El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes, impulsado por el Gobierno de España, ha cerrado el plazo de presentación con 1.174.968 solicitudes, 452 de ellas en la Ciudad Autónoma de Ceuta, una cifra que multiplica por más de dos las estimaciones iniciales del Ejecutivo, que calculaba unos 500.000 posibles beneficiarios.

Los datos, dados a conocer este jueves por el Ministerio de Inclusión, reflejan la mayor regularización administrativa llevada a cabo en España en las últimas décadas. Del total de solicitudes registradas,608.000 ya han sido admitidas a trámite, una situación que permite a esas personas obtener una autorización provisional para residir y trabajar en cualquier punto del país mientras la Administración resuelve definitivamente su expediente.

El procedimiento, abierto entre el 16 de abril y el 30 de junio, estaba dirigido a personas extranjeras que ya residían en España antes del 1 de enero de 2026 y que cumplían los requisitos establecidos por el Real Decreto aprobado por el Gobierno.

Cataluña, la comunidad con mayor número de solicitudes; y Colombia, el país de donde provienen los mayores beneficiarios

Las comunidades autónomas que concentran un mayor número de solicitudes son Cataluña, Madrid, la Comunidad Valenciana y Andalucía, mientras que por nacionalidades predominan las personas procedentes de Colombia, seguidas por Marruecos, Venezuela y Perú. La mayoría de los solicitantes ya desarrollaban su actividad laboral en la economía informal y, con este proceso, podrán incorporarse plenamente al mercado laboral y cotizar a la Seguridad Social.

El Gobierno considera que la elevada participación confirma la necesidad de una medida que busca aflorar empleo, reforzar la recaudación y responder a la demanda de trabajadores en numerosos sectores económicos. De hecho, el Ejecutivo ya vincula parte del incremento del empleo extranjero registrado en junio con el inicio de este proceso de regularización.

Mientras el Ejecutivo defiende su impacto económico y social, la oposición sigue rechazando el decreto. El PP lo considera como una medida "inhumana, injusta e insostenible" y continúa, al igual que VOX, impulsando una ofensiva política y judicial contra su aplicación por entender que favorece un "efecto llamada" y que es "sumamente lesiva" para el país.