La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) exige la inmediata dimisión de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el cese del director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, tras confirmarse que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz les citará como investigados en la causa que instruye sobre la trama vinculada a Leire Díez.

La gravedad de este paso queda subrayada por un hecho determinante: la petición de imputación no procede únicamente de las acusaciones populares, sino también de la Fiscalía Anticorrupción, que este mismo miércoles presentó su propio escrito solicitando la citación como investigados de ambos responsables. Cuando el Ministerio Fiscal considera que existen indicios suficientes contra la cúpula de la Guardia Civil, ya no cabe hablar de estrategia política alguna.

La instrucción examina, entre otros hechos, las reuniones mantenidas entre la directora general y Leire Díez, en una de las cuales se habría solicitado la rehabilitación de un comandante investigado en el caso Koldo, así como las instrucciones trasladadas a mandos de la UCO para que se mantuvieran de perfil y evitaran ser proactivos en investigaciones con afectación política.

AUGC recuerda que denunció estas maniobras contra la UCO ya en junio de 2025, acudiendo a los tribunales cuando otros callaban. Un año después, la instrucción judicial alcanza a quienes dirigen el Cuerpo.

La situación es insostenible. Cualquier guardia civil investigado por hechos vinculados al servicio sufre consecuencias inmediatas en su carrera profesional. No cabe un doble rasero para la cúpula. La permanencia en el cargo de la directora general y del DAO, investigados por presuntas interferencias en el trabajo de sus propios agentes, es incompatible con el ejercicio del mando y daña gravemente la imagen de la Institución y la confianza de sus integrantes.

Por ello, AUGC exige la dimisión de la directora del Cuerpo y al ministro del Interior el cese inmediato del DAO, como responsables de la mala imagen para la Guardia Civil ante la gravedad de los hechos que se están investigando. De no producirse, AUGC valorará todas las acciones legales a su alcance en defensa de la Guardia Civil y de quienes la integran.