La respuesta del Gobierno a las preguntas formuladas por el Partido Popular en el Senado evidencia la ausencia de un plan específico para corregir los problemas que arrastra la Justicia en Ceuta. Mientras el Ejecutivo presenta como histórico el refuerzo de la Administración de Justicia en España, el Ministerio confirma que la ciudad autonóma no recibirá nuevas plazas judiciales en el reparto inicial y tampoco compromete medidas concretas para atender las deficiencias señaladas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Las preguntas registradas por el PP parten de la Memoria del TSJA correspondiente a 2025, que advierte de una elevada litigiosidad, retrasos relevantes en la resolución de procedimientos, desequilibrios entre órganos judiciales y carencias en la planificación de las infraestructuras judiciales de la ciudad. Pese a ese diagnóstico, la contestación del Ministerio no incorpora soluciones precisas para ninguno de esos problemas.

La conclusión principal es contundente: Ceuta queda fuera del reparto inicial de las 500 nuevas plazas judiciales anunciadas por el Gobierno para el conjunto del país. El Ministerio se limita a señalar que, en función de las necesidades, podría destinarse algún juez de adscripción territorial. No hay, por tanto, una plaza nueva garantizada, ni un compromiso firme, ni una planificación específica para reforzar la Administración de Justicia en la ciudad.

La decisión resulta especialmente llamativa porque el propio Gobierno admite la elevada carga de trabajo existente y porque el TSJA lleva años alertando de problemas de funcionamiento en los órganos judiciales con sede en Ceuta.

Uno de los datos más graves recogidos por la Memoria es la pendencia de 43 meses en la jurisdicción civil de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial con sede en Ceuta. La respuesta del Ministerio tampoco incluye medidas para reducir ese plazo, que afecta de forma directa a ciudadanos, empresas y profesionales.

En lugar de anunciar más jueces, más funcionarios, refuerzos organizativos o un calendario de actuación, el Ejecutivo atribuye la situación al aumento del número de asuntos. También resta peso al señalar que lo relevante es el tiempo de respuesta, pese a que ese tiempo alcanza ya los 43 meses, una cifra incompatible con una Justicia ágil y eficaz, señala el PP.

La contestación incurre además en una contradicción difícil de obviar: sostiene que durante 2025 se resolvieron más asuntos de los que ingresaron, pero al mismo tiempo aporta una tasa de resolución del 0,56. El dato, lejos de despejar dudas, refuerza la impresión de que los órganos judiciales siguen teniendo serias dificultades para absorber la carga de trabajo.

Otra cuestión que queda sin respuesta es la relativa al edificio del antiguo Banco de España. El PP preguntó por qué, tras una inversión pública relevante, las obras no han servido para acabar con la dispersión de las sedes judiciales y por qué el propio TSJA habla de una planificación incorrecta.

El Ministerio no ofrece explicación sobre esa planificación, no reconoce errores y tampoco anuncia actuaciones para corregir una situación que sigue dificultando el funcionamiento ordinario de la Administración de Justicia en Ceuta.

El Ejecutivo descarta igualmente cualquier refuerzo para la Sección Sexta de la Audiencia Provincial y sostiene que no existe previsión de incrementar los medios personales ni materiales, pese a los problemas reflejados por el TSJA.

Especialmente significativo es que el Ministerio justifique su falta de actuación alegando que ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía solicitaron nuevas plazas o medidas de refuerzo. Para el Partido Popular, esa explicación supone trasladar la responsabilidad a otras instituciones cuando las competencias sobre los medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia en Ceuta corresponden al propio Ministerio.

La respuesta parlamentaria tampoco aclara si el Gobierno revisará la planta judicial para adaptarla a la carga real de trabajo, ni concreta cómo afrontará la falta de personal en las oficinas judiciales y fiscales. Tampoco detalla qué recursos adicionales acompañarán la implantación del sistema Atenea, más allá de referencias genéricas a procesos de modernización, futuras mejoras y asistencia técnica.

Para el PP de Ceuta, la contestación del Gobierno confirma un patrón repetido: anuncios de alcance general, declaraciones de intención y ausencia de decisiones concretas cuando se trata de atender las necesidades reales de la ciudad. Según la formación, esa falta de respuesta afecta a ámbitos como las infraestructuras, la sanidad, la educación y, ahora, también la Administración de Justicia.

El partido sostiene que cada respuesta del Ejecutivo confirma una falta de recursos, planificación y compromisos para resolver los problemas de los ciudadanos. A su juicio, esa diferencia de prioridades explica que Ceuta siga esperando soluciones mientras los retrasos judiciales continúan acumulándose.

Desde el Partido Popular de Ceuta aseguran que seguirán exigiendo al Gobierno que ejerza las competencias que le corresponden y que deje de ampararse en reformas generales para afrontar los problemas concretos de la ciudad. “Los ciudadanos tienen derecho a una Justicia que funcione, con medios suficientes y capaz de responder en plazos razonables”, subrayan.

La conclusión que deja la respuesta parlamentaria, según el PP, es que el Gobierno no solo evita ofrecer soluciones, sino que, tras las advertencias del TSJA y las preguntas registradas en el Senado, opta por no adoptar medidas concretas para corregir las deficiencias detectadas en la Justicia ceutí.