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. El pacto contempla la entrada de la formación de Santiago Abascal en el Ejecutivo autonómico mediante una vicepresidencia con competencias en Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

El entendimiento entre ambas formaciones se ha cerrado pocas horas antes del segundo pleno de investidura, después de varios días de negociación. Con este acuerdo, Moreno suma los apoyos necesarios de Vox y evita una nueva votación fallida en el Parlamento andaluz.

Manuel Gavira asumirá la vicepresidencia de la Junta

El líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, ocupará la vicepresidencia del nuevo Gobierno autonómico y asumirá una consejería que integrará Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Además, el área tendrá competencias vinculadas a inmigración y despoblación, aunque el diseño del organigrama no replica exactamente los modelos aplicados en otras comunidades como Aragón o Extremadura.

Las doce consejerías restantes y los nombres de sus titulares se anunciarán en los próximos días, según ha avanzado Moreno tras la formalización del pacto. El acuerdo abre una nueva etapa política en Andalucía y consolida la colaboración entre PP y Vox en el ámbito autonómico.

Las claves del pacto entre PP y Vox en Andalucía

El acuerdo programático incluye más de 150 medidas centradas en fiscalidad, inmigración, energía, industria, empleo, familia, cultura, turismo, vivienda, movilidad, educación, justicia, sanidad, sector primario, reducción del gasto superfluo y revisión de normas ideológicas. Fuentes de ambas formaciones destacan que la negociación ha requerido trabajo, paciencia y voluntad de entendimiento hasta alcanzar un texto común.

Medidas principales del acuerdo de gobierno

1. Acuerdo presupuestario para toda la legislatura, con el objetivo de que las cuentas entren en vigor el 1 de enero de cada año y se avance en la reducción de la presión fiscal y de las cargas administrativas.
2. Rechazo a la política migratoria del Gobierno central y compromiso de reforzar los mecanismos de control, incluida la dotación presupuestaria para pruebas de edad cuando proceda.
3. Aplicación del principio de prioridad nacional en el acceso a determinadas ayudas públicas, según los términos recogidos en el acuerdo.
4. Creación de un servicio de verificación del fraude prestacional, del padrón y de la residencia efectiva, así como medidas para combatir el fraude y la ocupación ilegal.
5. Impulso de políticas de apoyo a la familia y aprobación de una ley específica, junto con un plan integral de apoyo a la mujer embarazada.
6. Construcción de al menos 20.000 viviendas protegidas durante la legislatura para ampliar la oferta residencial asequible en Andalucía.